De acuerdo con los datos presentados por el Observatorio de Universidades (OBU), el sistema público de educación superior se encuentra desfinanciado y prácticamente abandonado por el Estado, trasladando todo el peso de la responsabilidad económica y operativa a los hombros de las familias y los propios estudiantes.
Las cifras sobre las condiciones básicas de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) evidencian un deterioro extremo de la infraestructura física. Según los datos divulgados por el OBU, el 88% de las instituciones no cuenta con servicio de agua continua, una crisis sanitaria que golpea con mayor severidad a las regiones Nororiente (94%) y Central (92%).
A la escasez hídrica se suma la precariedad sanitaria: el 80% de las casas de estudio no tiene baños que funcionen con frecuencia. Aunque la falla afecta al 56% del sector privado, la brecha se vuelve dramática en las universidades públicas, donde apenas el 20% logra mantener sus sanitarios operativos. Por otra parte, aunque un 77% del total de las aulas cuenta con iluminación, la disparidad entre sectores vuelve a quedar al descubierto: mientras el 70% de las universidades privadas dispone de espacios iluminados, solo el 23% de las instituciones públicas cumple con esta condición básica para impartir clases.
Entre 40 y más de 200 dólares mensuales
Para contrarrestar la falta de recursos y servicios, los estudiantes han recurrido a mecanismos de autoprotección y autogestión en su cotidianidad. El informe detalla que tres de cada diez estudiantes realizan aportes frecuentes de su propio bolsillo para solventar problemas críticos de infraestructura, tales como reparaciones de equipos y aulas, colocación de luminarias en los espacios de estudio, compra de equipos tecnológicos para la universidad y el financiamiento parcial de los costos de transporte de los propios profesores universitarios.
Más instituciones y menos matrícula
El colapso del sistema no solo se refleja en la precariedad física y económica, sino también en cifras oficiales y reportes recientes que muestran una disminución de la matrícula estudiantil superior al 30% (específicamente un descenso de más del 34% desde 2012). Lo paradójico de este fenómeno, según explica el Observatorio, es que contrasta directamente con las políticas gubernamentales: mientras la matrícula caía drásticamente, el Ejecutivo ampliaba el número de instituciones de educación superior en más de un 30%.
Sin embargo, la creación de estas nuevas casas de estudio vino acompañada de profundas deficiencias estructurales, como mayor precariedad y falta de transporte adecuado, escasas condiciones tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje, horarios reducidos con menor cantidad de días presenciales y el aumento de modalidades improvisadas, como impartir clases a través de plataformas de mensajería.
Exclusión del 80% de los jóvenes y vulnerabilidad crítica
Esta política errática ha dado como resultado un sistema profundamente excluyente que deja fuera al 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años en Venezuela, logrando retener en las aulas a menos del 20% de la población en esa franja de edad.
El panorama es aún más alarmante al constatar que incluso ese reducido 20% que permanece en las universidades enfrenta una enorme vulnerabilidad y altos riesgos de abandono, obligados a estudiar en recintos sin agua ni baños y bajo las precarias condiciones operativas descritas por el OBU. En definitiva, la universidad pública venezolana sobrevive a pulso gracias al esfuerzo heroico de las familias, mientras el Estado continúa ausente de su rol garante.


