¿Quiénes son los responsables del terrorismo de Estado?

Por: Juan Carlos Delgado Barrios*

Mientras escribía este artículo, oía los disparos y sentía los gases de una batalla campal de más de 4 horas donde manifestantes de la resistencia civil repelían a   la GNB y a la  Policía de Mérida quienes acompañadas por grupos de paramilitares y defensores de la revolución atacaron despiadadamente a urbanizaciones merideñas. Arremetidas represivas,  muy frecuentes desde el 12 de febrero del 2014,  desarrolladas sin importar que allí vivan niños y ancianos  que no solo son afectados por los gases lacrimógenos sino que sufren de estados de pánico, que en los niños, derivan en profundos traumas psicológicos. Esto sucede en todo el país, una represión desproporcionada que es violatoria de tratados internacionales sobre el uso de la fuerza publica para reprimir manifestaciones, incluso contraria a la Constitución Nacional de la Republica de Venezuela.

El derecho internacional, en lo referido a crímenes contra la humanidad indica que estos procederes son actos inhumanos al igual que el homicidio político intencional, el encarcelamiento por delitos de conciencia, la tortura, la desaparición y la violencia sexual aplicada a manifestantes, sobre todo, porque son parte de ataques generalizados o sistematizados contra cualquier población civil desarmada. Estos tratados hacen énfasis en el uso de elementos parapoliciales y paramilitares derivados de organizaciones fanáticas que apoyan al gobierno que son utilizadas como fuerzas de choque para imponer el terror en la población civil, en el caso de Venezuela justificada en la defensa de la revolución. Esta actuación paramilitar o parapolicial  fuera de la institucionalidad del orden público normal se le denomina en esos tratados como Terrorismo de Estado que configuran a todas luces delitos de Lesa Humanidad.

La presencia de los paramilitares, también llamados en Venezuela, motoparamilitares por el vehiculo que se desplazan en unas especies de hordas de motorizados que irrumpen en las comunidades de manera  violenta,  no se puede considerar actos aislados, de grupos voluntariosos que actúan por su propio albedrío,  sino que son parte de una estrategia  planificada, sistematizada y con intencionalidad de imponer el terror desde el mismo gobierno como vía para desmovilizar la disidencia al régimen, así mismo, indicamos que en la forma como actúan con abrumadora impunidad  y muchas de las veces con apoyo de la GNB y las Policías  nos induce a afirmar que son parte del aparato represivo del Estado dentro de una política de terror masivo hacia la población civil que no comulga con el socialismo del siglo XXI a  los fines de lograr su desmovilización Estos actos terroristas se proyectan con efectos en una multiplicidad de victimas más allá de las personas involucradas en los actos de protestas, como son los vecinos a estas manifestaciones.

Los delitos de Lesa Humanidad  son crímenes  son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, en el caso de la localización de estos actos de terrorismo de Estado  recaen la  responsabilidad en el Presidente de la Republica, en el Ministerio de Relaciones Interiores y en el Alto Mando Militar  si esto se han masificado en todo el territorio nacional y,  en las regiones, en los gobernadores y comandantes de guarniciones militares y policiales, incluso en las tropas y mandos medios, igualmente   recaen sobre los jefes de  los paramilitares que se logren identificar como responsables de estos ataques. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Penal Internacional están facultados para investigar y enjuiciar a las personas responsables de crímenes contra la humanidad cuando hayan sido cometidos en el marco de un conflicto armado internacional o en el interior y dirigidos contra cualquier población civil.

El Estatuto de Roma entre los delitos que considera como de Lesa Humanidad esta el ataque generalizado y sistematizado dirigido contra cualquier población civil, en este caso, contra la población que es disiente del pensamiento del régimen y que en su mayoría  demanda reconocimiento a su derecho a la pluralidad política frente a la imposición de un pensamiento único, el socialismo, ver Plan de la Patria, al derecho de libre expresión, de información y de opinión frente al desarrollo de un silencio informativo por parte del régimen. En la protesta por estar en un país donde la inseguridad hace de Venezuela el país más violento de America y quinto del Mundo, una población civil que protesta por la crisis económica derivada del fracaso del modelo de economía socialista que han impuesto y que deriva la inflación más alta del mundo, altos niveles de desabastecimiento, escasez, desempleo y sobre todo, gran incertidumbre y desconfianza.

   *Profesor Titular Universidad de Los Andes, Venezuela, juancdula@yahoo.es