Prof. Francisco Ferreira de Abreu
“El caos es un orden por descifrar”
Después de 18 años vamos a elegir autoridades…, a renovarlas…, a recuperar la democracia. Tendremos nuevas autoridades universitarias… Vivimos un momento histórico… Este es el sentir estudiantil y el de toda la comunidad universitaria. No es para menos. Sin embargo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Que la emoción no nos atropelle. Comenzando por tener en cuenta que el tiempo pasado sin tener elecciones universitarias, se explica, en mayor medida, por la decidida política gubernamental de intervención de la Universidad pública, nacional y autónoma. A tales fines y a diferencia de otros tiempos, no han necesitado tanquetas para violar el recinto universitario, pues les ha bastado con recurrir a quien en teoría estaba –y está– llamado a proteger dicho asilo y la autonomía universitaria, a saber: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En palabras de Hans Kelsen, quien fuera Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia (Alemania), se han servido de quienes pueden violar la Constitución, esto es, de aquellos que tienen el deber de cumplirla. Lo cual, dicho sea, no habría sido posible sin el concurso de los fungibles «sicarios judiciales», siempre prestos a interponer acciones y solicitar medidas cautelares para impedir las elecciones universitarias desde el 2011 hasta la fecha.
En este sentido, lo requerido por quienes han intentado las acciones judiciales y lo decidido por ambas Salas del máximo Tribunal, atiende al ideal gubernamental –revolucionario y plebiscitario– de “democratizar” la Universidad mediante la democracia participativa y protagónica, con el establecimiento del voto paritario y la participación en “igualdad de condiciones” de toda la Comunidad Universitaria, como pauta el artículo 34 ordinal 3º de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE). Tal designio de “democratización”, han de saberlo los entusiastas y emocionados estudiantes, se corresponde con la pretensión de cooptar políticamente la institución que falta por ser cooptada en su totalidad: la Universidad autónoma. Por ejemplo, a través de su masificación y la subsiguiente manipulación del voto estudiantil. Lo cual, «para que no los entierren en urna blanca», en modo alguno es exclusivo de la política gubernamental.
Así las cosas, la prestación de la Sala Constitucional del TSJ, de entrada, ha consistido en retardar procesalmente –hasta el presente– una demanda de nulidad interpuesta contra la LOE y, en particular, su artículo 34 ordinal 3º, por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y las demás Universidades, entre ellas la Universidad de Los Andes. Adicionalmente a ello, en suspender algunos artículos de la vigente Ley de Universidades, dictar “judicialmente” un reglamento transitorio para la Universidad Central de Venezuela, en un todo de conformidad con la ratio legis del artículo 34 de la LOE, así como en ordenar a la UCV y las demás Universidades celebrar elecciones de acuerdo con dicha reglamentación judicial. He aquí la razón existencial de los Reglamentos Transitorios, los cuales, por cierto, a tenor de lo dicho recientemente por la ministra de Educación Universitaria, se están unificando en el CNU para reglamentar los procesos electorales en las Universidades del país. De suyo entonces, las Universidades no han convocado autonómicamente sus elecciones, sino que se han visto forzadas a hacerlo por el retardo procesal y la privación de su autonomía por parte del TSJ. Por tanto, aunque hemos elegido representación profesoral en los órganos cogobierno el 7O y estamos próximos a elegir autoridades universitarias el 11N, no lo hemos hecho con total libertad y autonomía. Tampoco asistimos a estas elecciones con la certidumbre de que no nos encontraremos con alguno de los fungibles sicarios judiciales. El estado de naturaleza que ellos representan siempre está a la vuelta de la esquina.
Esta reglamentación judicial de las elecciones universitarias se concretó en la sentencia Nº 324 del 27 de agosto de 2019 de la Sala Constitucional[1]. En el dispositivo de esta decisión, dictada con 10 años de retardo procesal en el expediente iniciado en virtud de la mentada demanda de nulidad, en primer lugar, se dice haber declarado “parcialmente con lugar” la medida cautelar solicitada con motivo de dicha demanda, ordenándose celebrar elecciones de autoridades en la UCV, con apego al “reglamento judicial transitorio” que al efecto y, en segundo lugar, decretó “cautelarmente” la Sala hasta que se resolviera “… en la sentencia definitiva el mérito de la demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación…”[2], suspendiendo los artículos 31, 32 y 65 de la vigente Ley de Universidades; en tercer lugar, ordenando la publicación de la sentencia en las Gacetas, Oficial y Judicial, de la República, debiéndose indicar en el sumario de las mismas: “… Sentencia de la Sala Constitucional que establece, cautelarmente hasta que se resuelva en sentencia definitiva la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, las pautas para efectuar las elecciones de las autoridades universitarias con período académico vencido…”; en cuarto lugar, ordenándose la continuación del trámite de la demanda de nulidad; y, en quinto lugar, ordenándose a la Secretaría de la Sala notificar al CNU para que realizara la divulgación del contenido de la sentencia a las demás Universidades del país y procediera “… a fijar el cronograma para la realización de las elecciones de las demás Universidades Nacionales, distintas a la Universidad Central de Venezuela…”.
El dispositivo de la sentencia es tan claro en sus pretensiones, que leído así poco quedaría por decir en cuanto a la flagrante violación del principio constitucional y jerárquico de autonomía universitaria, previsto en el artículo 109 de la norma fundamental. No obstante, una lectura menos inocente de la decisión y su dispositivo, así como de la demanda de nulidad y la cautelar innominada solicitada en razón de tal demanda, invitan a poner de relieve un asunto cardinal:
Lo que en realidad hizo la Sala Constitucional no fue declarar parcialmente con lugar la cautelar solicitada con fundamento en lo requerido en la demanda de nulidad de la LOE y el artículo 34 ordinal 3º. Por el contrario, lo decidido por la Sala, a falta de un sicario judicial que demandara la nulidad de tal normativa, fue utilizar la demanda de nulidad, precisamente, para reglamentar las elecciones universitarias conforme a la LOE y el precitado artículo 34 ordinal 3º. Dicho de otro modo, para hacer nugatoria la cautelar solicitada con la demanda de nulidad, pues los demandantes de la nulidad lo que requirieron fue que se suspendieran los efectos del aludido artículo 34 ordinal 3º, para que la UCV y las demás Universidades, entre ellas, la Universidad de Los Andes, pudieran convocar elecciones de acuerdo con la Ley de Universidades, la Constitución de la República y su normativa interna, claro está, en el ejercicio de su derecho autonómico.
Aún más, la reglamentación judicial transitoria decretada por la Sala tampoco puede tenerse como una decisión “cautelar”, como se dijo, hasta que se resolviera “… el mérito de la demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación…”, dado que tal reglamentación judicial de las elecciones universitarias, de acuerdo con el artículo 34 ordinal 3º de la LOE, acabó por decidir el fondo de la controversia, por lo que haber ordenado el trámite de la demanda de nulidad por parte de la Sala, sin que hasta el presente haya habido decisión alguna, sólo tenía –y ha tenido– el sentido de mantener el retardo procesal hasta el infinito. Ahora mismo, hasta después de que el diligente Ministerio de Educación Universitaria, conjuntamente con el CNU, presente el Proyecto de la nueva Ley de Universidades. Seguramente no sólo para refrendar lo establecido en la LOE y su artículo 34 ordinal 3º, sino en la modificación del artículo 109 de la Constitución, propuesta en la Reforma Constitucional de 2007, rechazada en Referéndum, muy a pesar de los designios del Poder Ejecutivo.
Lo antedicho viene a cuento por la necesidad de reafirmar en los estudiantes la importancia de estas elecciones, la cual trasciende el ejercicio de sus derechos políticos y la renovación de algunas autoridades. También por la de poner de relieve, que la ponente de la decisión en comento, inexplicablemente, como en el Síndrome de Estocolmo, ha sido designada “Oradora de Orden” en el acto protocolar del pasado 6 de noviembre, celebrado con motivo del CCXXXVI Aniversario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad de Los Andes; ante lo cual, con todo respeto, he de expresar mi desacuerdo.
[1] Véase en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/307191-0324-27819-2019-09-1170.HTML
[2] Cfr. en el dispositivo de la sentencia
10-11-2026
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