Este 29 de octubre se cumplieron 37 años de la masacre de El Amparo, uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos en Venezuela. La organización Provea denunció que, a casi cuatro décadas del crimen, el Estado no ha mostrado voluntad política ni judicial para sancionar a los responsables.
En un comunicado difundido en su cuenta en X, Provea recordó que los autores materiales del crimen fueron identificados y confesos, pero nunca recibieron condenas proporcionales. Por el contrario, algunos de ellos “fueron premiados con cargos públicos”, señaló la ONG.
“El Estado venezolano no ha tenido voluntad para hacer justicia”
Provea subrayó que, pese a que el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1994, y el Estado venezolano fue declarado culpable en 1995, las medidas de reparación no se han cumplido en su totalidad.
El gobierno de Rafael Caldera reconoció la responsabilidad internacional y otorgó indemnizaciones a las víctimas, pero el compromiso de investigar y sancionar a los culpables no se materializó.
En 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia que había absuelto a los militares y policías implicados, ordenando reabrir el proceso judicial. Sin embargo, casi una década después, no ha habido avances significativos.
Las víctimas de la masacre de El Amparo
Los únicos sobrevivientes, Wolmer Pinilla y José Arias, continúan reclamando justicia junto a los familiares de los pescadores asesinados, con el acompañamiento de Provea y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Provea reiteró que la impunidad de la masacre El Amparo refleja la continuidad de la falta de justicia en Venezuela y reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las víctimas.
“Han pasado 37 años y la masacre de El Amparo sigue impune. Hay impunidad en el pasado y en el presente… pero los sobrevivientes y familiares no se rinden”, concluyó la organización.
