(Mérida, 16/11/2020).- La semana pasada el régimen de facto, a través del Ministerio de Educación Universitaria que responde a sus intereses, entregó tabletas electrónicas a profesores de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida. La entrega de los dispositivos constituyó un acto de proselitismo político y la adjudicación de los mismos fue discriminatoria, ya que dejó por fuera a los docentes con dedicación a tiempo convencional.
Los referidos equipos fueron entregados en Núcleos y Facultades en actos presididos por el rector de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez (UPTM), Ángel Antúnez; el rector de la ULA no fue convocado. No obstante, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) hace énfasis en que esta entrega no es suficiente para garantizar la educación a distancia durante la cuarentena ni exime la violación a las condiciones mínimas del derecho al trabajo de los docentes, establecidas en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Venezuela forma parte.
Las personas tienen derecho “a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo”, así como “a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”, establece la mencionada Declaración. En Venezuela, los profesores universitarios, y todos los trabajadores de la administración pública en general, no gozan de estos derechos. El salario mensual máximo al que puede aspirar un docente universitario en Venezuela es, a la fecha, inferior a 7 dólares.
Igualmente, el régimen de facto viola el derecho económico de toda persona a “un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie”, consagrado en el citado Pacto Internacional.
Educación en casa no depende solo de una tableta
Las tabletas entregadas incluían una carta de agradecimiento a los profesores universitarios, de parte de Nicolás Maduro y del Ministerio de Educación Universitaria, donde se señala “el desarrollo exitoso del Plan Universidad en Casa”. Este observatorio ha denunciado en reiteradas ocasiones la inexistencia de condiciones mínimas para poder ejecutar dicho plan anunciado por el régimen de facto a comienzos de la cuarentena nacional por la pandemia de la COVID-19.
Los estudiantes universitarios no han sido dotados de equipos que les permitan cursar estudios a distancia; ni siquiera han recibido el pago de sus becas estudiantiles desde abril de 2019. Así mismo, el pésimo funcionamiento de los servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones, indispensables para la educación en línea, perjudica el eficaz desarrollo de cursos virtuales.
“No contamos con la tecnología y herramientas adecuadas para la adecuación de las carreras, además de las paupérrimas condiciones salariales de los profesores y personal ATO, la asfixia presupuestaria y el secuestro de nuestras reivindicaciones estudiantiles”, tuiteó el pasado 14 de noviembre Joel Zerpa, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la ULA (FCU-ULA), a propósito de las declaraciones del ministro César Trompiz, quien señalaba el día anterior que gracias a la entrega de las referidas tabletas la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la ULA reiniciaría actividades virtuales ofertando 88 materias.
El ODH-ULA denuncia, una vez más, que la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país, causada por las malas políticas ejecutadas por el régimen de facto, impide el cabal cumplimiento del derecho a la educación. Con un salario docente que impide costear las necesidades básicas y sin servicios públicos que funcionen adecuadamente es inviable cualquier plan de estudios universitarios virtuales en Venezuela. Prensa ODH-ULA.