Anexo a la Resolución N° CU-1235/22, de fecha 04.11.2022.
Remitido del Consejo Universitario ante el ataque por parte de grupos irregulares contra cuatro estudiantes de la Universidad de Los Andes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
La Universidad de Los Andes, fiel a su pensamiento universal y plural, rechaza de manera contundente y categórica los actos de violencia perpetrados el día jueves 03 de noviembre de 2022, -por parte de grupos irregulares que estaban concentrados en las inmediaciones de la Plaza de Toros Román Eduardo Sandía en un acto político oficialista-, en contra de cuatro bachilleres, mujeres, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas quienes se encontraban protestando de forma cívica, pacífica y democrática, en uso de las garantías que establece nuestra Constitución Nacional y las normas internacionales en materia de Derechos Humanos.
Los actos de violencia contra los que ejercemos este reclamo, fueron ejecutados con uso de violencia física y verbal lesionando material y moralmente la dignidad de nuestras estudiantes, y representan violencia contra la mujer, en consecuencia, constituyen un delito de género, una ruptura con el compromiso y la garantía del reconocimiento a la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco y la prevención y erradicación de toda forma de odio, hostigamiento, discriminación y violencia para el libre desenvolvimiento de los venezolanos y el ejercicio de sus derechos ciudadanos y democráticos, conculcando además todas las acciones atinentes a la preservación de la paz, la tranquilidad pública y la convivencia pacífica y democrática.
Tales actos de violencia están configurados en el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en el que se define la violencia contra las mujeres, en los siguientes términos: ”La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.”
Como Universidad no podemos tolerar, ni callar ante actos violentos de ninguna naturaleza, menos aún en contra de nuestras estudiantes, por ello hacemos un llamado a las autoridades Nacionales, Regionales y Municipales responsables de la Seguridad Ciudadana para que actúen en procura del cese de los actos violentos contra nuestra comunidad universitaria.
No actuar ante estos actos deleznables significaría una omisión y una acción cómplice ante la violencia de género, como problema de salud pública, pues se trataba de unas bachilleres que simplemente estaban expresando su disconformidad ante la política sostenida, recurrente y voluntaria del gobierno de asediar y acabar con la Universidad libre, democrática, plural y autónoma; ejercicio de protesta, amparado por los derechos y garantías políticos de nuestra Constitución que, en el artículo 68 consagra que “los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”
Como Consejo Universitario acompañaremos todas las acciones necesarias para denunciar los hechos de violencia de género ejecutados contra nuestras estudiantes, en la búsqueda de la reparación del daño causado y en espera de que se haga justicia y se detengan los actos violentos por ejercer el derecho de pensar distinto. De igual manera emitimos una alerta ante una nueva escalada de ataques contra la Autonomía Universitaria por parte del Gobierno Nacional pues no les basta con cercenar el presupuesto si no que ahora nos agreden a nuestros estudiantes.
Dado, firmado y sellado en la ciudad de Mérida, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.
Mario Bonucci Rossini Manuel Joaquín Morocoima
Rector Secretario (E)
