El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió a las instituciones del Estado garantizar los derechos humanos de la población reclusa en el país.
La ONG explicó en un comunicado que en Venezuela subsisten tres sistemas penitenciarios: los calabozos policiales (centros de detención preventiva), los establecimientos penitenciarios y el de los presos políticos.
En los calabozos policiales están aptos para albergar a personas hasta por 48 horas y con personal sin capacitación para atenderlos. En tanto que las cárceles tienen infraestructura deteriorada, reclusos hacinados en condiciones deplorables, alimentación pobre, sin atención médica ni servicios básicos, de acuerdo con el OVP.
El tercer sistema, el de los presos políticos, es producto del ensañamiento contra líderes políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, militares y manifestantes, criticó.
El Observatorio Venezolano de Prisiones instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario al restablecimiento de los derechos humanos de la población reclusa.
Además, exigió que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público ejerzan su papel garantista de los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación nacional y los estándares internacionales de reclusión.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de arrestos masivos que llevaron a la habilitación de cárceles, como la de Tocuyito, Carabobo, y Tocorón, Aragua, para albergar a detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, tres de los cuales murieron bajo custodia del Estado.
Sin transferencia de las funciones de custodia
El OVP insistió en que en el caso de los detenidos en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), continuó la práctica errónea en el ejercicio de las funciones de custodia.
Recordó que desde 2021, según publicaciones en la Gaceta Oficial de la República, el presidente Nicolás Maduro ordenó la transferencia del ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Sin embargo, la transferencia no ocurrió en la práctica. “Los detenidos y sus familiares se encuentran en una situación de desprotección, no teniendo a quien acudir para presentar sus quejas, ya que tampoco hay una norma que rija su funcionamiento”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó a los sistemas de protección de derechos humanos que continúen monitoreando la situación en el país.
También Instó a las personas privadas de libertad y a sus familiares a que sigan denunciando las violaciones a sus derechos.
“Cuando una persona es detenida, se limita su libertad personal, más no los otros derechos inherentes a su condición humana”.
18-02-2025
