El 27 de febrero de 1989 es una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva de Venezuela como un punto de inflexión en la historia contemporánea del país. Conocido como el «Caracazo» o «El Sacudón», este día representó el estallido social más significativo de las últimas décadas, un grito desesperado de un pueblo agobiado por la crisis económica, la desigualdad y la falta de respuestas políticas efectivas.
En aquel entonces, Venezuela vivía bajo el mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, quien había iniciado su segundo gobierno con un paquete de medidas económicas neoliberales, impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas medidas, conocidas como «El Paquetazo», incluían la liberalización de precios, la eliminación de subsidios y el aumento de la gasolina, lo que generó un incremento abrupto en el costo de la vida. Para una población ya golpeada por la pobreza, la inflación y la devaluación de la moneda, estas políticas fueron la gota que derramó el vaso.
El descontento popular, acumulado por años de desigualdad y corrupción, explotó en forma de protestas masivas y saqueos en Caracas y otras ciudades del país. Durante varios días, las calles se convirtieron en escenarios de caos y violencia, mientras el gobierno respondía con una represión militar desproporcionada. El saldo final fue trágico: cientos de muertos, miles de heridos y una herida profunda en el tejido social venezolano.
A 34 años de aquellos sucesos, el 27 de febrero sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de la exclusión, la injusticia y la falta de diálogo entre el Estado y la sociedad. Aquel día no fue solo una protesta contra el aumento de los precios del transporte, sino un reclamo histórico por dignidad, justicia y oportunidades. Fue el reflejo de un sistema político y económico que había dejado de lado a los más vulnerables.
Hoy, en un contexto diferente pero con desafíos similares, Venezuela sigue enfrentando una crisis profunda que afecta a millones de personas. La inflación, la escasez de servicios básicos, la migración masiva y la polarización política son problemas que persisten y que demandan soluciones urgentes. El legado del 27 de febrero nos llama a reflexionar sobre la importancia de construir un país más inclusivo, donde las políticas públicas estén centradas en el bienestar de la gente y no en intereses particulares o ideológicos.
El Caracazo no debe ser visto solo como un episodio trágico, sino como una lección histórica. Nos enseña que la estabilidad de un país no se construye con represión ni con medidas económicas impopulares, sino con diálogo, justicia social y respeto a los derechos humanos. Es una fecha que nos recuerda que el pueblo, cuando se siente ignorado, puede levantarse con una fuerza imparable.
En este aniversario, honramos la memoria de quienes perdieron la vida aquel febrero de 1989 y reafirmamos la necesidad de trabajar por un futuro donde la equidad y la paz sean posibles. Que el 27 de febrero no sea solo un recordatorio del pasado, sino una inspiración para construir un país mejor.
Redacción C.C.
27’02’2025
