A siete meses de la instalación del periodo constitucional 2026-2031, la Asamblea Nacional (AN) solo sancionó nueve leyes. Con un ritmo promedio de más de un instrumento legal por mes, la agenda parlamentaria ha girado en torno a tres grandes bloques: la flexibilización de marcos económicos e hidrocarburos, la reorganización del aparato de justicia y seguridad, y la atención a denuncias políticas y sociales, con la Ley de Amnistía.
Al contrastar la producción con la Agenda Legislativa 2026, que contempla un total de 29 leyes y ocho códigos, el balance actual refleja una ejecución de apenas 24,3% del plan de leyes ordinarias y orgánicas, mientras que la «codificación masiva» del marco legal venezolano permanece en fase de propuesta y busca -según la información oficial- agrupar leyes que se contradicen y han perdido vigencia. El Parlamento entrará este 15 de agosto en receso con más de dos tercios de la promesa legislativa pendiente.
Los nueve textos jurídicos fueron aprobados en segunda discusión por unanimidad parlamentaria. Las objeciones de la bancada de oposición se limitaron a ser de forma y no de fondo. La ausencia de refutaciones o debates de fondo en la plenaria deja abierta la interrogante sobre si el ritmo del legislativo responde a consensos de Estado o a la convalidación expedita de proyectos elaborados desde el Poder Ejecutivo.
*Lea también: Diálogo entre AN 2015 y oficialismo inicia sin aval ni discusión en plenaria
Visiones contrapuestas
Las visiones contrapuestas sobre el desempeño parlamentario se acentúan dentro del propio hemiciclo. Para el diputado Henrique Capriles (Unión y Cambio), el balance institucional de estos primeros siete meses es «totalmente negativo» y refleja una AN «absolutamente paralizada» e incapaz de ejercer su labor contralora.
«Yo creo que el manejo de la Asamblea Nacional desde el día uno ha sido siempre opaco: sesiones convocadas sin conocer el orden del día. Jorge Rodríguez debe pensar que esto es una continuación de lo anterior; se acostumbró a tener una Asamblea donde no hubiera oposición. Al tener una voz de oposición, independientemente del número de diputados, sin duda alguna esto les genera una incomodidad para debatir. No ha habido el primer debate político en la Asamblea Nacional», cuestionó Capriles, al señalar que las leyes aprobadas responden a instrucciones del Ejecutivo e intentan «dar una apariencia» de gestión económica con rubros como el café y el cacao.
Capriles enfatizó que la función de control político permanece neutralizada. «¿A dónde van los ingresos que llegan al país? ¿Dónde está la rendición de cuentas? La competencia de control, interpelación de ministros y de la Contraloría no se hace. El presupuesto es una caja oscura», dijo a TalCual. Recordó que la fracción fijó postura diferenciada al no votar por las designaciones del Fiscal General ni de la Defensora del Pueblo, donde propusieron nombres alternativos como la abogada Magaly Vázquez, y reiteró que la política económica sigue en manos del Ejecutivo y no del Legislativo.
Desde un matiz distinto, el diputado de Acción Democrática José Gregorio Correa calificó la actuación del primer semestre de forma más favorable, al argumentar que leyes como la de Amnistía trajeron «paz y pacificación al país» y que normas como la de Hidrocarburos y el debate del Sistema Eléctrico apuntan a la reactivación económica.
Sobre la amnistía, Correa afirmó que «ha dado resultados; no han salido todos, pero han salido más del 90% de los presos por causa política». Correa matizó el criterio cuantitativo para medir la gestión. «Hay una falsa creencia de que los parlamentos son eficientes por el número de leyes que aprueban. El avance depende más de la aplicación de la ley». Explicó que el oficialismo ostenta 90% de los 285 escaños debido a la abstención en los comicios pasados, y que el 10% opositor se encuentra fraccionado en cuatro bloques.
«Toda la oposición, toda, sin excepción, ha votado por unanimidad todos los proyectos que ha presentado el gobierno», admitió Correa. Sobre el espacio de debate, defendió el hecho de que en sesiones ha tomado la palabra y ha hecho sugerencias que han sido tomadas en cuenta, «como en la Ley de Arrendamientos».
Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela Jorge Arreaza y Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, fueron contactados para este reporte pero no respondieron a las solicitudes de información al cierre de esta nota.
AN apuesta a lo económico
El frente económico y de recursos estratégicos ha sido la «prioridad» del periodo. Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, dio celeridad a la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la celeridad de trámites entre los proyectos de atención inmediata.
La reforma petrolera, sancionada el 10 de marzo con 35 artículos, buscó adaptar el marco legal a nuevos esquemas de negocio para atraer inversión internacional en exploración y explotación de crudo, incorporando formalmente los Consejos Productivos de Trabajadores (CPTT) en la operatividad de la industria. A esta medida se sumó, el 12 de mayo, la sanción de la Ley Orgánica de Minas (115 artículos), orientada a la fiscalización y explotación de yacimientos mediante concesiones y empresas mixtas. Esto en atención a las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y la presión ejercida por la administración de Donald Trump.
En el ámbito agrícola, el Parlamento aprobó dos instrumentos enfocados en rubros tradicionales de exportación:
-
Ley para el Fomento y la Promoción del Café (4 de junio, 52 artículos): Establece incentivos crediticios adaptados a los ciclos de cosecha y la protección de variedades nacionales.
-
Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano (11 de junio, 60 artículos): Introduce mecanismos de fiscalización fitosanitaria, resguardo genético frente a especies foráneas, combate al contrabando de extracción y la creación de escuelas de gerencia agrícola.
La versión oficial indica que la legislación busca blindar la producción y apalancar créditos. Entre las prioridades económicas anunciadas que aún quedan pendientes por procesar figura la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.
Alcance político y social
El pasado 24 de marzo, la AN sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (18 artículos). El instrumento buscó fijar condiciones jurídicas para sobreseimientos y medidas de libertad por hechos de naturaleza política.
Esta ley se ha cruzado en la práctica con los procesos de excarcelación que se desencadenaron tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y luego de que EEUU aseverara que tutelaba a Venezuela. En enero, Delcy Rodríguez indicó que al menos 406 personas fueron beneficiadas bajo estas medidas unilaterales de convivencia y paz. Sin embargo, el impacto real del instrumento sigue bajo la observación de organizaciones no gubernamentales y analistas, debido a la discrecionalidad judicial en la aplicación de cada expediente y la urgencia de publicar listados oficiales detallados.
En el área social, el 14 de abril se aprobó la Ley de la Cruz Roja Venezolana (22 artículos), que regula el funcionamiento de la institución y otorga beneficios al voluntariado y cuerpo de rescatistas, como permisos laborales protegidos con goce de sueldo, validación de servicio comunitario y prioridad en planes de vivienda. El 28 de abril se aprobó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que regula la simplificación de los procesos internos en los ministerios, alcaldías, gobernaciones y demás entes de la Administración Pública.
El 26 de mayo fue sancionada la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El contenido de la ley está estructurado en 56 artículos en los que se contempla la reestructuración de las salas del máximo juzgado del país, para, según la información publicada en la página web del Parlamento, adecuar los lapsos de respuesta judicial.
El 12 de febrero, el Parlamento sancionó la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. El texto jurídico, que cuenta con 84 artículos, norma las competencias, la organización y el funcionamiento de los cuerpos de seguridad especializados en el área de la criminalística y el esclarecimiento científico del delito.
La deuda de la AN
29 leyes del Plan Legislativo 2026-2027 quedaron pendientes por ser sancionadas. Entre ellas figuran instrumentos jurídicos para regular temas económicos, de seguridad social, de inteligencia artificial y hasta del ámbito cultural. Entre los proyectos que quedan pendientes se encuentran:
- Ley Orgánica para La Protección de los Derechos Socioeconómicos (Presentada como prioridad de urgencia parlamentaria).
Eje Tecnológico y Digital
- Ley de Ciberseguridad
- Ley de Derechos Digitales
- Ley de Inteligencia Artificial
- Ley para la Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Redes Sociales
Eje Económico, Industrial y Servicios
- Ley del Sistema Eléctrico Nacional
- Ley de Propiedad Industrial
- Ley de Telecomunicaciones
- Ley del Uso Racional de la Energía
- Ley del Comité de Exportación e Importación
- Ley de Pesca
Eje Social, Comunal e Institucional
- Proyecto de Ley Especial del Banco de la Comuna y los Fondos de Ahorros Zamoranos
- Reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal
- Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres
- Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas
- Ley de Convivencia Pacífica Estudiantil
Eje Salud, Ambiente y Cultura
- Ley de Medicina Natural
- Ley de Reforma de la Ley de Gestión Integral de la Basura
- Ley Contra el Cambio Climático
- Ley de Creación de la Condecoración Orden Aristóbulo Istúriz
- Ley de Reforma Parcial de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
- Ley para Prevenir y Atender Enfermedades de Transmisión Sexual
- Ley del Sistema Social del Libro y la Lectura
- Ley de Danza
Códigos
Más allá de las 20 leyes ordinarias que restan por discutir para completar la cuota anual de 29 textos proyectados, el reto estructural planteado por la directiva de la AN es la reorganización del «árbol legal» venezolano a través de ocho grandes códigos:
- Código Penal Popular
- Código Civil
- Código Social Venezolano
- Código Económico y de Comercio Productivo
- Código Electoral
- Código de Democracia Directa
- Código Ecológico Ambiental
- Código de Protección Integral para la Familia y Personas Vulnerables
La propuesta busca unificar textos «desactualizados» en áreas que van desde el comercio hasta el sistema penal y electoral. Dada la complejidad jurídica de refundir decenas de leyes en un solo cuerpo normativo, analistas cuestionan si la actual legislatura contará con el tiempo y el rigor técnico necesario para abordar estas megarreformas sin incurrir en vacíos o inconsistencias constitucionales.
15-08-2026
