El rechazo de la crisis universitaria por parte de los gremios universitarios ulandinos Apula, Aeula y Siprula motivado a la carencia de recursos para el pago de salarios, y la cobertura de gastos de funcionamiento de la Universidad de Los Andes obliga a la reactivación de la lucha en defensa de la universidad autónoma.
“Existe una política confiscatoria de los salarios del personal universitario por parte del Gobierno Nacional a través del cobro del Impuesto Sobre La Renta” expresó el presidente de la Apula Virgilio Castillo.
Destacó que la Intergremial ULA se ha adherido a la posición de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, aseverando que este jueves 10 de marzo realizarán la introducción de un Recurso de Amparo contra la confiscación del salario ante el Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas.
Recordó que en la ciudad de Mérida esta actividad será respalda por una concentración y marcha, que partirá desde el Rectorado ULA a las 9:30 am hasta la sede del Seniat, invitando a toda la comunidad universitaria a respaldar la defensa del salario.
Castillo destacó que en la plenaria de la Asamblea Nacional ese día se discutirá con la participación de la Comisión Especial de Educación Universitaria, presidida por el diputado Enrique Márquez, el informe elaborado sobre la actual situación de la universidad venezolana.
Añadió que “el tema salarial de los universitarios no queda atrás, consideró que mediante el último ajuste de salario decretado por el Presidente de la República, las últimas tres escalas de los obreros universitarios pasan a ubicarse por debajo del salario mínimo.
Ante la crisis que atraviesa la Universidad de Los Andes y el resto de universidades autónomas que no cuentan con recursos para cancelar los salarios que incluye profesores tampoco al personal empleado y obrero.
La falta de recursos económicos para atender los comedores y las becas estudiantiles, aunado a eso la carencia total de recursos para los gastos de funcionamiento de la Universidad de Los Andes, traduciéndose en una amenaza la prosecución de los programas y carreras de formación que cursan los estudiantes de esta casa de estudios.
“Alertamos a la comunidad universitaria y merideña, que no somos los trabajadores universitarios quienes buscamos cerrar la universidad; es el Gobierno Nacional a través de la política de asfixia presupuestaria; quienes pretenden destruir nuestras máximas casas de estudio”.
Aseveró que “No existe disposición gubernamental del ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Jorge Arreaza de sentarse con las federaciones para activar cuando antes la cláusula de contingencia que prometieron el año pasado”, consideró que no hay voluntad de sentarse a discutir los salarios de los universitarios; sobre todo ante un proceso inflacionario nacional que está destruyendo el poder adquisitivo de la familia.
El dirigente gremial hizo énfasis en la grave situación de inseguridad, “en los últimos días la infraestructura de nuestra casa de estudios ha sido objeto de robos y agresiones por parte de una delincuencia desatada”; calificando como una amenaza contra el libre desarrollo de las actividades de los universitarios”, solidarizándose además con el personal del Hospital Universitario de Los Andes, ante la crítica situación por la que atraviesa el principal centro asistencial de la región.
