Con la intención de reiterar el espíritu de la Ley de Amnistía y Reconciliación Política, Edgar Zambrano, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, envió nuevamente el texto de la exposición de motivos del texto legal a Nicolás Maduro, para rebatir los argumentos que la señalan como un instrumento para evadir responsabilidades penales.
En la solicitud de audiencia número 115 consignada este lunes en el Palacio de Miraflores, el parlamentario por el estado Lara y candidato a la reelección, insistió en el carácter democrático de la Ley de Amnistía que desde el año 2012 se presentó en la Asamblea Nacional, con la anuencia del entonces Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. “Nicolás, la progresividad de los derechos humanos en el contexto universal debería formar parte de los principios humanistas que supuestamente forman parte de la tesis política del partido de gobierno, resultando inaudito observar las evidentes, públicas y notorias contradicciones en ese sentido dentro del contexto de la realidad venezolana y las actuaciones del gobierno que tú presides”, se expresa en el documento.
Zambrano explicó que se pretende solventar los excesos que en materia judicial se han cometido, especialmente en personas como los funcionarios de la policía metropolitana Marcos Hurtado, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín, Arube Pérez, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y el numeroso grupo de jóvenes estudiantes que sufren los rigores de la prisión “sustentadas sus detenciones en la manipulación de los operadores de justicia a través de expedientes preñados de irregularidades violatorias de todo derecho humano fundamental”, y dar respuesta a un clamor de la mayoría del pueblo venezolano para facilitar la reconciliación entre los venezolanos.
“Cuando se habla de la ley de Amnistía desde las esferas del alto gobierno se pretende hacer ver ante los venezolanos que esta constituye un mecanismo para la evasión de responsabilidades penales, endosándole a su connotación el componente de la impunidad, aseveración que no se corresponde con el principio, fin y objeto de la ley como perfectamente lo establece la exposición de motivos donde de manera clara, tajante y pedagógica, bajo razonamientos del derecho comparado, se expresa en su espíritu todo lo contrario a un argumento manejado por ustedes con el objeto de evadir la responsabilidad histórica que la mayoría de la población venezolana reclama”, se lee en el documento.
El también Vicepresidente de AD mencionó el caso del ciudadano Jimmy Torres Vargas, “militar retirado desde 1998 sometido a prisión desde el 10 de junio de 2014 acusado de delitos que como bandera generalizada se utilizan como bisutería de quincalla, para mantener presos a ciudadanos inocentes, violación de zona de seguridad, ataque al centinela y ofensa y menosprecio a la Fuerza Armada, situación condenable desde todo punto de vista cuando se convierten estas injustas aprehensiones en una prueba evidente de la manipulación de la justicia”.
Destacó el Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la AN del texto de la exposición de motivos “aspiramos lograr la reconciliación nacional, ya que en una verdadera democracia no pueden ni deben existir presos, perseguidos y exiliados políticos, por ello la necesidad de estudio e implementación de una ley de amnistía. La amnistía es una institución social de remotos orígenes en la historia de la civilización humana. Fue concebida como un mecanismo jurídico–político, para perdonar y olvidar delitos cometidos contra el Estado, a fin de lograr altos propósitos como la paz social y la reconciliación nacional”, como aspecto fundamental del objetivo y finalidad de la amnistía.
Igualmente recordó la observancia irrestricta al precepto constitucional de garantía de respeto a los derechos humanos y la imposibilidad de evadir castigo a quienes los vulneren, consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna que reza: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Igualmente resaltó el diputado que “las amnistías contemporáneas se rigen actualmente por un conjunto sustancial de normas de derecho internacional que delimitan el ámbito de lo permisible. Por lo tanto, las amnistías no pueden impedir el enjuiciamiento de las personas que pueden resultar jurídicamente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de los derechos humanos, ya que serían incompatibles con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud de diversas fuentes de derecho internacional, así como con la política de las Naciones Unidas. Pero en los casos aquí presentados estamos seguros, que ni la comunidad nacional, ni la internacional vería con malos ojos el hecho que los llamados beneficiados por el presente proyecto se les otorgue una amnistía, ya que es sabido por todos que son inocentes de los crímenes que se les imputa y por los cuales varios fueron condenados”.
Para Edgar Zambrano es fundamental volver a darle su rol al sistema de justicia, que como está expresado en la exposición de motivos “es la columna vertebral de cualquier sistema democrático, llámese participativo o representativo, llámese socialista o capitalista, es necesario un sistema de justicia que le permita al ciudadano sentirse protegido por el estado, que sancione con contundencia al infractor y que absuelva al inocente, dándole así el justo sentido a la palabra justicia, ´Dar a cada quien lo que le corresponde´”.
Finalmente, resaltó que las amnistías son una práctica histórica en Venezuela. “En nuestro país, se han aplicado leyes de Amnistía como inicio de lo que se denominó la “etapa de transición a la democracia”, en los años siguientes a la terminación de regímenes dictatoriales militares. Particularmente en Venezuela tenemos de data más reciente, las sancionadas en el año 2000 con un decreto de amnistía promulgada en la Gaceta Oficial No. 36.934 del 17 de abril de 2000, que se denominó LEY DE AMNISTÍA POLÍTICA GENERAL, y la del año 2007 sancionada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5870 extraordinaria, dictada ambas por el Presidente Hugo Chávez Frías”.
