AN de Maduro reconoce que los cuerpos policiales están desprotegidos socialmente

La Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre reconoció que los funcionarios de los diferentes cuerpos policiales de la nación carecen de protección social desde hace años y sufren los embates de la emergencia humanitaria compleja que se instaló en el país en las narices del chavismo.

En una sesión marcada por la impuntualidad y que arrancó con exhortos a los diputados a llegar temprano, por parte del presidente de ese Parlamento, Jorge Rodríguez, la plenaria aprobó en primera discusión por unanimidad la ley especial «Guardianes de Paz», que tendría como objetivo procurar la previsión y la seguridad social de los funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana.

La primera discusión del instrumento la inició el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Pedro Carreño, quien aseveró que la realidad de los funcionarios es que trabajan por la nación a cambio de una escasa protección social y que por esa razón, se tiene en miras procurar garantizar niveles aceptables de seguridad social a los policías venezolanos por medio de, entre otras cosas, la elaboración de un instrumento normativo en el que se desarrolle un sistema de programas de atención a funcionarios y sus familiares.

Carreño, quien preside la comisión de Política Interior de la AN de Maduro, apuntó que con la aprobación de la ley se logrará que los funcionarios policiales tengan protección en contingencias como la maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, discapacidad, necesidades especiales, perdidas de empleo, desempleo, vejez, orfandad y cualquier otra previsión social.

Explicó que la ley especial estará conformada por diez vértices y que prevé, para el logro de los objetivos, la creación del Instituto de Previsión y Seguridad Social.

«Este instituto de conformidad con la previsión que establece el proyecto de ley se organizará para administrar sus recursos a través de fondos a saber como fondo de pensiones, prestaciones, vivienda, cuidado integral de salud, contingencias y atención médica, protección del adulto mayor, recreación y educación», expuso durante su derecho de palabra.

Pedro Carreño agregó a la presentación del proyecto de ley especial que con la consecución del instrumento serán protegidos policías de distintos ámbitos políticos y territoriales, cuyos cuerpos se rijan por ley del Servicio del Policía.

«Esta ley abarca a las distintas policías nacionales, estadales y municipales. Esta ley tiene alcance para funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), del cuerpo forense, Protección Civil, del servicio penitenciario e incluso a los estudiantes en estas áreas, bomberos y familiares inmediatos», resaltó.

El instrumento fue respaldado por la bancada opositora al gobierno de Maduro. En representación de esta tolda el diputado Juan Carlos Alvarado reiteró que la disidencia siempre ha apostado porque se reivindiquen los derechos sociales. En este sentido, sostuvo que estas medidas no solo deben aplicarse a los cuerpos policiales sino también a todos los sectores.

«Muchos dicen que el policía es malo, pero no se preguntan por lo que atraviesan a diario», dijo.

Las diputadas de la bancada oficialista Maripret Mendoza y Gina Fun aplaudieron el proyecto de ley presentado por Carreño. Mendoza afirmó que el documento rendiría honor a los funcionarios policías. Asimismo, indicó que con la aprobación del mismo se salda una «deuda histórica», que el chavismo pese a jurar trabajar por el pueblo parece no haber cumplido.

AN de Maduro busca erradicar comercio ilícito de tabacos

No es raro que en las primeras discusiones de los proyectos de ley sean más las dudas que las certezas que queden tras la presentación de los instrumentos, debido a los rodeos que dan los parlamentos en sus discursos o la información imprecisa. Por eso razón, previo a la votación del proyecto de ley especial Guardianes de Paz, Jorge Rodríguez, emplazó a la plenaria a seguir el ejemplo de Carreño y exponer la leyes apegados al tiempo reglamentario y con basamentos precisos.

Tras aprobarse de forma unánime el proyecto de ley que garantizaría la seguridad a los funcionarios de los cuerpos policiales, la AN de Maduro abordó el primera discusión el proyecto de ley del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.

Fue presentado por el diputado Orlando Camacho. El parlamentario chavista señaló que con el instrumento se buscaría, entre otras cosas, frenar el contrabando y la fabricación de tabacos que no cumplen con normas sanitarias.

Camacho precisó que el acuerdo se basa en diez capítulos, entre ellos introducción, obligación de las partes, licencias y cadena de suministros, infracciones, cooperación internacional y asistencia mutua, presentación de informes, arreglos y recursos financieros, solución de controversias y desarrollo del protocolo. La bancada opositora respaldó la aprobación en primera discusión del proyecto de ley.

Hechos que parecerían repetirse

En la sesión, la AN de Maduro también se aprobó un acuerdo por el cumplimiento de los 45 años del asesinato del dirigente de la Liga Socialista Jorge Antonio Rodríguez, padre del presidente de la AN Jorge Rodríguez y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En el acuerdo, presentado por el diputado chavista Jesús Pérez, se exhortó a honrar la memoria del político y reconocer su doctrina ética para el desarrollo de la llamada «revolución».

«Jorge Rodríguez es miles de asesinados en América Latina. Es también miles de jóvenes que luchan por vencer la sombra desde esa poderosa casa que se llama centros de estudios. También es la cobija de la lealtad y la no traición que le costó la tortura con la que fue asesinado», dijo en su derecho de palabra.

En este punto participó el diputado opositor Luis Eduardo Martínez. El legislador pidió perdón a la familia Rodríguez y exclamó porque nunca más haya torturados.

«Los hombres y mujeres de la Acción Democrática de Leonardo Ruiz Pineda y Pinto Salinas venimos a pedir perdón por un crimen que un buen militante jamás avalaría, por un crimen sucedido en un gobierno salido de nuestras filas pero en el cual no ejercimos responsabilidad», manifestó.

El 25 de julio de 1976 fue encontrado el cadáver de Jorge Antonio Rodríguez en los calabozos de la entonces Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). La versión oficial dio cuenta de que el político, de 34 años, había muerto de un infarto.

No obstante, las investigaciones, realizadas por órdenes del entonces ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, determinaron que había sido asesinado, que su muerte era la consecuencia de las torturas que le habían aplicado en la sede de la Disip.

Pese a que el caso ha sido usado como bandera por el chavismo para señalar a los gobiernos de la oposición de la segunda mitad del siglo XX de ser regímenes y de estar en contra del pueblo, en la última década han habido sucesos que rememoran el asesinato de Rodríguez, como por ejemplo el del concejal Fernando Albán.

El edil falleció en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela. Las autoridades informaron que el político se había suicidado, mientras que su familia y representantes de partidos de oposición aseguran que fue asesinado durante la custodia.

Albán fue detenido como presunto implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

Otro de los casos sucedidos bajo el gobierno chavista fue el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 28 de junio del 2019 mientras se encontraba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El capitán de corbeta fue detenido por la Dgcim el 21 de junio de 2019, tras ser acusado de ser parte de un grupo subversivo que atentaba contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ocho días después, fue presentando en tribunales militares sin poder articular palabras y con capacidades motoras reducidas, por lo que el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital. Antes de fallecer, el militar reveló que había sido objeto de torturas.

Pese a los señalamientos de los familiares de Acosta Arévalo no fue sino hasta el 2020 que el Ministerio Público (MP) apenas reconoció que hubo torturas.

Las violaciones a los derechos humanos se ha convertido en un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad del Estado controlados por el Estado: el Sebin, Dgcim y lo que hasta hace poco fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Así lo ha denunciando la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

En julio del 2019 se publicó el informe de la alta comisionada sobre la situación de derechos humanos en el país. En el documento se dedicó un capítulo especial a las FAES. Además, se recomendó de forma inmediata al régimen de Maduro disolver este cuerpo de seguridad.

Una Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó en septiembre de 2020 que tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad que han contado con el apoyo de las más altas autoridades, incluyendo al propio Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa.

AN de Maduro da largas

En la sesión de este 22 julio el Parlamento de mayoría chavista aprobó un acuerdo en conmemoración al natalicio de Simón Bolívar. El documento, presentado por el diputado chavista Joseph Alvarado, ordena manifestar solidaridad a países vecino que, según el oficialismo, son víctima de bloqueos.

La AN de Maduro le sigue dando largas a la discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Este 22 de julio difirió de nuevo el debate del instrumento, pese a lo urgente que la plenaria ha dicho debe abordarse el proyecto de norma.

De aprobarse esta norma se buscaría garantizar respeto a la dignidad humana de los adultos mayores, sector de la población que ha sido considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como entre las más vulnerables y desprotegidas.

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22-07-2021