Cada 28 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública, una fecha instituida por la UNESCO para recordar una verdad fundamental, el acceso a los datos del Estado no es una concesión benévola de los gobernantes, sino un derecho humano indispensable para el ejercicio de la democracia y la contraloría social.
En una sociedad sana, el ciudadano tiene el derecho inalienable de saber cómo se invierten los impuestos, qué insumos llegan a los hospitales, cuál es el estado de la red eléctrica o cuáles son los indicadores de salud pública. La transparencia es la luz que ilumina la gestión de los recursos que nos pertenecen a todos. Sin embargo, en Venezuela este derecho no solo se encuentra limitado, sino que está sistemáticamente vulnerado.
Durante más de dos décadas, la opacidad dejó de ser un problema burocrático puntual para convertirse en una política deliberada de gobierno. El Estado venezolano ha convertido la reserva y el ocultamiento de datos en la norma cotidiana. Boletines epidemiológicos silenciados, presupuestos nacionales aprobados en la penumbra sin rendición de cuentas, cifras macroeconómicas desactualizadas o maquilladas y procesos de contratación pública ejecutados a espaldas de la contraloría ciudadana son solo la superficie de una estructura opaca.
Esta negación sistemática a la información genera consecuencias directas en la vida de la gente:
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Alimenta la corrupción: La falta de datos de libre acceso crea el terreno fértil ideal para el desvío de fondos, la malversación y la impunidad. Cuando no hay cuentas claras, el patrimonio de la nación se evapora sin dejar rastro.
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Impide exigir soluciones: Un ciudadano que ignora el presupuesto asignado a su escuela o al centro de salud de su municipio queda desarmado para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes.
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Cierra el espacio cívico: El acoso, la persecución e intimidación hacia periodistas de investigación, ONG y defensores de derechos humanos que buscan documentar la realidad busca silenciar a quienes insisten en buscar la verdad.
El acceso a la información es el derecho que permite defender todos los demás derechos, sin él, no hay salud eficiente, ni educación de calidad, ni justicia imparcial.
En este 28 de septiembre, levantar la voz por el derecho a saber en Venezuela es un acto de resistencia democrática. Exigir datos abiertos, presupuestos transparentes e instituciones de cristal no es una demanda abstracta de académicos o periodistas; es una urgencia nacional para que la ciudadanía recupere el control sobre su presente y su futuro.
Redacción C.C.
28-09-2026
