Venezuela: entre el control sanitario y el control social

Por: Profesor Germán Rodríguez Bustamante…

La grave pandemia provocada por el COVID-19, que ha afectado a más de 4.5 millones de personas y ha provocado casi 310 mil muertes a nivel mundial, según datos de esta semana que culmina, ha generado un shock en la forma de pensar de la sociedad, un antes y un después, tal como ocurrió con el desdichado 11 de septiembre. Lo cierto es que no hay duda alguna sobre la actuación negligente de la clase política mundial, ha ido siempre por detrás de la pandemia, apagando fuegos en vez de evitar que se generen. Ha faltado, en definitiva, experiencia en el manejo de una enfermedad de efectos colectivos.

Más allá de la seguridad de las naciones, las amenazas para la salud de los pueblos en un mundo globalizado derivado de la pandemia, es posible que provengan en mayor medida de las propias naciones por las actuaciones de sus gobiernos. Los que por acción u omisión tienden a favorecer intereses económicos de grupos sobre intereses sociales, el bienestar de unos pocos sobre el bienestar de todos, o el bienestar de las mayorías sobre el bienestar de las minorías.

En muchas naciones el sistema judicial ha sido colonizado por partidos políticos, lo que produce la presencia de un riesgo de involución democrática. En este marco el parlamento europeo acaba de publicar un informe donde alerta contra los recortes de las libertades públicas con ocasión de la epidemia. El problema se puede estudiar desde tres áreas. La primera es la libertad de expresión: El World Press Freedom Index, indicador que compara la libertad de prensa en más de 180 países, ha detectado un clima contra los medios informativos en países como Brasil y los Estados Unidos. Situación a la cual no escapa Venezuela, se introduce nuevos delitos, por el uso de las redes sociales, el hecho de informar es un crimen, condenado sin garantías.

La segunda área, es la libertad de circulación, hay líneas rojas que nunca deberían cruzarse, como la utilización abusiva de dispositivos de geolocalización o los arbitrarios confinamientos forzosos de la población. Y la tercera, es los efectos sobre la propiedad privada, algunos países establecieron marcos regulatorios para instaurar estados de alarma, excepción y crisis, los cuales le confiere a la autoridad ejecutiva poderes extraordinarios, hasta para practicar requisas de todo tipo de bienes y servicios.

A pesar de la naturaleza temporal de la medida, derivado de la emergencia, es inadmisible aprovechar la confusión general para ejecutar medidas coactivas, que conducen a un control social. Totalmente alejadas de la norma, la cual fue elaborada para únicamente atajar la emergencia, nada más. Obviamente el virus en sí mismo puede tener la capacidad de desbordar rápidamente los servicios clínicos de cualquier país. El contagio no implica necesariamente el aniquilamiento inmediato, la identificación de las víctimas reales se confunde y la epidemia se transforma en una avalancha que arrasa con cualquier sistema sanitario. En el caso venezolano esa realidad no puede ser utilizada para confinar indefinidamente a una población, que en la práctica se traduce en su condena muerte, por un caos económico sin precedentes, preexistente al CONVID-19.

Originado esencialmente por un modelo fracasado y la enorme corrupción que se dio durante la pasada bonanza petrolera. La caída de los precios del crudo agudizo este proceso, pero la ruina sanitaria que sacude al país y lo hace especialmente vulnerable al virus chino, es anterior a las medidas de presión internacional y a las sanciones económicas impuestas sobre el régimen de Nicolás Maduro. En marzo de 2015, un informe realizado por la comunidad médica nacional, reportaba que casi la mitad de los quirófanos en Venezuela no estaban funcionando y que, en la salud pública, había 60 por ciento de escasez de medicinas y de insumos. Amén de los numerosos casos de corrupción, relacionados con el sector salud, cuyas denuncias nunca han sido atendidas por el régimen.

La realidad económica en este momento se ha agudizado, con consecuencias trágicas en todos lados: inflación galopante, desempleo y desabastecimiento y fallas en los servicios básicos de luz, internet, teléfonos, combustible, gas doméstico y de agua en todo el país. El uso político de una enfermedad no es nuevo. Maduro y su banda de delincuentes pretenden utilizar la urgencia para acorralar a la sociedad y, de paso, desde ya, juegan a la culpa adelantada. Señalan a otros posibles responsables de todo lo que vaya a ocurrir en el país con la llegada del coronavirus: el FMI, la comunidad internacional y la oposición. En definitiva, las medidas de extensión del confinamiento, producto de una supuesta crisis sanitaria magnificada, es un esfuerzo por polarizar las visiones, el análisis y la discusión. Con gran facilidad, eluden su responsabilidad. Pretenden explotar la enfermedad, aprovecharla y sacarle dividendos, pero sin ningún riesgo personal. Las víctimas, nuevamente, las va a poner el pueblo venezolano. Debemos enfrentar honestamente la crisis, procurar espacios de unión y poder con toda la oposición y con especialistas del gremio, entender que cualquier apoyo internacional tiene que ser aceptado sin condiciones, incluso si esto significa no tener control sobre la ejecución de la ayuda humanitaria. Ahora es imprescindible poner todo al servicio de la emergencia. La única prioridad son las víctimas. Jugar en estos momentos a la polarización es una estrategia criminal.

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