La denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en la ciudad de Mérida por los constantes ataques mediáticos realizó la dirigente del partido Vente Venezuela en Mérida, Ana Labrador en horas de la mañana de este lunes.
Acompañada por los vecinos de la avenida Las Américas y un grupo de abogados del Observatorio Penal del Estado Mérida (OPEM), quienes le están asistiendo en este proceso legal.
Labrador expresó que el Ministerio Publico debe investigar de manera veráz a imparcial sobre los hechos acontecidos en la ciudad durante los últimos días como también que sean buscados los responsables de este acoso cibernético en su contra.
“En el día de hoy estamos en la Fiscalía del estado Mérida con el objetivo de consignar una denuncia por violencia mediática debido a las amenazas que he recibido en el último mes debido a los sucesos acontecidos en la avenida Las Américas donde se me ha pretendido señalar de responsable de los hechos de violencia en la ciudad de Mérida» reiteró.
«Hemos venido a insistir en que el Ministerio Público haga lo pertinente como poder autónomo en este momento que ha tratado desmarcarse del régimen de Nicolás Maduro, pues investigue todas estas pruebas que le estamos brindando en esta denuncia, a fin de poder determinar la culpabilidad de estas amenazas, de estos mensajes que están saliendo en las redes sociales”, expresó Labrador.
En el mismo sentido, la dirigente en Mérida de Vente Venezuela también afirmó que «siempre he trabajado por la comunidad, destacando que no se puede criminalizar la protesta pacífica del pueblo ni señalar la imagen de dirigentes como terroristas, culpándonos de ser posible financistas de hechos de violencia en el estado Mérida, sin tener en cuenta la actuación represiva de los efectivos de la fuerza pública hacia quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta» destacó.
“Desde hace muchos años estamos trabajando por los derechos de nuestras comunidades y no es posible que se pretenda criminalizar la protesta e indicar que líderes políticos, sociales, personas honorables de la ciudad de Mérida sean fichados o señalados como terroristas o financistas de hechos de violencia, cuando se ha demostrado que ha sido responsabilidad de la represión brutal que el régimen ha ejercido en las zonas donde se ha ejercido el derecho constitucional a la protesta”, afirmó Labrador.
La intensa jornada de protestas pacíficas suscitada en el país durante los últimos 60 días no solo ha traído consigo una cruenta ola represiva por parte del Gobierno Nacional hacia quienes salen ejercer este derecho constitucional, que ha arrojado un saldo de decenas de muertos y centenares de heridos, sino también ha aumentado la persecución hacia todos aquellos que adversan sus criterios e ideas políticas, siendo amedrentados, hostigados e incluso encarcelados diversos dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos y vecinales como también personas de la sociedad civil, muchos de ellos sin haberles llevado el debido proceso judicial como también siendo juzgados en tribunales militares siendo civiles y trasladados a cárceles comunes de extrema peligrosidad. Emmanuel Gil – Practicante UNICA
