Aunque el régimen pueda desentenderse de lo que pauta la Constitución, no pasará de ser circunstancial pues la soberanía del pueblo será el mayor estamento con que cuenten las libertades y la democracia.
En política, no siempre el azar define la continuidad o interrupción de procesos a partir de los cuales se cimientan u orientan realidades. Aunque a veces, son decisiones inspiradas en improvisaciones. O elaboradas al amparo de intrigas montadas con la mayor inquina posible. O incluso, motivadas por resentimientos o revanchas a manera de cobrar deudas políticas nuevas o acumuladas. De ahí que muchas determinaciones elaboradas con propósitos políticos laudables, terminan confundidos y enredando procedimientos a seguir. En medios de este tipo de circunstancias, se estimulan condiciones oscuras que abren puertas a divagaciones que, a su vez, permiten la entrada libre a maniobras atentatorias de principios y valores morales.
Son los momentos perfectos para comenzar a cultivar pretensiones de corte autocrático que finalmente tienden a darle cabida a tiranías o a gobiernos despóticos. Pero tal situación no se alcanza, sino con el apoyo que un poder político conspirador puede incitar. Un poder político que no siempre se traduce en participaciones furtivas. Sobre todo, cuando cualquier trampa, fraude o chantaje posible necesita de la movilidad social que la dinámica económica puede aportarle. Sin embargo, esa vía no parece garantizar ningún respaldo que asegure alguna transfiguración política que conduzca a desvirtuar el “Estado de Derecho” que requiere un proyecto de gobierno de corte antidemocrático.
Tal intención va mucho más allá. Para lograr dicho cometido, debe acudirse a otros recursos. El judicial o el militar. El judicial, porque como alguien acertadamente dijera, “mientras mayor es el número de leyes, más corrupto es el Estado” lo cual no es un argumento falaz. Es exactamente uno de los problemas que adolece Venezuela el cual, ha venido acentuándose, primeramente, con el concurso del poder habilitante mediante el cual el presidente de la República ha usurpado funciones legislativas. Por esa razón, la esfera de leyes se ha acrecentado. Pero paradójicamente, en perjuicio no sólo de una administración de gobierno transparente. Igualmente, de una nación con derechos, garantías y libertades adquiridas constitucionalmente. En segundo lugar, con el respaldo de un tribunal supremo de justicia o TSJ el cual, como refiere Fernando Mires, ”es sólo una sigla para designar al brazo judicial del gobierno”. Aunque a decir de tan cruda alusión, además de servirle al Poder Ejecutivo para politizar la justicia, cuestión ésta que le ha permitido judicializar la política, también le ha facilitado ajusticiarla con el único propósito de ejercerla según mejor convenga a los intereses del proyecto revolucionario. Precisamente, de su aplicación devino el infortunado error que arrastró la politización y partidización de la justicia, vulgarizándola en todos sus sentidos.
El otro recurso es el militar. En Venezuela se ha intentado. De hecho, el modelo político que ha intentado seguirse, está apegado al sentido militar. Es profundamente militarista. La debilidad política que viene asomando el gobierno central, devela dicha situación. De esa forma, ha buscado adentrarse en el reducto que le provee las Fuerzas Armadas. Así se empeñó en amurallarse como gobierno, mediante deferencias y condescendencias servidas al sector militar con la finalidad de asegurarse algún nivel aceptable de gobernabilidad y estabilidad. Para ello buscó el respaldo de una hegemonía militarista para así valerse de un gobierno con entera discrecionalidad pues le resultan incómodas las posturas de la oposición actuando desde la Asamblea Nacional, tanto como un ordenamiento jurídico que afecte sus descarnadas apetencias.
Ante esto, Mieres apunta que el gobierno venezolano “(…) se apoya en las armas, no en la mayoría, tampoco en la legalidad y mucho menos en la legitimidad”. Pero aunque obstinadamente pueda el régimen desentenderse de lo que pauta la Constitución en cuanto a la independencia de los poderes públicos, cualquier barbaridad que le sirva para alcanzar más poder y dominar con mayor rigurosidad al pueblo, no pasará de ser circunstancial ya que siempre la soberanía del pueblo será el mayor y más seguro estamento con que cuenten las libertades y la democracia. Indistintamente que cualquier fraude contra el Estado de Derecho y Justicia busque resguardarse y preservarse bajo la antipolítica de uniforme.
“Una sociedad que no cree en la política, está desahuciada. Pero si no tiene confianza en los partidos políticos, estaría restándose posibilidades de intervenir en decisiones públicas al dejar de medir y mediar el ejercicio de la política gubernamental. Fundamentalmente, en democracia”
AJMonagas


