Un grupo de organizaciones merideñas entregó una petición de información a la Fiscalía número 23 que tiene competencia en materia ambiental y también a Inparques, sobre la investigación penal por acciones de Venezolana de Teleféricos (Ventel C.A) en el Parque Nacional Sierra Nevada.

Las organizaciones que asistieron a la entrega fueron Kilómetro inteligente, ODH-ULA, Cátedra de la Paz, organizaciones de impacto ambiental, fundación Kioto, todas acompañadas por la Coalición Anticorrupción Mérida.

Así lo informó coordinadora de Transparencia Venezuela, organización que integra la Coalición Anticorrupción a través del programa La Ciudad en La Radio conducido por Leonardo León, y recordó que hace dos meses hubo una denuncia de parte del cuerpo de Guardaparques adscrito a Inparques Mérida, respecto a intervenciones no permisadas por parte de Ventel C.A al Parque Nacional Sierra Nevada, lo que ocasionó la apertura de una investigación por parte de Inparque, que trajo como consecuencia que el fiscal General de la República ordenara la investigación y determinara responsabilidades.

Por tal motivo, estas organizaciones realizaron esta petición de información, ya que recientemente autoridades del ejecutivo dieron declaraciones desde la sede del teleférico Mukumbarí desmeritando estas denuncias, afirmando que no estaba ocurriendo nada de lo denunciado, acotó Rangel.

Rangel insistió que la autoridad competente en la permisología es Inparques y no Ventel C.A, por lo que la empresa de teleféricos está usurpando las competencias de Inparques permitiendo que empresas realicen intervenciones en algunas áreas que son de protección integral de la Sierra Nevada.

La también activista en derechos humanos explicó que en esta carta se pide que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencia, que se generen las sanciones que hayan a lugar en el caso de que se hayan producido infracciones a la ley y se determinen los responsables; además que se evite que prospere cualquier actividad que sea contraria al aprovechamiento de estos espacios en respeto en armonía del ambiente.

Finalmente Rangel aclaró que esta petición de información está consagrada en la Constitución que expresa que todos los ciudadanos tienen el derecho de solicitar información sobre las actuaciones del Estado en las que se tenga interés, y el Estado a su vez tiene la obligación de responder de manera oportuna y adecuadamente en un plazo no mayor de veinte días continuos. 

También es parte del ejercicio de la participación ciudadana y del control de la gestión, previsto en la Constitución así como de la exigencia de la rendición de cuenta.

Redacción C.C.

06-02-2023