En este especial de Transparencia Venezuela, se pudo constatar que el negocio aurífero al sur del país sigue enquistado por bandas criminales y guerrilleros que operan con total libertad, sin que el gobierno oponga mucha resistencia. Los grupos delictivos copiaron estructuras como las del pranato en las cárceles venezolanas para controlar de la forma más violenta y cruel todo lo que ocurre dentro de las minas. Instauraron un semáforo de la violencia para castigar a quienes no “obedecen” que incluye desde palizas, hasta la muerte por descuartizamiento.
La investigación, complementada con reportajes de medios nacionales e internacionales, dejó en evidencia que entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial. Solo en 2018 este contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora privada Ecoanalítica.
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