Por: Angélica Villamizar…
Enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama es una de las batallas más difíciles que puede librar cualquier mujer. Sin embargo, en Venezuela, el dolor y la incertidumbre que conlleva la enfermedad se ven multiplicados por un obstáculo previo y devastador, como es la imposibilidad de acceder a un diagnóstico a tiempo.
Realizarse una mamografía o un eco mamario en el sistema de salud público venezolano se ha convertido en una odisea prácticamente imposible. La falta de equipos operativos, la ausencia de insumos básicos y el deterioro sistemático de los hospitales obligan a miles de mujeres a acudir al sector privado, donde los costos resultan inalcanzables para la gran mayoría, cuyos salarios no cubren ni la canasta básica. Esta barrera económica no es solo una traba administrativa; es una sentencia que posterga diagnósticos y reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia.
Las cifras más recientes nos enfrentan a una realidad alarmante que no permite rodeos ni discursos evasivos. En Mérida en el último año se diagnosticaron 44 mujeres con cáncer de mama y a nivel nacional el año pasado en 2025, se registraron 3.600 fallecimientos de un total de 9.630 casos diagnosticados.
Que más del 37% de las mujeres diagnosticadas fallezcan en un solo año es un reflejo desgarrador del estado de desprotección en el que nos encontramos las mujeres. Estas no son simples estadísticas; son madres, hijas, hermanas y abuelas cuya partida deja un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad.
Es hora de exigir una reflexión profunda y una acción inmediata. El Estado tiene la obligación constitucional y moral de garantizar el derecho a la salud. Resulta inaceptable que se desvíen recursos prioritarios mientras la red hospitalaria carece de mamógrafos funcionales, reactivos, medicamentos oncológicos y tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
Basta ya del desvío de recursos. Las mujeres venezolanas no podemos seguir esperando mientras la burocracia y el abandono oficial deciden sobre nuestras vidas. Se requiere una inversión urgente, transparente y sostenida en dotación médica y atención especializada. Salvar vidas no es una opción ni un privilegio, es un deber del Estado y un derecho de todas.
29-10-2026 (190-2026)
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