Por: Germán Rodríguez Bustamante…
El DRAE califica a Estado como el conjunto de poderes y órganos de un País Soberano. Como la forma de organización política, dotado de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio. Existen muchos investigadores que le dan una definición al término desde diferentes orientaciones filosóficas y disciplinas. Jefferson lo define como: órgano, técnicamente condicionado, para realizar la voluntad popular, en verdad un mero instrumento de la voluntad de las gentes, sin poder propio, y casi podría decirse sin entendimiento propio; porque la voluntad, el poder y la inteligencia pertenecen a los individuos, al pueblo soberano, no a la maquinaria, construida para regular sus circunstancias. En definitiva, se parte de la existencia de un territorio en el cual existen un conjunto de instituciones y normas que, en un régimen democrático, consagra en su Constitución la garantía de la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. En Venezuela la maquinaria construida para regular las circunstancias fue engrasada por un conjunto de personajes que, deformaron la noción de Estado, colocándola al servicio de interés de elites vinculadas con el crimen y la corrupción. Las instituciones no resguardan los derechos fundamentales de los ciudadanos, en consecuencia, el abuso de poder es práctica común de la Tiranía que usurpa el poder, encabezada por Maduro. Produciéndose un ambiente de anarquía total, en el cual el régimen imperante permite y consiente algunos desordenes y caos en las diferentes esferas, tanto político, económico y social. Dosificando el monopolio en el uso de la fuerza, para preservar el poder en este desconcierto continuado en que viven los venezolanos. La autoridad es aplicada de forma selectiva, para algunos individuos es abusiva y para otros es inexistente.
La seguridad entendida y aplicada por el régimen como un modelo de control social exclusionista. Lo que ocurre en la frontera con Colombia es el mejor ejemplo del caos y confusión que tolera la Tiranía. La autoridad representada por la Guardia Nacional Bolivariana, es cedida, para que un conjunto de delincuentes actúe de forma impune sometiendo a los ciudadanos a todo tipo de abusos y atropellos. No hay gobierno ni orden. Civiles realizan las competencias asignadas al componente militar, el desbarajuste propicia la consumación de delitos, a la vista de los uniformados. El ejercicio de la libertad de circulación por el territorio, es conculcado por estos cuerpos militares paralelos, llegando al extremo de realizar requisas y confiscaciones de propiedades privadas. Pareciera utópico, pero en esas poblaciones de frontera y territorios con explotación minera y narcotráfico, se organiza el desorden para que los criminales administren la economía local, sin supervisión del Estado. La entrega de un territorio como botín de guerra para garantizar el apoyo político de un conjunto de delincuentes, representados por: integrantes de la antigua FARC, miembros del ELN, Hezbolláh, Paracos, Boliches y grupos de narcotraficantes afines a la Tiranía que, participa en la repartición del territorio nacional. El crimen autorizado por quienes secuestraron el Estado para su actuación. En contraposición en las ciudades los reclamos sociales por las fallas generalizadas de los servicios, son reprimidas con el uso abusivo de la fuerza, ejerciendo una autoridad sobredimensionada. La protesta consagrada en nuestra Constitución es pisoteada, quedando los ciudadanos sin protección del Estado.
La elite revolucionaria tomo el Estado y lo convirtió en una cleptocracia, estableciendo y desarrollando el poder sobre el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como: el nepotismo, el clientelismo político y el peculado. El pésimo Índice de Percepción de Corrupción en Venezuela refleja la opacidad generalizada, el clientelismo, y la mala gestión que caracteriza a la mayoría de los sectores y ramas de la administración pública del país. Condiciones que sustentan la red de macro-corrupción y cooptación institucional más compleja del mundo. Una red de corrupción es un modelo que informa cómo los nodos que representan a individuos y empresas, interactúan para cometer actos de corrupción y obtener objetivos ilícitos. Está arquitectura fue instrumentada en Venezuela para contaminar prácticamente toda la estructura publica, generando un cáncer, con metástasis generalizada.
Antes de la situación de corrupción en Venezuela, la operación Lava Jato era la red de corrupción transnacional más compleja que se hubiera investigado empíricamente. Lava Jato se extendió por Latinoamérica involucrando empresas, alcaldes, gobernadores, y presidentes que gestionaron sobornos en forma de donación durante procesos electorales. Las donaciones y los sobornos pagados directamente a candidatos y funcionarios públicos en el contexto alcanzo USD$ 800 millones según investigaciones judiciales adelantadas. Los montos y personas involucradas en la macro corrupción en Venezuela, supera con creces a los investigados en Lava Jato. Por ejemplo, una sola causa representa más de 2.400 millones de dólares, la de Nervis Villalobos, como este caso hay muchos investigados en diferentes partes del mundo. La súper red de corrupción está sustentada por clientelismo exacerbado y nepotismo, lo que significa que los nombramientos son comúnmente usados para pedir y pagar favores indebidos, con el objetivo último de aumentar el poder económico y político de los agentes más centrales. La corrupción sistémica se promueve desde los niveles más altos del Estado Venezolano. Esto refleja la concentración de poder económico y político en torno a Maduro y su círculo más cercano de colaboradores. Los nombramientos en cargos públicos no resultan de criterios técnicos sino de privilegios de aquellos cercanos a la cúpula, esto explica la pésima administración y el colapso de casi todos los sectores políticos y económicos de Venezuela.
Los efectos económicos de la corrupción y el deterioro institucional no son los únicos, o los más graves. Por el contrario, la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos, que se reflejan en el deterioro de los indicadores de calidad de salud, en la falta de alimentos, y en el desplazamiento forzado sin precedentes en la región, son algunos de las más graves consecuencias. Apostamos por un acuerdo que conceda algunos beneficios, sin impunidad total. Las secuelas de la criminalidad y corrupción del régimen se resumen en infortunios, padecimientos, pobreza, miseria y muerte de venezolanos.
@germanrodri
@germanoveja
01-11-2021
