La Asamblea Nacional difirió para la semana próxima la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía, debido a discrepancias entre las bancadas opositoras y del oficialismo sobre las personas beneficiarias de esta normativa, «siempre que esté o se ponga a derecho».
Este artículo, el número 7 de 15 presentados por la comisión especial tras una semana de trabajo, fue objetado en primera instancia por el diputado Luis Florido (UNT).
A su juicio, se hace «una condena» previa en la redacción de este punto, que dispone que la amnistía abarca a toda persona que se encuentre, pueda ser procesada o condenada por hechos amnistiables «siempre que esté a derecho o se ponga a derecho», lo que deja por fuera a personas exiliadas.
Iris Varela (PSUV) dijo que «es tal la magnanimidad» de Delcy Rodríguez que, a un mes de un ataque militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, se propuso una amnistía.
La parlamentaria insistió en que «no tienen ni siquiera la humildad de reconocer que el Estado les está dando el perdón de los delitos que cometieron, buscando la paz del país».
Stalin González (UNT), quien trató de ofrecer una solución mediadora, propuso eliminar la frase en discordia y, en su lugar, agregar que esa amnistía abarca a las personas «en concordancia al artículo 21 y 49 de la Constitución».
Rubén Limas (AD), a nombre de la Alianza Democrática, respaldó la redacción original de la ley, mientras que el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseguró que entonces esta amnistía podría amparar «por lo menos a cien mil venezolanos» que huyeron a otros países como EEUU y solicitaron la residencia por razones de persecución política.
El jefe del parlamento venezolano dijo que esas personas huyeron por «razones personales» como disputas familiares o buscando mejoras económicas, «y habían bufetes inescrupulosos que tenían hasta un formato, de llenar los papeles y declararse perseguido político. ¿Al declararse perseguido político podría estar sujeto o no a esta amnistía? Podría».
Rodríguez dijo que «hay que separar el trigo de la paja» sobre la amnistía.
Tras una reunión con los diputados de la comisión, se solicitó el diferimiento del art. 7 y del resto de la discusión «para evitar caer en debates innecesarios y que podamos aprobar la ley la próxima semana», según Jorge Arreaza (PSUV).
Arreaza, a nombre de la comisión especial, dio al inicio del debate un breve repaso sobre las reuniones que sostuvieron en seis días. «Escuchamos casi 100 intervenciones, tomamos en cuenta sus aportes, consideraciones que están siendo tomadas en cuenta», comentó en referencia al encuentro con familiares de presos políticos del martes 10.
También dijo que recibieron «2.700 aportes por escrito, pero siguen llegando aportes y propuestas a la ley de amnistía».
Por su parte Nora Bracho (UNT), vicepresidenta de la comisión especial, afirmó que no se estaba «solo votando una ley, estamos votando una oportunidad histórica para el país» y para aquellas personas que han vivido cárcel, exilio o separaciones por razones políticas.
«Cuando una nación atraviesa este nivel de ruptura, la propuesta no puede ser pasar la página», sentenció Bracho, quien dijo que una «amnistía sin verdad es incompleta».
La diputada zuliana dijo que esta norma «no pretende sustituir su dolor ni minimizar lo vivido, ninguna ley puede hacer eso, pero sí representa un paso hacia un reconocimiento institucional de que hubo fractura, hubo afectación, de que el Estado es responsable… pero que nunca mas se use al poder para perseguir al que piensa distinto».
Bracho subrayó que el país «necesita cerrar el ciclo de la persecución, del hostigamiento», al tiempo que expresó su intención de que con esta ley «se abra una etapa de respeto a la disidencia, y que todos entendamos que podemos convivir en el país, una etapa de pluralismo y respeto a los venezolanos. El país nos está observando».
«El Estado renuncia al poder de sancionar y castigar, aquí hay un espíritu de reparación, no de ruptura. Aquí hay un espíritu de reparar a víctimas de ambos lados que evidencia el inmenso deterioro del poder Judicial y órganos del poder ciudadano», señaló Ecarri.
Nicolás Maduro Guerra pidió incorporar la paz como parte de los principios que rigen la ley. Fue aprobado por unanimidad.
A solicitud de Jorge Rodríguez, quien expresó su «odio a los latinazos», el artículo 5 se modificó para eliminar la expresión «in dubio pro reo«, por lo quedó redactado de la siguiente forma:
«En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta Ley se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución».
Por otra parte, el parlamento venezolano aprobó un acuerdo por el Día nacional de la Juventud. El diputado César Pérez (PSUV – Apure) presentó el acuerdo, y dijo que son los jóvenes «los que estamos dando la cara de Venezuela, somos los mismos que estamos tejiendo lazos de hermandad y nos sentimos valorados por la revolución bolivariana».
Hizo un llamado «a la paz, la convivencia y el diálogo. Creemos que es momento de unirnos y aquí hay una dirigencia juvenil dispuesta a ir a las calles de Venezuela a debatir». También saludó las distintas marchas por este día, aunque señaló que de igual forma «exigen la liberación» de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
