La Red Andina de Derechos Humanos (RADAR), conformada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) defensoras de Derechos Humanos (DDHH) que hacen vida activa en el estado Mérida, ante el contexto político y social que se registra en los actuales momentos en el país, hace del conocimiento público su posición, en los siguientes términos:
Dadas las difíciles condiciones en las que viven actualmente los venezolanos, siendo víctimas de violaciones de sus derechos humanos, debido a carencias básicas como comida, vestuario, medicinas y servicios básicos entre otros, aunado a las limitaciones del ejercicio de derechos constitucionales, civiles y políticos en libertad, tal como se registró en los procesos electorales convocados en los últimos dos años y el irrespeto a los resultados cuando son contrarios al régimen de gobierno central, ha generado que algunos ciudadanos exijan en distintos escenarios, respeto a sus derechos económicos, sociales y políticos, realizando protestas pacíficas y en algunos casos, con cierre de calles y avenidas. Por otra parte, actores políticos han convocado en las últimas semanas a concentraciones en todo el país, una de ellas a realizarse el próximo 23 de enero.
Ante este evento, consideramos que es imprescindible que autoridades civiles y militares garanticen el normal desarrollo de las manifestaciones, respetando los derechos de participación y reunión previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también el cúmulo de derechos humanos establecidos en distintos instrumentos nacionales e internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tal garantía implica movilizar funcionarios del orden público para que protejan a la población de posibles ataques físicos o armados de grupos parapoliciales, así como también evitar el uso de la fuerza y armas químicas para reprimir violentamente las protestas pacíficas.
Por otra parte, exigimos el cese de la usurpación del Poder Ejecutivo que permita retomar el hilo constitucional en Venezuela así como también respaldar a la Asamblea Nacional como órgano legítimo sustentado en el voto popular de los ciudadanos, solicitando que todas las acciones y decisiones que se acuerden estén enmarcadas en el respeto a los derechos humanos, las garantías de justicia, no impunidad y no repetición.
Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, ratificamos nuestra obligación de documentar, defender y acompañar a las víctimas para la denuncia de violación de derechos humanos y mantenemos la exigencia al Estado venezolano de cumplir con sus obligaciones de respeto, garantía y protección a los derechos humanos.
Finalmente, instamos a todos los sectores que conforman la sociedad merideña que contribuyan, en la medida de sus posibilidades, en aliviar el dolor que se cierne en cada familia por carencia de alimentos y medicinas. Aupamos la solidaridad entre hermanos, la cual debe ser el principio que rija nuestras vidas para juntos lograr vivir en un mejor país.
En la ciudad de Mérida, a los 21 días del mes de enero del año 2019
Suscriben:
Cátedra de la Paz ULA
Centro de Animación Juvenil – Trujillo
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE)
Fundación Celta
Geografía Viva
Liga Merideña de Respuesta al SIDA
Movimiento SOMOS
Movimiento Vinotinto – Capítulo Trujillo
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Penal Mérida
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres – Núcleo Andino
Observatorio Venezolano de Prisiones-Mérida
Proyecto 860 – Táchira
Transparencia Venezuela-Núcleo Mérida
UNIANDES
