Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La transparencia y el acceso a la información pública son un derecho y un sostén importante de una buena gobernabilidad, reconocido ese derecho en la Declaración de los Derechos Humanos, emitida en 1948 por las Organización de Naciones Unidas. Los gobiernos deben comprender que los temas relacionados con su gestión y la administración pública son sometidos al escrutinio de los ciudadanos, en consecuencia deben ser abiertos en todos los niveles posibles en cuanto a la transparencia de la información que se produzca; esto compromete la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 23 señala que: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen rango constitucional y prevalecen en el orden interno…, en concordancia el artículo 143 indica la obligación de la administración pública de informar a los ciudadanos de forma oportuna y veraz, sobre el estado de las actuaciones que estén directamente interesados, y el articulo 187 numeral 3, expresa la facultad de la Asamblea Nacional para ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional; razones legales por las cuales la comparecencia de los funcionarios, más allá de ser una competencia consagrada a la Asamblea, también es un derecho que tenemos los ciudadanos de contar con información sobre el desarrollo de la gestión de gobierno, expresada ésta en indicadores que permitan medir su desempeño.
La figura de secreto de estado no puede privar a los ciudadanos de información sobre la evolución económica y social del país. Existen límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a la seguridad interna y externa; sin embargo, no puede ser el argumento para someter a la sociedad a una total oscuridad informativa. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, en consecuencia los funcionarios están obligados a presentar información sobre la acción particular en su ámbito.
Un gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes a seguir; permite el acceso de manera sencilla y clara, facilitando de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la administración.
La colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia estructura. Un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a actuar intensamente en la conformación de políticas públicas y anima a la administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos, con lo cual impulsa comportamientos y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.
Con la apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella se consigue mejorar los niveles de transparencia; los ciudadanos pueden formarse una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de éstas; se evita la corrupción; se fomenta la participación pública en las decisiones de gobierno; aumenta la calidad de los procesos de decisión política; permite a los ciudadanos y las organizaciones sociales hacer valer sus derechos; hace crecer la confianza de los ciudadanos en los procesos de gobierno; aumenta la eficacia en la administración pública, y por ende su competitividad, legitimando la acción de quienes las gestionan.
Venezuela requiere con urgencia resolver los problemas de representación y participación, actualmente nuestro país padece un déficit de transparencia y, por otro lado, los canales de participación proporcionados por la instituciones son escasos y están descompuestos por visiones partidistas; esto genera problemas serios en la representación que, para ser solucionados, necesita de una verdadera rendición de cuentas, ya que la máxima transparencia aumenta la participación.
En conclusión, los venezolanos tenemos el derecho a recibir información sobre el desarrollo de la acción pública, sin restricciones; es inaceptable que el Banco Central de Venezuela no publique cifras de indicadores macroeconómicos, que el Ministerio de Finanzas y PDVSA no informen sobre los compromisos asumidos con China y en definitiva la totalidad de la deuda comercial y financiera, que no dispongamos de informes operativos administrativos y financieros de la verdadera situación de nuestra principal industria PDVSA, que la Oficina Nacional de Presupuesto formule presupuestos con premisas alejadas de su comportamiento, que el ciudadano presidente no informe de los gastos de las partidas supuestamente secretas y las acciones concretas para acabar con la corrupción. Hechos que indudablemente mejorarían la credibilidad de los ciudadanos en sus gobernantes y podrían impulsar el compromiso que el momento histórico presenté nos demanda.
ULA – FACES
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