La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó que desde el pasado 8 de enero, cuando el oficialismo anunció «un gran número» de excarcelaciones, han logrado verificar la liberación bajo medidas cautelares de 116 personas detenidas por motivos políticos en el país, aunque señaló que «responden a una selección discrecional».
Este viernes se conocieron las liberaciones bajo cautelares de al menos ocho personas, entre ellos tres ciudadanos alemanes, tres neerlandeses, el panameño Olmedo Javier Núñez, el checo Jan Darmovzal y las venezolanas Génesis Pabón y Rocío Rodríguez.
El número de excarcelaciones coincide con lo anunciado por el Ministerio de Servicio Penitenciario el pasado 12 de enero. Sin embargo, Delcy Rodríguez anunció dos días después que este tipo de medidas alcanzaba a 406 personas, tras sumar los procesos de excarcelación de diciembre pasado.
«Estas excarcelaciones responden a una selección discrecional, centrada principalmente en personas detenidas en el contexto electoral del año 2024, dejando fuera a otros grupos de detenidos, incluidos aquellos que enfrentan condenas de varios años previos a este proceso», señaló Justicia, Encuentro y Perdón en un balance publicado en redes sociales.
La organización reconoció el proceso e indicó que representa un «alivio concreto» para los detenidos y sus familias, aunque estas personas salen «bajo medidas judiciales restrictivas», cuestión que condiciona su libertad.
Asimismo, señalaron que la «ejecución escalonada, sin cronogramas públicos ni criterios explícitos» de estas excarcelaciones solo «reforzó la incertidumbre y dificultó la verificación inmediata e independiente del proceso».
Rodríguez ha dicho que el proceso «no ha culminado aún», y explicó que están siendo «valorados los delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia».
Sobre esto, la ONG subrayó la necesidad de «avanzar hacia procesos más transparentes, predecibles y verificables, con información completa, criterios públicos claros y una comunicación institucional coherente».
También instaron a las autoridades a incluir entre los beneficiarios a grupos especialmente vulnerables como mujeres, adolescentes, personas con enfermedades graves, adultos mayores, personas neurodivergentes, con sentencia cumplida o que reúnan los requisitos para fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.
17-01-2026
