Ochenta y tres años separan dos reglamentos en materia de hidrocarburos para los venezolanos y, entre ambos, cabe casi toda la historia contemporánea de nuestro país. El de 1943 apareció cuando la Segunda Guerra Mundial había convertido el suministro de energía en una cuestión estratégica y Venezuela comenzaba a ordenar una industria que crecía bajo el régimen de concesiones. El de hoy llega en otro mundo, marcado por la seguridad energética, la competencia por capital y tecnología, la transición hacia fuentes de menor intensidad de carbono y una exigencia ambiental que ya condiciona el acceso a mercados. En épocas distintas, los dos textos responden a una misma necesidad, donde la LOH 2026 ha fijado el camino, pero es el reglamento el que convierte sus principios en decisiones, procedimientos y responsabilidades.
El valor histórico del reglamento de 1943 es que acompañó a una de las leyes más transcendentes en materia petrolera para la época y la cual les dio pie a muchas otras leyes en el mundo, especialmente en Medio Oriente. Su trascendencia estuvo en construir una gramática operativa para el petróleo venezolano. Reguló concesiones, planos, perforaciones, almacenamiento, transporte, refinación, fiscalización y pago de impuestos. También fortaleció la inspección técnica, exigió información sobre producción y pozos, estableció medidas de seguridad y ordenó controlar el gas para aprovecharlo o devolverlo al yacimiento cuando fuera posible. Era una respuesta propia de su tiempo, minuciosa y centrada en vigilar una industria expansiva.
El reglamento de 2026 debe juzgarse con la misma perspectiva práctica. No tendría sentido esperar que repita las soluciones de hace ocho décadas, porque la industria que debe regular es radicalmente distinta. Venezuela ya no enfrenta el desafío de administrar una frontera petrolera casi virgen, sino el de recuperar campos maduros, rehabilitar infraestructura, atraer inversiones de alto riesgo, incorporar tecnología, mejorar el recobro y colocar sus hidrocarburos bajo condiciones comerciales y ambientales cada vez más rigurosas. El nuevo texto resulta conveniente porque traduce la reforma legal en reglas para toda la cadena, desde la exploración y la extracción hasta el mejoramiento, la refinación, la industrialización y la comercialización.
Uno de sus aportes más relevantes es la búsqueda de mayor previsibilidad. El reglamento incorpora como criterios la seguridad jurídica, la transparencia contractual, la buena fe, la rendición de cuentas y la preservación del equilibrio económico financiero de los proyectos. También procura que la regulación se apoye en normas técnicas objetivas y verificables, con menos autorizaciones discrecionales. Para una actividad que exige grandes desembolsos y recuperación capital durante años, esta arquitectura importa tanto como la calidad del yacimiento.
En el corto plazo, el principal beneficio puede ser la reducción de fricciones. Definir con mayor precisión quién opera, cómo se presentan los planes de negocios, en qué condiciones se fiscaliza la producción y de qué manera se articulan las empresas estatales, mixtas y privadas permite ordenar responsabilidades antes dispersas. Esa claridad puede acelerar mantenimiento, contratación de servicios, incorporación de equipos, reactivación de pozos y recuperación de instalaciones. También ofrece una señal favorable a proveedores nacionales, trabajadores y empresas de ingeniería, porque el contenido nacional pasa a formar parte de los proyectos.
La fiscalización moderna es otro punto decisivo. El nuevo reglamento fortalece la medición de volúmenes y calidades, la trazabilidad de la información y el uso de plataformas integradas de datos. Esto protege la renta pública, mejora la administración de los yacimientos y reduce espacios para pérdidas, inconsistencias o decisiones tardías. En una industria compleja, controlar no significa paralizar. Significa saber qué se produce, cuánto cuesta, qué se pierde, qué se comercializa y qué puede mejorarse. Una autoridad con información confiable puede exigir cumplimiento sin convertir cada operación en un laberinto administrativo.
En el mediano plazo, la trascendencia del reglamento puede observarse en su mirada sobre el gas asociado, el mejoramiento de crudos pesados, la refinación, la investigación y la innovación. El aprovechamiento del gas, la reducción de la quema y el venteo, la eficiencia energética, el seguimiento de emisiones y la incorporación de tecnologías digitales ya no son asuntos periféricos. Son condiciones para producir con mayor eficiencia, reducir impactos y sostener acceso a compradores, financiamiento y socios sometidos a estándares ambientales crecientes. Venezuela no necesita escoger entre producir hidrocarburos o reconocer la transición energética. Necesita producir mejor mientras diversifica capacidades y aprovecha responsablemente la ventana económica que aún existe para sus recursos.
Esa ventana no debe entenderse como una cuenta regresiva dramática, sino como una etapa de competencia más exigente. El petróleo y el gas continuarán siendo necesarios, pero no todos los barriles tendrán la misma oportunidad. Tendrán ventaja aquellos que lleguen al mercado con costos razonables, continuidad operativa, seguridad jurídica, trazabilidad y menor impacto ambiental. El reglamento de 2026 coloca varias de esas piezas sobre la mesa y ofrece un marco para que la industria venezolana deje de reaccionar ante emergencias y vuelva a planificar.
Sin embargo, ninguna arquitectura interna puede desplegar plenamente sus efectos mientras persistan sanciones que restringen financiamiento, pagos, seguros, tecnología, transporte y relaciones comerciales. Las licencias parciales pueden aliviar operaciones concretas, pero no sustituyen la normalidad económica que requiere una industria de escala mundial. Para que los primeros resultados positivos del reglamento se materialicen, es imprescindible eliminar esas sanciones. Venezuela puede ordenar sus reglas, mejorar sus contratos y elevar sus controles, pero necesita recuperar acceso estable a los circuitos internacionales donde se financia, equipa, asegura y comercializa el petróleo.
Ochenta y tres años después, el país vuelve a convertir una ley en materia de hidrocarburos en una herramienta operativa para un momento histórico complejo. El reglamento del 43 ayudó a organizar una industria que se expandía en medio de una guerra mundial. El de hoy puede ayudar a reconstruirla en una época de transición, competencia y restricciones externas. Su éxito dependerá de la coherencia con que se aplique, de la transparencia institucional y de la apertura efectiva del país a la inversión y al comercio. Allí reside su oportunidad más seria, donde el petróleo vuelva a ser una plataforma de trabajo, conocimiento y desarrollo, y con ello, el reimpulso y renacimiento de Venezuela, el país que todos nos merecemos.
Prof. Rafael Rosales
Escuela de Ingeniería Geológica (ULA)
Doctorando en Economía Aplicada (IIES-ULA)
20-07-2026
