La enorme incertidumbre que ha marcado los tiempos posteriores a la elección presidencial del 28 de julio, es una más de las claras señales del agudo debilitamiento de las instituciones en Venezuela. Un debilitamiento que se hace evidente en el ejercicio de una legislación, ejecución y control acomodaticio y, sin contrapeso, de los derechos y deberes del Estado y del ciudadano.
Este contexto incierto, signado a lo interno por el conflicto político, protestas, movilización social, represión, censura y menor respeto a los derechos humanos de gran parte de la ciudadanía; y a lo externo por llamados al respeto de las libertades políticas y a la transparencia por parte de los actores involucrados, sin duda incidirá de forma significativa en el devenir económico de corto plazo.
Tal y como lo señala recientemente el economista, Asdrúbal Oliveros en uno de los editoriales de su organización asesora, posición con la cual estamos de acuerdo. La persistencia del conflicto político hace difícil tener una idea clara de hacia dónde irá lo económico en Venezuela en los próximos meses.
El conflicto presente en el país dará como resultado una actividad económica menos dinámica.
Al menos este tercer trimestre del año 2024, en cuanto a lo económico, estará determinado, en primer lugar, por un menor dinamismo de la actividad comercial. Esto como consecuencia de una movilidad reducida propia de conflictos sociales, protestas, movilización social y la represión. Lo anterior se traducirá en consumidores y empresas más cautas propensos a un menor consumo, menos inversión, menos exportaciones e importaciones.
Un segundo elemento tiene que ver con la postura que asuma Estados Unidos frente al conflicto político venezolano y la forma en la que se está abordando el mismo. La no resolución pronta, transparente e institucionalmente sólida del conflicto daría lugar a la revisión por parte del gobierno estadounidense de la política de sanciones hacia empresas, entes y actores relevantes del quehacer económico nacional. Tal revisión, como en tiempos atrás, se convertiría en un riesgo de menor disponibilidad de divisas que, entre otras cosas, daría al traste con el mecanismo de contención de precios internos que a través del ancla cambiaria ha venido practicando la autoridad monetaria nacional en acuerdo con el Poder Ejecutivo, así como, una menor disponibilidad de fondos para políticas de alivio de la pobreza ejecutadas por el gobierno. Adicional a estos costos asociados con la gestión pública, la revisión de la política de sanciones también puede traer costos aún más elevados al sector privado, vinculados a restricciones o mayor carga financiera asociadas al crédito procedente del sistema financiero internacional o de proveedores externos.
A los elementos hasta ahora tratados vamos a añadir dos más cuya naturaleza es subjetiva. El primero tiene que ver con la mengua de la confianza de los actores económicos internos y externos respecto a las políticas públicas formuladas por los órganos del Poder Nacional. Lo anterior se entiende como una crisis de gobernabilidad. En ésta, como consecuencia de la cuestionada credibilidad de las instituciones involucradas en el conflicto político, los actores económicos internos pueden llegar a creer muy poco, por ejemplo, en políticas antinflacionarias, lo que incidiría a favor de expectativas devaluacionistas. O, también podría hacer poco confiable las promesas de pago de la República ante los acreedores internacionales, con lo cual el país quedaría aún más excluido del sistema financiero internacional, o elevaría el eventual costo de una reestructuración de la deuda.
El otro elemento tiene que ver con las emociones o el estado de ánimo de los actores económicos. Los empresarios, trabajadores, inversionistas, en fin, todos los actores económicos son seres humanos, y como tales, verán afectadas sus decisiones por la incertidumbre propia del conflicto político y la forma como este se ha abordado. Tal estado anímico se traduce en mayores motivaciones para la diáspora, para diferir consumo o inversión, así como para otras decisiones importantes, que darán lugar al menor dinamismo económico.
Todos estos elementos suman a favor de un contexto nacional marcado por la incertidumbre. Un contexto que abona el terreno para una ralentización de la economía. Situación que atenta en contra de la frágil recuperación de la actividad económica venezolana de meses recientes.
Esperemos que la sensatez, el buen institucionalismo y el respeto a los derechos políticos sean los rasgos que caractericen a la manera como se resuelva el conflicto político actual en Venezuela, pues de lo contrario, lo económico se resentirá.
Econ. Albio Márquez
Director del IIES-ULA
11-08-2024
