La opacidad oficial que prevalece en el manejo de los temas de interés colectivo coarta el derecho a saber de los ciudadanos, quienes cada día pierden espacios para expresarse e informarse, a causa del bloqueo de portales informativos independientes y la implementación de un marco legal que restringe y penaliza la libre expresión.
Es un hecho que en Venezuela persisten los obstáculos al derecho a saber consagrado en la Constitución Nacional y en las convenciones internacionales suscritas por el país. Temas esenciales para la población como salud, economía, educación, seguridad y alimentación permanecen bajo el velo de opacidad gubernamental. En tanto que la transparencia y la rendición de cuentas, así como la posibilidad de acceder a fuentes plurales distintas al discurso oficial son un objetivo común en el que confluyen los esfuerzos de la sociedad civil organizada.
Transparencia Venezuela ha denunciado en distintos escenarios internacionales y a través de sus informes cómo los obstáculos que el gobierno venezolano impone al ejercicio del derecho al acceso a la información pública vulneran los derechos humanos de la ciudadanía y limitan la lucha contra la corrupción. En septiembre de 2021, la organización advirtió que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, lejos de garantizar ese derecho, consolidó aún más el secretismo.
Según el informe Acceso a la Información Pública-Capítulo Venezuela, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), en el país predomina una política de hermetismo sobre la información oficial, “lo que hace que esté cercada y cautiva”. El reporte reveló que, entre enero de 2020 y noviembre de 2021, se produjeron 136 violaciones al derecho de acceso a la información pública en el país.
La opacidad que prevalece en el manejo de los asuntos de interés colectivo en Venezuela se evidenció durante la pandemia de COVID-19, cuando los ciudadanos necesitaban de información oportuna y confiable sobre el número de contagios, medios de prevención, centros de atención, programa de vacunación y otros datos que les permitieran tomar decisiones informadas sobre su salud.
En tanto, en agosto de este año, un grupo de 69 economistas, periodistas, profesores y otros miembros de la sociedad civil venezolana exigieron a la administración de Nicolás Maduro, mediante un comunicado, que publique cifras actualizadas en torno a la situación económica y social del país.
Cerco digital al Acceso a la información
En una entrevista concedida recientemente a un medio extranjero, el presidente Nicolás Maduro afirmó que en internet todo circula libremente y que en Venezuela “no tiene prohibición ningún medio ni ninguna red”. Pero los registros de organizaciones civiles y activistas por los derechos humanos desmienten tal afirmación y, por el contrario, alertan sobre la consolidación del patrón de persecución, censura, opacidad y ausencia de rendición de cuentas que se inició desde los tiempos de Hugo Chávez.
EsPaja.com, portal de verificación de Transparencia Venezuela, contrastó la declaración del mandatario venezolano con algunos hechos reales. Uno de los hitos contemplados fue el bloqueo de portales de noticias que no pueden ser abiertos a menos que el usuario utilice un VPN, “herramienta con la que puede sortearse la censura a través del uso de la conexión de un país extranjero con Internet libre”. También, recordó cómo el consorcio español Telefónica, casa matriz de la empresa privada Movistar Venezuela, admitió en un informe de transparencia a las autoridades españolas que en 2021 recibió al menos 30 solicitudes de bloqueo de páginas web por parte del gobierno venezolano.
Los ataques y el cerco a portales informativos han crecido de forma exponencial desde 2014. Solo entre enero y diciembre de 2021 fueron bloqueados 68 dominios en el país, según la ONG VE Sin Filtro. De éstos, 45 pertenecen a páginas de noticias, 8 son de portales políticos y tres de organizaciones civiles. De la misma manera, una investigación de Espacio Público evidenció que los casos de violaciones a la libertad de expresión en internet aumentaron en 42,62% en ese mismo período.
Esta situación reduce aún más las opciones que tienen los venezolanos para expresarse e informarse, toda vez que de 142 periódicos que existían en Venezuela en 2002, hoy en día sólo quedan 20, según datos del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). De los 960 medios existentes, según el reporte de agencias, 85% son estaciones de radio y canales de televisión controlados o afines al gobierno. En tanto que, alrededor de 70 diarios que dejaron de circular en sus ediciones impresas, se mantienen con redacciones reducidas o migraron a plataformas digitales.
Organismos internacionales, como la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, han alertado sobre la reducción de los espacios cívicos para ejercer la libertad de expresión y han condenado las acciones gubernamentales que vulneran el derecho al acceso a la información de los venezolanos.
Estas instancias se han hecho eco de las objeciones que han surgido de la sociedad civil venezolana respecto a la aplicación de la llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia como herramienta para silenciar voces disidentes al gobierno, y evitar que se discutan de forma pública temas que le son incómodos al oficialismo, criminalizando la opinión a través de plataformas digitales y redes sociales.
Este Día Internacional del Derecho al Acceso a la Información (Derecho a Saber), Transparencia Venezuela reitera su compromiso por seguir trabajando para obtener reconocimiento y respeto para el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, y como una herramienta central para la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
28-09-2022
