Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Los acuerdos firmados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria en Barbados constituyen pasos positivos para la redemocratización de Venezuela, sin embargo, quedaron puntos espinosos que deberán cumplirse y abordarse de forma franca por los actores involucrados. Como son las inhabilitaciones de candidatos y la liberación de presos políticos, a pesar que existieron medidas para unos muy pocos injustamente detenidos, incluyendo personas con medidas sustitutivas. Lo concreto es que son muchos los que esperan por la solución de sus causas, injustamente retenidos por calificación de delitos rebuscados de la fiscalía y los tribunales.
Las delegaciones del oficialismo y una parte de los partidos que lo adversan, firmaron este martes dos acuerdos parciales en Barbados, que involucran nuevas garantías electorales para las presidenciales de 2.024 y que abrieron el camino al alivio de sanciones económicas estadounidenses. El documento secundado por ambas delegaciones no sólo incluye la realización de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, sino la participación de candidatos en medios de comunicación oficiales y la observación internacional. Los acuerdos permitieron la realización de las primarias sin una intervención judicial arbitraria, por parte del régimen, proceso que es un paso positivo y que permite la realización del ejercicio ciudadano, de parte de la base política opositora a elegir a su candidato o a su candidata de preferencia.
Los acuerdos de Barbados previamente cocinados en estufas americanas, fueron refrendados por los actores. Las circunstancias geopolíticas mundiales propiciaron la firma apresurada de un acuerdo ya aderezado. Lo cierto es que el régimen que encabeza Maduro tenía tiempo en conversaciones con la administración Biden, para conseguir condiciones económicas que permitieran la recuperación de la industria petrolera, y la mejora de su mermado flujo de caja en divisas. El departamento del tesoro en un memorándum alivió temporalmente y parcialmente sanciones económicas, que se habían establecido en el pasado. USA autorizó una licencia que permite por 6 meses las transacciones del sector petróleo y gas en Venezuela, renovable si el oficialismo cumple con sus compromisos de la ruta electoral acordada.
Otra licencia permite operaciones con la estatal venezolana de minería de oro, Minerven, y se modificaron licencias para levantar el veto al comercio secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos y títulos de deuda y acciones de PVDSA.
La acción anunciada por el gobierno estadounidense en cuanto a las sanciones puede representar un riesgo a corto plazo, debido a la falta de compromiso demostrada por el régimen de Maduro en el pasado. Aparentemente es un relajamiento bastante generoso que podría traer más expectativas positivas, que efectos reales dentro de Venezuela. Las inversiones en el sector petrolero no se dan de forma mágica, no las decretas y aparecen. Obviamente las empresas que han mantenido operaciones en Venezuela, son las que aprovecharán ese semestre sin restricciones económicas de Estados Unidos, entre las que se encuentran: Chevron, Repsol y Eni. Para algunos expertos se estima que la relajación de sanciones pudiera conllevar al aumento de 100.000 a 150.000 barriles de crudo más a la industria petrolera durante esos 6 meses. Lo cual se podría traducir en el incremento de 1 a 2 puntos porcentuales del producto interno bruto nacional.
Estos últimos días después de la firma del acuerdo, han ocurrido hemorragias de declaraciones de voceros oficiales americanos, en las cuales ponen presión al régimen de Maduro, condicionando el alivio de sanciones a supuestos acuerdos adicionales no establecidos en el firmado. Declaraciones refutadas por voceros oficiales del régimen, realizando ambos actores un boxeo de sombra y dardos de lado y lado, con muy poco veneno, o misiles con cargas de salva. Simplemente una guerra de cámaras y micrófonos para recrear a una audiencia sedienta de señales de triunfo o derrota.
Lo cierto es que el alivio temporal y parcial de sanciones, es una bomba de oxígeno para un régimen que tiene al país en las tinieblas. Con toda seguridad el entorno hará más factible las inversiones, ya que los riesgos y retornos podrán cuantificarse con mayor precisión. Mientras se mejora la percepción de riesgo del país, para las individualidades los peligros seguirán igual, los pasquines se mantienen en pescuezos de funcionarios públicos, incluyendo al presidente, con recompensas jugosas.
Importante para los venezolanos es que, en paralelo a la firma de los acuerdos la ONU dio luz verde para el manejo del fondo social para Venezuela que fue acordado en México el año pasado. El fondo fiduciario es de cerca 3.200 millones dólares, pero faltan algunos pasos para su instrumentación. Se tiene previsto que el fondo pueda atender cuatro áreas fundamentales, que se encuentran en al marco de la crisis humanitaria compleja que viene padeciendo el país en los últimos años. Educación, salud, seguridad alimentaria y sistema eléctrico son los sectores a atender con los recursos del fondo administrados por la ONU, bajo la observación de representantes del gobierno y la plataforma unitaria. Existe el compromiso del gobierno americano para que sus bancos puedan acceder a los recursos bloqueados en el sistema financiero internacional, y colocarlos a disposición de la ONU.
En conclusión, el acuerdo es beneficioso para el país, que el régimen intente sacar ventaja del mismo de cara al proceso electoral es una realidad inocultable, sin embargo, los impactos sobre la calidad de vida de los ciudadanos son un poco más inciertos. Los recursos no entraran de forma inmediata a las alforjas del régimen, como para esperar un ajuste salarial ya, sin que el mismo produzca presiones inflacionarias. El acuerdo deja muchas dudas y lagunas, hay que esperar cómo se avanza en el cumplimiento de los compromisos, para poder medir su eficiencia.
@germanrodri
@germanoveja
23-10-2023
