«El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad, la salud y la vida de las personas privadas de libertad. Por ello, la adopción de medidas humanitarias urgentes, la atención médica cualificada e independiente y la revisión individualizada de cada caso resultan exigencias impostergables para evitar daños irreversibles o pérdidas de vidas humanas bajo la responsabilidad de las autoridades», destacó Amnistía en un comunicado.
Basado en registros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, la organización analizó los casos de 37 presos políticos –civiles y militares– que padecen cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, patologías neurológicas e infecciosas, afecciones de salud mental, así como pérdidas funcionales y lesiones presuntamente derivadas de torturas, tratos crueles e inhumanos o malas condiciones de reclusión.
«La falta de atención médica adecuada y de medidas humanitarias oportunas ha comprometido la vida de los detenidos, derivando en fallecimientos bajo custodia o tras liberaciones tardías», señaló AI, que reiteró que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud.
Amnistía reiteró que las personas bajo custodia estatal «no pueden procurarse alimentos, medicamentos ni atención especializada por sus propios medios», por lo que la falta de asistencia adecuada «constituye una violación directa» de la propia Constitución venezolana, así como los diversos pactos y convenios internacionales suscritos.
Hasta mediados de agosto de 2026, organizaciones de derechos humanos registran al menos 448 presos políticos, algunos bajo incomunicación prolongada, hacinamiento y un «patrón de denegación o dilación prolongada de la atención médica».
La organización, que reiteró su petición de libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos, puntualizó que más allá de una revisión de la legalidad de las detenciones o de las solicitudes de medidas humanitarias y liberaciones correspondientes, el Estado venezolano debe garantizar:
- Acceso y valoración de personal médico independiente: La realización de exámenes integrales y actualizados por parte de profesionales de la salud capacitados y de confianza de las personas detenidas.
- Traslados hospitalarios oportunos: La remisión urgente a centros sanitarios del nivel de complejidad adecuado y el inicio sin demoras de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas pendientes.
- Continuidad del tratamiento médico: El suministro sostenido de medicamentos y el acceso efectivo a procedimientos diagnósticos (como biopsias e imágenes) suspendidos.
- Contacto con familiares y defensa legal: La garantía plena del acceso de las personas detenidas a sus familiares, abogados y a atención médica independiente, así como la comunicación oportuna e inmediata sobre cualquier traslado.
Amnistía Internacional concluyó que la inacción u omisión en la atención sanitaria de presos políticos, no solo contraviene tratados internacionales «sino que transforma la privación de libertad en una pena adicional cruel e inhumana que pone en riesgo inminente la vida de los prisioneros».
20-08-2026
