El principio de retroactividad de las prestaciones sociales en Venezuela se encuentra amenazado en el marco de las negociaciones laborales entre el Ejecutivo Nacional y el sector empresarial. Así lo advirtió el profesor Amado Moreno, representante profesoral ante el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU ULA), durante una entrevista concedida al periodista Leonardo León en el programa La Ciudad en la Radio. Moreno señaló que la comunidad universitaria, profesores, empleados y obreros, junto al resto del pueblo venezolano deben mantenerse vigilantes ante las intenciones de reformar la legislación laboral vigente para suprimir este derecho fundamental.
Durante la conversación conducida por Leonardo León, el representante profesoral explicó que la denominada Mesa de Consensos Laborales, integrada por representación gubernamental, Fedecámaras y sectores sindicales afines, pretende supeditar los incrementos de ingresos a la flexibilización de los pasivos laborales. De acuerdo con Moreno, el sector empresarial y el Gobierno coinciden en condicional la mejora económica a la eliminación del cálculo retroactivo. «Fedecámaras y esta mesa de consenso quieren modificar la Ley Orgánica del Trabajo para eliminar el principio de retroactividad… dicen que si se elimina el principio de retroactividad de prestaciones sociales, ellos están dispuestos a aumentar conjuntamente con el gobierno los salarios», denunció.
El docente enfatizó que las prestaciones sociales constituyen un derecho irrenunciable e intangible respaldado por el marco legal venezolano. Al respecto, citó los pilares fundamentales del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012. Moreno recordó la vigencia constitucional del precepto: «Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos», remarcando que el régimen actual exige que el cálculo del beneficio se realice con base en el último salario devengado al término de la relación laboral.
Asimismo, Moreno criticó la aplicación del instructivo 2792 de la ONAPRE, derivado del marco de la Ley Orgánica Antibloqueo de 2020, por considerar que ha distorsionado el cálculo de las prestaciones sociales al tomar como referencia únicamente el salario mínimo y excluir las bonificaciones.
Esta situación, a su juicio, ha mermado significativamente el monto final percibido por los trabajadores al momento de jubilarse. «El instructivo alteró sustancialmente y es anticonstitucional porque las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras se están calculando en base al salario mínimo (…) son cifras realmente miserables porque hay gente que ha venido recibiendo como pago 50 dólares o 300 dólares con 30 años de servicio», aseveró.
En la etapa final de la entrevista con el periodista Leonardo León, el representante profesoral fijó posición sobre las intenciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de promover una nueva Ley de Universidades. Moreno expresó reservas sobre la vía de consulta y el origen del proyecto, alertando que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) no debe imponer una reforma unilateral.
«El principio de autonomía universitaria y lo que es todos los derechos laborales y sociales, el sistema de seguridad y bienestar social no puede ser modificado», concluyó, instando a los gremios y autoridades a defender los preceptos institucionales y laborales vigentes.
Vea la entrevista completa a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TilO0VHp3HY
Redacción C.C.
06-11-2026
