A través de su cuenta en X, la organización recordó el caso de Rocío San Miguel -detenida en febrero de 2024 y acusada de supuesto «terrorismo y traición a la patria»-, quien, subrayó, «exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con Control Ciudadano», la ONG en la que es presidenta.
Además, mencionó a su abogado Eduardo Torres, quien «defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025».
«Su reclusión en El Helicoide fue confirmada tras ocho días de presión. Desde entonces, permanece aislado», alertó.
Por su parte, Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo «tras intentar brindar asistencia legal», según Provea.
«Pasó 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) sin acceso a abogados», añadió.
Por último, Provea mencionó a Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024, quien permanece en el centro de torturas El Helicoide acusado de «terrorismo y magnicidio».
«Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos», denunció.
Provea recordó que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, hizo un llamado la semana pasada por la liberación «inmediata e incondicional» de estas personas, «alertando que sus casos reflejan un patrón de persecución y represión contra quienes ejercen la defensa de los derechos».
«Además, advirtió que muchas personas detenidas por motivos políticos enfrentan desapariciones forzadas, aislamiento, incomunicación, y ausencia de atención médica, asistencia consular y garantías judiciales», señaló la organización.
EFE
03-07-2025
