Es un clamor general en la ciudadanía. Es una conversación obligada entre amigos, conocidos y desconocidos. Todos comentan la angustiante situación de sus aparatos eléctricos dañados por culpa única y exclusivamente, de los intensos y perversos apagones a los cuales estamos sometidos diariamente, a toda hora y lo peor, sin aviso y sin posibilidades de protesta. La lista es interminable y en muchos hogares las pérdidas materiales son cuantiosas: neveras, lavadoras, secadoras, computadoras, microondas, calentadores, aires acondicionados y pare usted de contar.
La situación económica para la mayoría de los venezolanos es poco menos que desastrosa. La hiperinflación avanza sin dar tregua a los exiguos recursos con los que contamos .Antes de esta debacle, pudimos comprar nuestros electrodomésticos. Incluso, en tiempos mejores, hasta teníamos la posibilidad de acceder a un crédito en cualquier empresa, o utilizar las tarjetas de crédito e ir pagando por cuotas, por ejemplo, nuestro televisor.
¿Quién responde por los daños?
Hasta ahora no sabemos de nadie que haya recibido la compensación por los daños ocasionados, pero si alguien lo haya logrado nos gustaría saberlo y conocer los pormenores para informar a la colectividad.
Hubo un Proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios Frente a Fallas del Servicio Eléctrico. Esta Ley tenía por objeto la defensa, protección, información e indemnización de los usuarios del servicio eléctrico dentro del territorio de la República, en virtud de los daños que pudieran ser generados por fallas en el suministro de energía eléctrica; obligándose a las empresas encargadas del servicio a responder de manera expedita a los reclamos que se les presentaren.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión, el 6 de abril del 2016, este Proyecto, lamentablemente, no hubo discusiones posteriores-la propuesta- se engavetó.
Dada las graves consecuencias de los continuos apagones sufridos especialmente en: Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia ¡cómo hubiera sido necesaria una ley como esta ¡ porque, básicamente, respondería a cada ciudadano que adquirió sus electrodomésticos y ahora ve, cómo los continuos apagones acaban con estos . ¿Reponerlos?, misión imposible, teniendo en cuenta que en una última encuesta de la empresa Datos y según lo indica Luis Maturén, gerente general:” el 90 por ciento de los venezolanos puede pagar menos de la mitad de los productos y servicios que necesita para vivir, y sus gastos están concentrados en alimentos y medicinas”.
Una información de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el Lunes, 25/03/2019 11:05 AM señalaba: “El Gobierno Bolivariano realizará un plan especial de Mi Casa Bien Equipada con el objetivo de reponer al pueblo los artefactos eléctricos dañados tras el sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado 7 de marzo” Pero, al menos en Mérida, no tenemos ni idea de a cuál organismo debemos acudir para hacer valer nuestros derechos ciudadanos.
La tortura de los bajones de voltaje.
La definición de tortura es:” Pena o sufrimiento moral o físico muy intenso y continuado que siente una persona”. Aquí en Mérida la tortura, el perjuicio es a toda una colectividad. Nadie escapa de tener que soportar estoicamente la arremetida destructora de los apagones, y lo peor es que cuando llega la electricidad y pensamos que podremos utilizarla para: hacer transferencia bancarias, escribir artículos, tareas o documentos, declaraciones al SENIAT, poner la lavadora o hacer la comida…entonces, en una modalidad aún más terrible, comienzan una serie de bajones de voltaje, que tal vez son aún peores que las largas horas sin el fluido eléctrico, porque esos súbitos cambios , irremediablemente , dañan nuestros electrodomésticos y , ya sabemos que no hay ente público que se responsabilice, que dé la cara, que al menos ofrezca una disculpa o una explicación a la ciudadanía.
Este colapso eléctrico es un crimen, un despropósito, un ataque contra la comunidad, que para colmo de males se siente vulnerable, desprotegida, con la existencia trastocada. ¿Quién puede trabajar en estas condiciones, cómo vamos a “echar el país adelante” si no podemos contar con un suministro de energía eléctrica confiable? Hemos tenido un retroceso, como en una máquina del tiempo, volvimos a la época en que se alumbraban las casas con velas y candiles, en la que se cocinaba con leña. Donde había que buscar el agua en los pozos y matinales. La época en que, para movilizarnos de un lugar a otros, usábamos caballos, mulas, burros y carretas, en fin este es un retrato, sin exageraciones, de nuestra patria en el siglo XXI.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, TÍTULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES en sus Disposiciones generales dice textualmente:Artículo 30. “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes,incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo”.
Los venezolanos necesitan respuestas, sinceras, coherentes. Necesitan servicios básicos de calidad porque para sentires bien y producir es indispensable que su gobierno garantice la paz ciudadana, pero con la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, lo que existe es caos, desaliento, incertidumbre, paralización de actividades, angustia generalizada.
Vivir sin electricidad es una vulneración al derecho humano de llevar una vida digna.De eso no hay la menor duda.
A.E.L.L.C.C.
Referencias
http://www.pdvsa.com/images/pdf/marcolegal/constitucion_de_la_republica_bolivariana_de_venezuela.pdf.
https://www.aporrea.org/actualidad/n339873.html
