La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) pidió este lunes una medida humanitaria para los tres defensores de derechos humanos de la ONG Fundaredes detenidos desde hace más de tres meses acusados de «terrorismo» e «incitación al odio», y actualmente contagiados con covid-19.
«Solicitamos que se considere el otorgamiento de una medida humanitaria por razones de salud a Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García», indicó en un comunicado la comisión de la CEV.
Asimismo, pidió «información fidedigna» sobre las condiciones en las que se encuentran los activistas, quienes están contagiados con covid-19, según informó la semana pasada su equipo de defensa.
La CEV aseguró que ha «recibido información» por parte de los familiares que indica que los detenidos se «encontrarían en condiciones inadecuadas de detención», y por ello alertó que «en el actual contexto de pandemia, esta situación» los «pondría en mayor riesgo».
En ese sentido, denunció que a los familiares de los hermanos Tarazona y Omar García «se les ha negado información sobre su estado de salud».
Asimismo, expresó su preocupación por la forma en que fueron detenidos los activistas, pues no había una orden judicial y se realizó en el momento en el que se encontraban en una sede del Ministerio Público denunciando la supuesta relación de funcionarios del Estado con grupos guerrilleros.
A la comisión le preocupa que se estén deteniendo a defensores de derechos humanos por hacer denuncias y ante ello pidió respeto hacia su labor.
Detención de los tres activistas de Fundaredes
Según informó la Fiscalía venezolana en julio, los tres activistas fueron detenidos por supuestamente hacer «difamaciones» tras presentar la denuncia de la relación entre funcionarios del Estado con grupos guerrilleros colombianos como el ELN o la extinta FARC.
El fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, los acusó de recibir instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.
Según Saab, con estas agresiones se buscaba una «intervención militar extranjera».
Antes de su detención, Javier Tarazona había informado que estaba siendo objeto de «persecución».
El activista aseguraba que estaba siendo perseguido, después de que se convirtiera en las principales fuentes que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto ocurrido en marzo entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LACONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA ANTE LA DETENCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
“Los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad1”
Como es del conocimiento público, los defensores de derechos humanos Javier Tarazona,
José Rafael Tarazona y Omar De Dios García, se encuentran detenidos desde el mes de julio pasado en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Han sido aprehendidos en el ejercicio de las labores de denuncia y promoción de derechos humanos como activistas en temas que resultan de particular sensibilidad.
La detención se produce precisamente en la sede del Ministerio Público cuando Javier Tarazona se encontraba denunciando actos de seguimiento y amedrentamiento por parte del mismo cuerpo de seguridad del Estado que practicó estas detenciones.
Al respecto, resulta preocupante en sumo grado la realización de las detenciones, porque la aprehensión de ciudadanos fue:
1. Realizada sin orden judicial.
2. Fueron detenidas personas que se encontraban en la institución garante
del respeto de sus derechos humanos.
3. Fueron detenidos por parte de funcionarios del mismo cuerpo de
seguridad del Estado que estaban siendo denunciados.
4. Las detenciones se han practicado en contra de activistas que defienden
derechos humanos y realizan acciones de denuncia.
Los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos garantizan el debido
proceso de las personas detenidas. En particular, el deber de informar inmediatamente
a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones
de la detención. De igual forma, se debe asegurar una defensa adecuada que permita
que las personas acusadas tengan contacto regular con su representante legal y se
involucren en la preparación de sus respectivas audiencias.
Corte I.D.H, Caso Nogueira de Carvalho y otros. Sentencia del 28 de noviembre de 2006, Serie C N°161, par 77
Hemos recibido información de los familiares que indica que las personas privadas de su
libertad se encontrarían en condiciones inadecuadas de detención. En el actual contexto
de pandemia, esta situación pondría en mayor riesgo a las personas privadas de libertad.
Igualmente hemos recibido la información de que los señores Javier Tarazona, José Rafael
Tarazona y Omar De Dios García se han contagiado de COVID-19; han sido trasladados
a un centro de atención médica, que los familiares desconocen con exactitud y se les ha
negado información sobre su estado de salud.
Por estas razones:
• Exigimos el respeto al trabajo de los defensores de los derechos humanos en el territorio nacional.
• Exigimos información fidedigna y oportuna de las condiciones de salud y jurídicas de los defensores de derechos humanos aprehendidos.
• Solicitamos se considere el otorgamiento de una medida humanitaria por razones de salud a Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García.
Que nuestro Señor Jesucristo, justo juez y defensor de las almas tenga misericordia de
estos hermanos.
A los 18 días del mes de octubre de 2021.
+ Mons. Roberto Lückert León
Presidente
Comisión de Justicia y Paz
