El acuerdo petrolero anunciado por Estados Unidos y Venezuela contempla inversiones por miles de millones de dólares y el desarrollo de reservas de crudo que convertirían al país norteamericano en actor con participación significativa en parte de los yacimientos venezolanos, pero el alcance del pacto ya genera cuestionamientos entre especialistas del sector energético y juristas, según Reuters.
El convenio, anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump y posteriormente confirmado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abarcaría cerca de 65.000 millones de barriles de petróleo recuperable, equivalentes a aproximadamente una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano.
Rodríguez aseguró que el acuerdo tendrá vigencia mínima de 25 años y estará acompañado por inversiones de aproximadamente 100.000 millones de dólares. También calculó que Venezuela recibiría alrededor de 209.300 millones de dólares entre regalías e impuestos, lo que representaría cerca de 19 dólares para el país por cada barril producido.
Sin embargo, especialistas han puesto bajo la lupa las condiciones en las que se negoció el pacto. El acuerdo no habría sido sometido a proceso competitivo y sus términos permanecieron bajo reserva hasta la semana pasada, en momento en que Venezuela atraviesa una reforma de su legislación petrolera y ajusta las condiciones de decenas de empresas mixtas y contratos existentes.
A esto se suma una de las principales incógnitas: qué compañías privadas estarán encargadas de operar los campos en representación de Estados Unidos. Aunque Trump señaló en redes sociales que el pacto contempla “una asociación con empresas privadas”, el gobierno estadounidense no ha hecho pública la lista de empresas que podrían asumir esas operaciones.
Especialistas cuestionan el marco jurídico
Las dudas también alcanzan la estructura legal del acuerdo y la participación que tendría Washington en la selección de los operadores y en el modelo bajo el cual serán explotados los campos.
“Si el objetivo era reducir el riesgo de invertir en Venezuela, Estados Unidos podría estar logrando precisamente lo contrario con esta transacción: debilitar aún más el ya frágil marco institucional del país”, afirmó Luisa Palacios, investigadora principal adjunta del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, considera que el reconocimiento formal del convenio por parte de Washington no necesariamente evitaría futuras disputas judiciales.
“A pesar de haber sido reconocido formalmente por Estados Unidos, el acuerdo podría ser llevado a los tribunales en el futuro”, afirmó Apitz.
La falta de información oficial también se extiende a las empresas que participarían en el negocio. North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el inversionista venezolano Alejandro Betancourt y señalada en informaciones de prensa como posible participante, manifestó al New York Times su disposición a trabajar con Estados Unidos.
Ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Energía estadounidense, ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela o Petróleos de Venezuela (Pdvsa) respondieron a las solicitudes de comentarios citadas en el reporte.
Reservas concentradas en la Faja del Orinoco
El volumen de crudo contemplado en el convenio estaría distribuido en 17 campos petroleros. La mayor parte se ubica en 8 grandes bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que otros yacimientos se encuentran en la zona del lago de Maracaibo, de acuerdo con una lista revisada por Reuters.
Un estudio de Gas Energy Latin America estimó que esos campos reúnen alrededor de 63.700 millones de barriles de reservas probadas, tomando como referencia un factor de recuperación de 20%. Ese porcentaje es considerado técnicamente alcanzable, aunque todavía no ha sido conseguido en esos activos.
El desarrollo de estos campos requeriría además combinación de proyectos nuevos y recuperación de infraestructura existente. Los yacimientos maduros permitirían iniciar producción exportable, mientras que otros proyectos dependerían de la rehabilitación de instalaciones en el lago de Maracaibo y de otras inversiones en la Faja del Orinoco, donde predomina el crudo extrapesado.
Expertos calculan que la explotación de las reservas recuperables podría extenderse durante más de 25 años.
Cuestionan ingresos previstos para Venezuela
Otro de los puntos que ha despertado críticas, se acuerdo con Reuters,, es la cantidad de recursos que recibiría el Estado venezolano en concepto de impuestos y regalías.
“Los impuestos que se recaudarán, anunciados por el gobierno interino, son increíblemente bajos”, declaró Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, en una publicación en redes sociales el sábado.
Monaldi también cuestionó la falta de transparencia que a su juicio rodea la política petrolera venezolana, en momentos en que Estados Unidos mantiene supervisión sobre el sector desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
De acuerdo con las condiciones anunciadas, Estados Unidos tendría participación prevista de 55% en las asociaciones vinculadas con los campos. Esta estructura podría incrementar el flujo de petróleo venezolano hacia territorio estadounidense, destino que recibe cerca de 60% de las exportaciones de crudo de Venezuela.
Trump vincula el acuerdo con las reservas de crudo de EE UU
El pacto también adquiere relevancia para Washington por la situación del mercado energético estadounidense. Trump afirmó el domingo que los nuevos suministros provenientes de Venezuela contribuirán a reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
La reserva se situaba este mes en aproximadamente 290 millones de barriles, cerca de su nivel más bajo en 44 años, según la información citada en el reporte.
El acuerdo, por tanto, abre otro capítulo en la relación energética entre ambos países, pero sus condiciones todavía dejan interrogantes sobre el mecanismo de adjudicación de los campos, las empresas que participarán, el reparto de los ingresos y el marco jurídico que regirá las operaciones durante las próximas décadas.
31-08-2026
