Para ser profesor universitario en Venezuela no se necesita revisar estadísticas para explicar la crisis económica que atraviesa el sector
Para poder salir del país, Juan*, un ex profesor universitario, y su esposa tuvieron que vender algunas de sus pertenencias, entre ellas una colección de cuentos infantiles de su hijo. «Él (su hijo) pensaba que esto era un viaje de paseo, hasta que poco a poco le hemos ido diciendo y explicando cuál es la situación», confiesa.
En efecto, el proceso de esta familia no se trató de un paseo. Fue una de las tantas migraciones forzadas —no registradas con precisión— por miedo a la represión política que aumentó en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Juan, cuya identidad real pidió fuese resguardada por el temor que lo persigue incluso fuera del país, era profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas y nunca vio su actuar académico, como un hecho que lo expusiera al peligro. Pero esto cambió.
En el caso de Juan su ingreso en 2014 en la UCV como investigador del Centro para la Paz y Derechos Humanos, en donde alcanzó liderazgo y vocería, lo puso en el radar de un gobierno que busca acallar la disidencia.
Profesor en la mira del gobierno
En el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, ocurrió la detención del economista y profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC) Santiago Guevara, por sus opiniones políticas publicadas en medios digitales. Juan fue uno de los abogados y defensores de derechos humanos que lo asistieron legalmente.
Desde entonces, Juan era fotografiado y filmado en cada protesta social en la que participaba. Funcionarios policiales y militares lo amenazaron en diversas ocasiones. En 2021, cuando el gobierno de Nicolás Maduro creó la Comisión Presidencial para la recuperación de la UCV, Juan y los demás miembros del Centro para la Paz y Derechos Humanos denunciaron las irrupciones de funcionarios de la fuerza pública, así como de civiles armados, dentro de la universidad.
Juan sintió que el cerco de peligro comenzó a estrecharse a comienzos de 2024. «Dos semanas antes de que detuvieran a Rocío San Miguel (9 de febrero de 2024), yo había estado con ella en el encuentro nacional de defensores de derechos humanos. Estuvimos en contacto telefónico luego, planificando acciones conjuntas en nuestro trabajo por los derechos humanos. Cuando la detuvieron, me asusté», confiesa.
Con el aumento de la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Juan comenzó a sentir que la necesidad de salir del país era una decisión que no debía postergar más. Lo conversó con su esposa y empezaron a vender sus pertenencias para juntar todo el dinero que pudieran.
Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en 2024 hubo al menos 60 casos de persecución política contra universitarios en Venezuela, incluyendo 47 detenciones arbitrarias de estudiantes, profesores y trabajadores. La mayoría de estas agresiones ocurrieron en el contexto de represión postelectoral.
Juan tiene casi un año fuera de Venezuela, un poco menos que el tiempo que lleva cerrado el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV, su lugar de trabajo y lucha por más de una década.
Para ser profesor universitario y seguir ejerciendo en Venezuela no se necesita revisar estadísticas ni estudios para explicar la crisis económica que atraviesa el sector académico. Basta con mirar a diario la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para constatar cómo, día tras día, su salario se disuelve como sal en el agua.
Un profesor titular a dedicación exclusiva, con más de 15 años de servicio, un doctorado culminado y varias publicaciones, percibe un salario de 522.16 bolívares, equivalentes a menos de 3 dólares mensuales. Con eso se puede cubrir apenas dos días de pasaje interurbano en Caracas.
El panorama es aún más precario para quienes inician su carrera. Un profesor recién contratado a tiempo completo gana 320 bolívares ($1,84, al cambio oficial del viernes 26 de septiembre) y uno a medio tiempo apenas 70 bolívares ($0,40) al mes. Los sueldos permanecen congelados desde marzo de 2022.
José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), describe la situación como un proceso de «desalarización». Aunque reconoce que la crisis se ha prolongado en el tiempo, asegura que los años de hiperinflación y la etapa previa a la pandemia fueron aún más críticos.
Ante este escenario, la mayoría de los docentes se ven obligados al pluriempleo. Según cálculos de Apucv, a finales de 2022 más del 44 % de los profesores universitarios venezolanos se dedicaba a otro oficio o se había ido del país. Afonso relata el caso de un profesor con doctorado, de quien se reserva la identidad, que se gana la vida como taxista: «No es tan permanente (en el tiempo), pero ocurre», precisa.
Otros dependen de las remesas enviadas por familiares en el exterior. «No es un tema del que hablemos mucho, porque no se trata de victimizarse, pero es real. A veces, los zapatos que uno usa son un regalo de un hermano que vive afuera», confesó Afonso.
Según el Observatorio de Universidades (OBU), los profesores universitarios venezolanos son los peor remunerados de la región. Están incluso por debajo de los cubanos, que perciben en promedio 29 dólares al mes. En contraste, Brasil encabeza la lista con un salario de 4.231 dólares para sus docentes.
Lee el trabajo completo en La Hora de Venezuela
28-09-2025
