Amnistía Internacional exhortó al fiscal general, Larry Devoe, a garantizar la libertad inmediata de todos los presos políticos y asegurar la protección de quienes están bajo custodia del Estado venezolano.
La organización emitió una «acción urgente» en la que condenó que en medio de la emergencia ocasionada por el doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio, centenares de personas permanezcan detenidas por razones políticas y en circunstancias de mayor vulnerabilidad debido al impacto de los movimientos telúricos en los recintos carcelarios.
«Los informes de daños en la prisión conocida comúnmente como “Rodeo I” vinieron precedidos de relatos de desatención a la integridad física de las personas detenidas, así como de informes preocupantes sobre uso ilegítimo de la fuerza. Además, Amnistía Internacional ha recibido informes de presuntos actos de tortura y posible desaparición forzada de personas detenidas», señaló la instancia.
Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
La situación de emergencia en el país obliga a actuar con celeridad a favor de todas las personas detenidas de forma arbitraria en Venezuela, afirmó la organización en el documento publicado en sus redes sociales. «…debe protegerse la vida de todas las personas detenidas, deben darse a conocer su suerte y paradero y debe permitirse a estas personas acceso a atención médica adecuada y visitas familiares».
Familiares de los presos políticos en El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, han denunciado presuntos tratos crueles a los privados de libertad. El Comité por la Libertad de los Presos políticos (Clippve) señaló que el domingo 5 de julio los detenidos fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno el domingo 5 de julio.
Además, el Comité reportó la desaparición de al menos siete presos políticos, entre ellos José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz.
Los familiares responsabilizaron a los funcionarios del centro de reclusión y a los cuerpos de seguridad del atropello contra los privados de libertad.
De igual manera, han exigido a las autoridades la realización de una inspección independiente en el recinto carcelario que permita corroborar el estado en el que se encuentra la estructura tras el doblete sísmico, ya que aseguran que la edificación tiene columnas fracturadas e incluso las camas de cemento sufrieron daños con los terremotos.
16-07-2026
