En toda institución de la administración pública ha existido el abuso de poder, bien sea desde el que tiene bajo rango hasta el de más alto nivel. Durante estas últimas dos décadas se ha profundizado, partiendo desde los beneficios que ofrece el gobierno nacional como son los programas sociales, e incluso con servicios necesarios, como la salud, alimentación, combustible, entre otros: para tener control social sobre los ciudadanos, donde en algunos casos los hacen asistir a diferentes actividades de proselitismo político, gran parte con fines electorales, y que a su vez, los afectados realizan denuncia en los diferentes medios, ya sea de comunicación o redes sociales.
Los casos más denunciados son el de la alimentación con los Clap en las comunidades a nivel nacional, donde reciben alimentos en mal estado o vencidos, no tienen el complemento nutricional, gran parte solo reciben carbohidratos, como pasta, arroz y algunos casos contienen granos, no se cuenta con proteínas, lácteos, y demás productos aptos para el consumo, garantizado por el mismo ejecutivo nacional. En el área de la Salud, la mayoría de las denuncias se centran en que familiares de los pacientes tienen que recurrir a la compra del tratamiento o insumo dentro de un mismo centro asistencial, cuando es prohibida su venta y deberían ser asignados a los pacientes de manera gratuita por su alto costo. Por parte de la gasolina, se ha de notar que en las estaciones de servicio, controladas por la Guardia Nacional, se realizan dos colas para surtir dicho combustible, una “normal”, y otra V.I.P, donde ésta última pagan en divisas para no proceder a las largas colas que se hacen, e incluso, hay estaciones que no son tomadas por los organismos de seguridad, sino por las autoridades gubernamentales o protectorados en los niveles regionales y municipales, cuando éstos no tienen competencia en el rubro del combustible. Otro de los casos más conocidos por abuso de poder, ocurren en las oficinas de servicios de notariado, registros, pasaporte, entre otros, donde los funcionarios adquieren una retribución por parte de los usuarios para agilizar el procedimiento administrativo requerido, de manera inmediata o en el menor tiempo posible, en la mayoría de las veces los mismos servidores asignan el precio de la gestión a realizar, teniendo un alto costo para tal fin.
La pérdida de la dignidad ocurre por ambas partes, la primera es por el lado de algunos funcionarios públicos, dejando a un lado su ética y valores institucionales, recibiendo un salario en el organismo que labora, cometiendo actos de corrupción menor; está la otra parte, el del usuario, accediendo al pago indebido del servicio o “gestión” como lo suelen llamar, para recibir el documento requerido por el beneficiario. Así como estas acciones corruptas hechas por el sistema, como otras más, nos debe llevar a nosotros como ciudadanos es, hacerle frente, realizando denuncias, por ejemplo en organizaciones no gubernamentales, que pueden acompañar o realizar dichas denuncias; y no acceder a las pretensiones de los funcionarios que soliciten una retribución adicional al salario, con el fin de realizar la labor que le corresponde. Con la visión, el esfuerzo y unión de los ciudadanos, podemos llegar a ser un país digno, donde podamos bajar los altos niveles de corrupción que existen hoy día en el estado venezolano. Liz Rodriguez, aliada de la Coalición Anticorrupción Mérida.
24-01-2021
Foto: Referencial
