Las elecciones de autoridades en las universidades autónomas

El análisis de la grave situación que se cierne sobre las Universidades Autónomas como consecuencia de la sentencia 0324 de la Sala Constitucional de TSJ, requiere que aquellos que están conscientes de su gravedad y de la necesidad de atenderla, opten por continuar la reflexión sobre el tema con seriedad y premura, y planteen alternativas electorales y salidas de estudios que llevan más de año y medio, y que de no atenderse con propiedad y urgencia, pueden conducir al colapso de las instituciones de educación superior democráticas, alternativas y representativas que conocemos, y surja un fenómeno que las distorsione en su esencia al perder la misión académica que éstas instituciones tienen en la sociedad.

El Consejo Universitario debe entender que un elevado porcentaje de los miembros de la comunidad universitaria desea que haya elecciones de acuerdo con normas de la propia universidad. Este organismo debe responder a este clamor y a esta responsabilidad.

Entender a la Universidad como una institución específica que con funciones muy particulares se inserta en la superestructura nacional, e incide en la reproducción de un determinado modo de producción y del sistema de relaciones que a partir de éste se establecen, es vital para el momento que vive la institución universitaria.

En el análisis de su trayectoria histórica, conocemos de su origen, su consolidación, su transformación y adaptación en diferentes momentos, pero hemos conocido y vivido sus crisis pero no su disolución por el sacrificio y la participación decidida de gobierno y comunidad universitarias. Es posible que se exagere al hablar de su disolución, quizás estemos presenciando la transformación del modelo conocido hasta ahora. Pero al escuchar al bisoño Ministro de Educación Universitaria, apreciamos lo que puede sentir un pasajero que constate que se ha montado en un autobús, desde Apartaderos vía Mérida, con el chofer en estado de ebriedad y el vehículo sin frenos.

Es indudable que nos enfrentamos al problema del poder, del control del  orden social en que está inmersa la Universidad y el papel político-ideológico que ésta juega en la sociedad en favor de la libertad y la dignidad.

Sabemos que el discurso ideológico del oficialismo es contrario a los protagonistas centrales, Profesores y Estudiantes, quienes expresan diversos aspectos de la vida universitaria y están conscientes que se ha operado un cambio drástico en la forma de dar clases, modos de estudios, profesiones emergentes, condiciones de vida y trabajo en la carrera de profesores e investigadores, pugnas entre quienes contienden por el poder en el saber, burocratización de las prácticas institucionales y la forma de presentación de los saberes científicos.

Desde hace años venimos predicando sobre la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias que el mundo moderno le reclama a la Universidad. Nuestra predica ha sido en el desierto, no hemos tenido la capacidad de entusiasmar a la mayoría de los universitarios, ni sensibilizar a sus directivos. Por su parte, quienes inicialmente, por mandato democrático, fueron electos para un período de cuatro años, siguen con el control del gobierno universitario, y han priorizado su permanencia en sus cargos sobre la gobernanza y los principios jurídicos y políticos de la institución nacidos de la Reforma de Córdoba. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia son acatadas o rechazadas a conveniencia de los dirigentes de la Universidad; ya que el mismo organismo es reconocido o declarado incompetente o ilegal, según la sentencia que emita. La inconsistencia es la principal característica de la alta dirigencia universitaria.

Lo indiscutible es que los Estado totalitarios asumen para si todos los aspectos que atañen a la vida social e individual. Se niega toda autonomía al saber, así como se debilita todo residuo de la actividad espiritual que sea susceptible de transformarse en crítica. 

En nuestro país, el Estado totalitario, haciendo caso omiso a la decisión del pueblo venezolano en referendo consultivo apegado a su Constitución, ha tratado y ha logrado por vía judicial y legislativa, imponer decisiones ilegales hasta el punto de promulgar una Ley Orgánica de Educación (LOE) que dicta normas contrarias a esa Constitución y, específicamente impone una nueva comunidad universitaria, con fines perversos. Y para que no queden dudas sobre su vocación totalitaria, emite sentencias contrarias a su propia jurisprudencia, al decidir en contra de su Sentencia 898 del 13 de mayo de 2002, donde taxativamente declara que el voto en la universidad es un voto académico y no político, como lo introduce la LOE.

Con base en la LOE, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 0324, de fecha 27 de agosto de 2019, donde además de establecer el voto uno a uno de quienes enseñan, investigan, cumplen funciones de servicios y son egresados de la universidad; señala lapsos, formas de computar votos, establece sectores, condiciones para declarar ganador, sin reparar en el artículo 109 constitucional, que señala que tales atribuciones le son dadas única y exclusivamente a la Universidad, sin que otro poder público pueda interferir en ese mandato de nuestra Carta Magna.

Enfrentamos así a una situación sin  precedentes en la historia de la Universidad en el mundo; pero además, esa se no obedece a ningún estudio previo sobre las consecuencias académicas qua la misma pueda tener sobre la institución universitaria, tampoco respondes a estudios comparados con experiencias en otros países, pues no existen.

Hemos analizado la sentencia y algunas opiniones importantes y observamos que la misma no resiste argumentos legales ni académicos, que solo responde a artimañas políticas. De tal manera que las alternativas ante semejante sentencia son: a) aceptarla en todo su contenido, lo que significaría una vergüenza para quienes defendemos la autonomía universitaria y una intervención directa del oficialismo en los asuntos internos de la universidad; b) no aceptarla, permitiría al oficialismo tomar cualquier medida en contra de la universidad, con consecuencias nefastas para estas Casas de Estudio; c) no aceptarla, pero presentar una alternativa de elección, a mi modo de ver es la más recomendable, pues son los universitarios quienes decidirían su propio destino, en correspondencia con el artículo 109 constitucional.

Esta última alternativa ha sido analizada por meses por los diferentes dirigentes gremiales que hacen vida en la institución, a tal punto que consideran inaplicable el uno por uno, y en su defecto proponen la proporcionalidad como respuesta política a un hecho político. Diferentes proporciones se proponen, entre ellas: 45% Profesores, 20% Estudiantes, 15% Administrativos; 15% Obreros y 5% Egresados. 

Recientemente, en reunión con la mayoría de los dirigentes gremiales universitarios, se acordó una nueva proporcionalidad, aceptada por ellos, sería: 50% Profesores, 20% Estudiantes, 14 % Administrativos; 14% Obreros y 2% Egresados.

En las declaraciones del Ministro, deja entrever que la proporcionalidad es una alternativa que estaría el oficialismo dispuesto a considerar.

En mi caso,  he notado que si bien es cierto que hay experiencias en diversas partes del mundo, donde participan todos los que hacen vida en la universidad, no existe ningún caso en donde esa proporcionalidad otorgue a los profesores un porcentaje menor al 50%. Pero como se trata de una proporcionalidad ligada al quehacer universitario, y es en el profesorado donde recae la mayor responsabilidad al respecto, considero que a los profesores debe asignárseles, como mínimo, un 60%, tal y como lo está proponiendo un sector importante de la UCV.

La grave situación que enfrentamos no nos permite ser indiferentes, y menos claudicantes. Son varios años pensando en el quehacer universitario; de hecho, ante una sentencia injerencista e ilegal de la Sala Constitucional del TSJ, debe haber una propuesta de la Universidad Autónoma y Democrática. Lo que no podemos ni debemos hacer, es esperar que cambie el gobierno para que se dé un proceso eleccionario en la universidad, ya son varios periodos cumplidos sin elecciones y la institución universitaria debe ser ejemplo ante un país que reclama democracia y legitimidad de origen de sus instituciones.

*Dr. David Díaz Miranda

MSc, PhD.

Profesor Titular Jubilado 

Presidente de la Seccional de Profesores Jubilados

de la Universidad de Los Andes.

Mérida, 25 de enero de 2020