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miércoles, noviembre 18, 2026

Amnistía y reconciliación

Por: Eleazar Ontiveros Paolini…

Tal como lo indicó Ramos Allup en su extraordinario discurso en la Asamblea, y con el cual le contestó a al Presidente su informe anual, la Ley de Amnistía y Reconciliación fue un ícono en la campaña electoral, es decir, que se consideró como prioritaria su concreción. En consecuencia, debe lograrse sobre la marcha, a pesar del desafío de Nicolás Maduro de no aceptarla de ninguna manera, aduciendo el manido argumento de que no se prestará a la liberación de los asesinos de 43 venezolanos, cuyas muertes no han sido esclarecidos. Hay que recordar que la amnistía se refiere a hechos y no a personas

Ajeno a cualquier posición sectaria, pensamos que la Ley, en especial en cuanto a la reconciliación, sería un gran remedio a las tensiones en que vive nuestra población, sujeta a  una división inconveniente. Con la reconciliación, que se entiende como volver a unir, se trata de vencer situaciones irreconciliables, de división, de enemistad. Por su parte, la amnistía (olvido) supone la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esa acción jurídica suele desarrollarla la Asamblea. La Constitución en su Artículo 128, Numeral 5, le atribuye a esta la potestad de decretar amnistía, no requiriéndose elevar el decreto al Presidente para su firma.

El Ejecutivo asegura que el  veto presidencial es posible, en especial el llamado traslativo, que se da cuando el Presidente  remite el proyecto al TSJ, para que convalide sus objeciones,  y como el Tribunal permanece bajo el control del Ejecutivo,  se da por descontado que el veto funcionará. Pero la cuestión es clara, ni el Presidente ni el TSJ  pueden obstruir la amnistía decretada por la Asamblea. El TSJ sólo puede actuar después de promulgada Ley para asegurar que la misma no determine impunidad a violaciones de los derechos humanos,  a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Creemos que llegó el momento de deponer posiciones intransigentes. El mundo cambiaría la apreciación negativa que tienen del gobierno venezolano, si  se aprobara por unanimidad  la Ley, lográndose, como es lo sustancial, la liberación de los presos políticos. Para ello es necesario recordar que la reconciliación y la paz consecuencial que ella implica, son fines superiores del Estado. La discusión será interesante. El proyecto de ley contempla  41 hechos ocurridos desde 1999, sobre los que se abrieron  procesos de investigación, juicios y se aplicaron sanciones por motivos exclusivamente políticos.

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