El desarrollo de la cultura ciudadana del control, ampliada y reforzada a partir de la consolidación de la democracia participativa y protagónica, ha permitido materializar la incorporación de los venezolanos en los asuntos públicos que determinan la vida social.
Sin duda, la denuncia se ha convertido en un instrumento de inestimable valor en la prevención y lucha anticorrupción, y es utilizada para dar a conocer hechos, actos u omisiones vinculadas con anomalías en la ejecución de políticas gubernamentales.
Consciente de ello, la Contraloría General de la República ha promocionado y contribuido con la incorporación de la población a la función fiscalizadora del Estado, a fin de optimizar los mecanismos de control sobre el manejo irregular de los fondos públicos.
En ese sentido, el máximo órgano de control creó su Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en el año 2000, con su correspondiente normativa (Instructivo en materia de denuncias) y desde entonces funge como rector y promotor de estas dependencias, instancias públicas para la paz, en todos los órganos y entes de la administración pública, ya que la disposición de estos espacios permite concretar el ejercicio responsable de la denuncia y la gestión de respuestas oportunas sobre los planteamientos de los individuos.
Cómo interponer una denuncia
Actualmente, para notificar la ocurrencia de un hecho irregular que atente contra el patrimonio de la Nación deben considerarse ciertos requisitos relativos a la denuncia, contenidos en las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana (2007), en aras de aportar información relevante y verídica que permita a los encargados de las Oficinas de Atención al Ciudadano procesar la denuncia para que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes y se establezcan las sanciones pertinentes, de ser el caso.
Al momento de formalizar una denuncia verbal, escrita o por medios electrónicos, el ciudadano o comunidad organizada debe tomar en cuenta que no son válidas las exposiciones de hechos de forma anónima, por lo cual deberán identificarse plenamente. En este sentido, la Contralora General de la República, Adelina González, aseguró que el máximo órgano de control garantiza la confidencialidad para evitar la exposición pública del denunciante.
Por otra parte, para coadyuvar en la tramitación efectiva de la denuncia es recomendable consignar los elementos o soportes documentales suficientes sobre la presunta irregularidad, lo que ayudará a validar la información con mayor celeridad. Asimismo, es importante que se aporten datos relacionados con la fecha de ocurrencia del hecho, ente u organismo donde ocurrió, así como los involucrados.
Es importante destacar que a pesar de que el denunciante tiene derecho a conocer el estatus administrativo en que se encuentra su denuncia, el curso de la investigación es confidencial y de carácter reservado, razón por la cual no se pueden dar conclusiones hasta tanto se complete el procedimiento. “El denunciante solo aporta un elemento o una inquietud en ejercicio de su derecho a la participación en la gestión pública, pero no forma parte del proceso”, informó González.
