El Gobierno ha contabilizado ya 900 mil solicitudes de migrantes interesados en regularizar su situación en España, cuando faltan solo dos semanas para que termine el plazo para presentar estas peticiones, fijado para el 30 de junio. Esta cifra marca un nuevo récord respecto a procesos de regularización anteriores, según ha adelantado el diario El País.
De esas 900 mil solicitudes presentadas, cerca de 360 mil ya han sido admitidas a trámite, según ha indicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde hacen un llamamiento a la calma y a completar las solicitudes para que “nadie se quede fuera” del proceso.
Sin embargo, las entidades sociales colaboradoras de Extranjería que están ayudando a las personas migrantes a tramitar sus solicitudes para poder acceder al permiso de residencia y trabajo que otorga la regularización, han denunciado las numerosas “trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés” que ha habido desde que inició el proceso a mediados de abril.
Complicaciones para migrantes de varios países
Para personas procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia está siendo especialmente complicado conseguir el certificado de antecedentes penales, indispensable para hacer la solicitud. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, complica la gestión y prolonga los tiempos de espera, han criticado desde el movimiento Regularización Ya.
Otros muchos solicitantes también han tenido dificultades en los servicios sociales de los ayuntamientos para lograr el certificado de vulnerabilidad, que se les exige a quienes no han trabajado en España con contrato y no tienen hijos menores a su cargo.
Regularización Ya también ha denunciado que el aislamiento de ciertos trabajadores migrantes como jornaleros e internas en el servicio doméstico complica aún más su acceso. “Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso hay internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días. Si además esa trabajadora está enferma o no llegan los hijos de la persona que está cuidando, no puede salir de la casa, con lo cual no puede tramitar la documentación necesaria”, explicaba hace unos días a Infobae Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA.
En muchas ocasiones las trabajadoras internas también tienen problemas a la hora de demostrar que acreditar los cinco meses de residencia continuada que exige el proceso, además de que deben demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2015. “No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa. Nos ha llegado el caso de una mujer que solamente necesita una prueba de residencia de un mes, pero no puede aportarla porque durante ese mes no pudo salir de la casa donde trabaja. Por situaciones como esta decimos que el trabajo de interna es la esclavitud moderna”, indicaba Cabrera.
Reclaman una prórroga
Ante esta situación, las organizaciones sociales han reclamado una extensión del plazo, más allá del 30 de junio, aunque por el momento el Ejecutivo mantiene esa fecha como último día para presentar las solicitudes. De hecho, Regularización Ya ha registrado -a través de Podemos, Sumar, Eh Bildu, ERC y BNG- una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para pedir al Gobierno que facilite la legalización de documentos y que se asigne automáticamente una cita para la toma de huellas con la resolución.
También han reclamado que se paralicen las deportaciones de migrantes en proceso de regularización, una reivindicación a la que se sumó el pasado 1 de junio el Defensor del Pueblo.
Esta es la sexta vez que España pone en marcha un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, ya que tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista han recurrido a este mecanismo en el pasado para responder a la realidad de miles de migrantes que residen y trabajan en el territorio pero sin acceso de derechos básicos.
15-06-2026
