Menos de 24 horas después desde que se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez –a quien cobijó con detención domiciliaria–, este miércoles se confirmó que fue diagnosticado positivo para COVID-19. Lo anterior, tras una visita de la misión médica que llegó hasta la finca El Ubérrimo, en Córdoba, donde permanece confinado por cuenta del aislamiento obligatorio. Asimismo, se conoció que sus hijos, Tomás y Jerónimo, también tienen la enfermedad.
Según fuentes del Centro Democrático, el propio Uribe les ratificó que fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, aunque sería asintomático. En la mañana de hoy, el exmandatario fue sometido a un chequeo agendado de tiempo atrás, en el que fue sometido a la prueba del COVID-19. Ello explicaría por qué el equipo médico ingresó con elementos de bioseguridad y con los respectivos trajes de protección.
El senador Gabriel Velasco, vocero del Centro Democrático en el Congreso, confirmó el diagnostico adverso contra Uribe, pero señaló que su estado de salud es óptimo. “No ha presentado mayores síntomas ni ninguna dificultad respiratoria. Esperamos su pronta recuperación y desde la bancada del Centro Democrático le mandamos un abrazo solidario”, dijo.
Según constataron periodistas de diferentes medios que hacen guardia en inmediaciones de la finca, ubicada en Montería, en la mañana de este miércoles llegó hasta el lugar un vehículo con insignias de la misión médica. La prueba a la que habría sido sometido el expresidente al parecer estaba pedida desde hace tres días.
En marzo pasado, según un informe del Instituto Nacional de Salud al que tuvo acceso El Espectador, tanto Uribe como su esposa, Lina Moreno, se sometieron en ese entonces a la prueba específica para determinar si estaban contagiados o no de COVID-19.
De acuerdo con el alto tribunal, la decisión se basa en un riguroso estudio jurídico que determinó que, estando en libertad, Uribe podría representar un riesgo de obstrucción de la justicia. La decisión se adoptó en una sala extraordinaria conformada por cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues la magistrada Cristina Lombana fue separada del caso.
“La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Álvaro Hernán Prada”, explicó el alto tribunal en un comunicado de prensa. En esa declaración la Corte aclaró que varias personas allegadas al senador habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos con la presunta aprobación del expresidente Uribe.
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