«La intención de promulgar una nueva Ley de Universidades no es nueva – advirtió- y se inscribe en una visión de la sociedad donde lo nuevo debe nacer de la destrucción de las viejas estructura y de colocar el sistema educativo al servicio del proyecto político actual. Recordemos que en el año 2011 la asamblea nacional aprobó un proyecto que, producto de las protestas, fue devuelto por el Presidente de la República; quien anunció en ese momento que la Ley de Educación Universitaria sería sometida a un amplio debate nacional, por lo que su promulgación quedó diferida»
El dirigente gremial universitario también cuestionó la ausencia de sustento constitucional que, a su juicio, tiene la actual discusión para la aprobación y posterior promulgación de una nueva ley de universidades, al señalar que «Las comisiones creadas, lo hacen fuera de su ámbito de competencia, pues a quien le toca legislar es a la Asamblea Nacional y sobre esta institucionalidad hay una discusión política, puntualizó.
«Por otra parte, los hechos nos han demostrado -reiteradamente- el uso del dialogo como estrategia política y la creación de comisiones como táctica para imponer los proyectos. En cualquier país democrático la aprobación de una Ley de Universidades, se realizaría por consenso y no por la imposición de una de las partes. Conformar comisiones donde participan, de manera minoritaria, sectoes no progubernamentales sirve de argumento para validar la ‘consulta’ «.
«Desafortunadamente -precisó Márquez; quien también es representante profesoral ante el Consejo Universitario de UCV- las circunstancias actuales resultan propicias para alcanzar el objetivo anteriormente señalado, frente a un país afectado por la pandemia, unas instituciones destruidas, unas autoridades desgastadas y una dirigencia estudiantil y gremial con escasa capacidad de movilización para enfrentarla».
«Si evaluamos la política Estatal hacia las universidades -prosiguió- podremos constatar que ella ha estado dirigida a su destrucción, a socavar sus bases autonómicas y la promulgación de una nueva Ley sería la culminación de una política desplegada desde hace años».
En ese sentido, el presidente de la APUCV, mantiene el criterio que «las acusaciones a las Autoridades Universitarias, sobre el estado de deterioro de la planta física, expresa con toda claridad una intencionalidad política, pues el deterioro institucional es el resultado de años de presupuestos deficitarios impuestos por el régimen. El rescate de áreas institucionales se ha hecho sin ningún acuerdo con las Autoridades Universitarias y la presencia de miembros del Régimen en los espacios universitario se hace violentando la autonomía»
«Es por ello que pensar en la promulgación de una nueva Ley de Universidades sin orientación política, es desconocer el principio de realidad y la historia de relaciones con el actual régimen».
«La nueva Ley contendrá un discurso similar al Constitucional, lleno de buenas intenciones que no se cumplen y plagada de palabras ambiguas que faciliten el objetivo político, pero dando la apariencia de apertura,dijo.
Al margen de la pertinencia o no de una discusión para cambiar la actual Ley de Universidades, el profesor Márquez fue enfático al señalar que «nadie niega la necesidad de cambios institucionales de diversa naturaleza. En ese contexto se inscribe, por ejemplo, la incorporación de trabajadores y empleados en estructuras de discusión y toma de decisiones que afectan a los mismos. Lo fundamental, en mi opinión no es su participación en organismos de cogobierno, donde ya algunos sectores participan. Tampoco en áreas de dirección institucional, pues el sector profesional es quien ocupa dichos cargos. Hay otros sectores, no profesionales, que debería participar en instancia de consulta y toma de decisión que afecta derechos gremiales y sindicales.
» Igualmente, el mecanismo de ingreso del personal docente debe ser modificado y tomar en consideración no solo la capacidad profesional y docente sino también su formación integral como ciudadano. El profesor universitario -expresó- no solo debe ser un buen profesional, sino también una persona con un importante bagaje cultural y la institución universitaria debe contar con planes destinados a tal fin dentro de una política institucional. También promover el arraigo institucional en todos los miembros de la comunidad universitaria y la labor social debe estar dirigida hacia lo interno de la institución».
«Estamos de acuerdo también en que los mecanismos de ascenso en el escalafón deben tomar en consideración las especificidades propias de cada facultad. No es lo mismo ser docente en la Facultad de Ciencias, donde la actividad de investigación forma parte de su práctica cotidiana, que serlo de la Facultad de Medicina donde la labor asistencial juega un papel primordial».
«Asimismo, creemos que el concepto de Dedicación Exclusiva debe ser modificado, pues la jornada laboral exigible no puede ser de 40 mínimas, sino máxima»
«Insistimos, todos aquellos aspectos que requieran ser sometidos a una transformación profunda y necesaria en las universidades venezolanas, pueden ser abordados y canalizados de manera eficiente y oportuna, cumpliendo lo establecido en la Ley Univerisitaria vigente. No es necesario para ello una nueva legislación», concluyó. Giovanni Daboin.
15-03-2022
