¿Quiebre Institucional?

Por: Jose Antonio Monagas

Más allá de lo que puede significar el agotamiento del modelo de desarrollo que intenta aplicar el actual régimen, a pesar de la ilegitimidad que lo marca, el país está asfixiándose por causa de distintos problemas que parecieran ser deliberados dado el curso de acontecimientos y decisiones que está advirtiéndose en medio del tinglado que, desde el Ejecutivo Nacional, ha venido armándose. Además de verse al país sumido en una grave tribulación derivada del tipo de gasto de recursos que sigue la administración pública, no hay dudas de otras desventuras por las cuales, de no salir de las mismas, Venezuela estará a un tranco de caer en un estado de masivo empobrecimiento y conflicto cuyas proyecciones la devolverían a etapas del opresor colonialismo.

A decir por los escollos que a todas luces han alcanzado un grado de insólita desvergüenza, debe hablarse de apenadas crisis que tienen trancado el juego de la democracia, paralizado el desarrollo económico nacional y estancada la movilidad política. Se trata de tres crisis, todas relacionadas entre si en términos de sus proporciones e implicaciones.

Una crisis de objetivos y de orientaciones por cuyas consecuencias se ha perdido la visión de compromisos que venía cumpliendo el país en virtud de importantes exigencias que planteaba el nivel de competitividad que aproximaba el país al ámbito determinado por la geopolítica latinoamericana.

Una crisis de información para la toma de decisiones por la cual el país ha venido imbuyéndose en engorrosas situaciones debido a la falta de información por parte de quienes manejan determinaciones de incisiva repercusión para el desarrollo nacional. Este problema ha generado cadenas de acciones regresivas que sólo denotan el retroceso que viene dándose en nombre de un socialismo incapaz de encarar los desafíos pautados por la globalización animada desde realidades trazadas por la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero también, por la correlación de poderes políticos y económicos cuyos dominios no pueden obviarse por cuanto, de alguna forma, señalan las tendencias de los mercados mundiales y sus horizontes de cooperación hacia economías con desventajas comparativas y competitivas.

Y una crisis de los esquemas de organización y coordinación de la administración del Estado venezolano por cuyos secuelas se ha tejido un desorden de tal naturaleza que ha incitado una incapacidad de la estructura social de proveer a importantes sectores de la población lo necesario para lograr metas de la sociedad proyectadas bajo la formalidad de planes de desarrollo. En medio de estos hechos, se ha dado una aguda disociación entre objetivos animados desde el populismo que ha impregnado el diario discurrir político, y el acceso de parte considerable de la población a los medios necesarios para satisfacer condiciones inmediatas de vida social.

Es la razón de los problemas que colman la escena nacional tales como el desabastecimiento, abusos y hasta la violencia de calle lo cual habla de esa ruptura de normas sociales que tiene mal al país en todas sus dimensiones. Es eso, deplorablemente, lo que está alentando a que se llegue a un cuadro de zozobra generalizada, resultado de lo que pudiera ser un quiebre institucional.

VENTANA DE PAPEL PATRIA “INSEGURA”

Con el repetido cuento del Plan “Patria Segura”, el Ejecutivo Nacional busca nuevamente engañar la población a partir de la idea de garantizar la seguridad que en catorce años de régimen, nunca se vio. Luego de proceder a desarmar a las policías regionales, constreñir a las policías municipales, estimular la delincuencia o cualquiera de sus formas por aquello de que “es malo ser rico” y por tanto había que despojar al rico de sus pertenencias para dárselas a quien nunca se preocupó por forjarlas, ahora quiere “tapar el sol con un dedo”. Es decir, el régimen busca “enmendar la plana” mediante un plan cuyo elemento pivotante es la Fuerza Armada Nacional.

Después de haberse intentado 20 veces, el régimen sigue sin entender que estos planes antidelictivos, con la presencia de militares, fungiendo de policías, nunca han funcionado. Por el contrario, la toma militar de ciudades consideradas como espacios asediados por la inseguridad, en todas sus manifestaciones, no garantiza soluciones que corrijan dicho flagelo social. Según la opinión de expertos, la presencia militar sólo desplazará las bandas de malhechores a lugares cercanos. Pero que en todo caso, variarán sus medios y modos de acción con el fin último de continuar el hostigamiento por el cual rinde frutos tan perverso oficio. Lejos de lo que la toma de ciudades por parte del Ejército puede lograr, esto no es más que un gesto de demagogia con lo cual pretende desviarse la atención de los problemas que el régimen tiene sobre sus espaldas mediante la intimidación o miedo que ello causa en el ambiente social.

Además es inconstitucional, por cuanto la Carta Magna exhorta la movilización de la fuerza militar hacia propósitos que vulneren la soberanía y la territorialidad. Sin el más mínimo conocimiento de seguridad ciudadana y criterios de uso progresivo de la fuerza, como en efecto maneja la Policía desde su ámbito institucional, este remedo sólo servirá para deslucir la imagen del estamento militar ya aporreado al colocarlo en situación de vendedor de pollos, Su discordancia operacional, hará que sea visto como el plan Patria “Insegura”.

 POR DESEQUILIBRIO SE CAE CUALQUIERA

El sectarismo acusado por el régimen representado por Nicolás Maduro, es insólito. Aún cuando no sorprende. Las dictaduras lo utilizan como recurso para defender el desparpajo propio de cada uno de sus actos y determinaciones. Razón asistía a Benjamin Disraeli, político británico (1804-1881) cuando dijo que “el ejercicio de la política puede definirse con una sola palabra: disimulo”. Ya Napoleón había calzado con la verdad cuando expresó que “nada anda bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos”. Esto es exactamente lo que explica el porqué las cosas andan de mal en peor en el país que liberó Simón Bolívar. Y cómo no andar mal, si el régimen actúa apegado a la ley del embudo. Es decir, busca que la amplitud favorezca su actitud, mientras que la estrechez se la aplican a quienes se resisten a sus dictámenes. O sea, lo ancho para el régimen y lo angosto, para el ciudadano demócrata. Es ahí cuando se advierte la injusticia de sus ejecutorias pues sus decisiones desdicen de lo que pauta la Magna Ley, en todo momento contradicha.

La premeditada y alevosa orden de amenazar la libertad del dirigente Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, frente a lo que significa la retahíla de actos dolosos y acompañados del más terrible sentido de ilegalidad cometidos por afectos al proceso revolucionario, evidencian no sólo el carácter de arbitrariedad que hay en buena parte de sus decisiones. También, la impunidad que acompaña sus acciones. Cuantiosas son las arbitrariedades, desafueros y delitos de estos personajes. Pero paradójicamente, no hay sanción alguna para ellos. Sin embargo, basta que alguien de la oposición se apropie de una gallina o desconozca la luz de un semáforo, para que le caiga todo el peso de la ley mediante sentencia firme y rauda del Tribunal Supremo de Justicia. O acaso ¿ha sido otra la razón para que el TSJ haya considerado inadmisible el primero de los seis recursos contencioso-electorales interpuesto por considerarlo “totalmente indeterminado, genérico y confuso”?

Han apelado a sórdidas excusas para encubrir las barbaridades que incriminan abiertamente a Mario Silva. Encima de esto, invocan infundadas argumentos para arremeter contra diputados opositores. No obstante, indultan o eximen de toda culpa las probadas acusaciones que pesan sobre conspicuos dirigentes del PSUV quienes tienen cargos en su contra. Incluso, reposando en tribunales internacionales. Lo que el régimen debe comprender, es que también por debilidad, extenuación o por desequilibrio se cae cualquiera.

“Construir patria, no necesita cuarteles. Pero si de universidades”