Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La transparencia o la rendición de cuentas es una de las principales exigencias que los ciudadanos demandamos hoy día a los responsables políticos, a los actores y gestores económicos, a los jerarcas y funcionarios administrativos. El gran desafío para todo esto es encontrar un balance entre lo que debe ser informado, lo que puede ser informado y lo que no vale la pena hacerlo porque no es relevante, y lo que no debe ser informado por razones propias a los procedimientos, o incluso por eventuales razones de interés general.
Lo que es inaceptable es que se intente ocultar bajo la etiqueta de “información clasificada” datos sobre la evolución normal de la gestión pública para eludir las responsabilidades por los desastres derivados de las políticas instrumentadas. El presidente Maduro y su corte invocan en estos tiempos decembrinos a encender la luz, como si la gestión del año 2016 mostrara resultados atractivos en lo económico y social.
Durante este año el fenómeno de la corrupción ha mostrado su peor cara, llegando a infectar tanto al sector público como privado. No es únicamente el saqueo del patrimonio del Estado; incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, coimas; la malversación y la negligencia en la asignación de recursos y gastos públicos; la subvaluación o la sobre estimación de precios; los escándalos políticos o financieros; el fraude electoral; la paga a periodistas, la compra de información en medios de comunicación masivos o la infiltración de agentes cooperantes para obtener información y beneficios; el tráfico de influencias y otras transgresiones; el uso de la fuerza pública en apoyo de dudosas decisiones judiciales; las sentencias parcializadas de los jueces; favores indebidos o sueldos exagerados de amistades, a pesar de su incapacidad. El caso ventilado recientemente con Odebrecht, en el cual se señala la presencia de funcionarios públicos venezolanos involucrados en el manejo de sobornos por el orden de 100 millones de dólares, corroboran la fragilidad institucional para combatir el fenómeno.
Son preocupantes las denuncias formuladas por actores políticos, según las cuales algunos participantes de la llamada “mesa de diálogo” recibieron beneficios financieros. Durante el año observamos con asombro el manejo irresponsable del BCV para ejercer la autoridad monetaria del sistema e instrumentar la política monetaria de la nación; es inaceptable la subordinación a una página web para la determinación de la tasa de cambio de referencia, así como la irresponsable conducta en la adopción de medidas para procurar una inflación baja y preservar el valor de la moneda.
A ese desastre hay que agregar la discriminación política producto del manejo clientelar de los CLAP, mecanismo de distribución anacrónico y primitivo que ha desarrollado niveles elevados de corrupción, impulsando las desigualdades. Estos casos son reflejos de la oscuridad que reina en el país y que termina el año en la total tiniebla en materia económica y social. Los efectos concretos de las políticas y medidas tomadas no se resuelven con un aparente momento de felicidad producto de las fechas decembrinas; el año 2016 culmina con resultados amargos en todos los aspectos que miden la calidad de vida de los venezolanos: la inflación cercana a los 800 % refleja la destrucción del poder de compra de la moneda, en consecuencia los asalariados estamos totalmente arruinados; el ahorro como actividad de la economía desaparece, ya que no existen estímulos para conservar dinero en el sistema bancario, fundamentalmente por la desconfianza generalizada en los medios de pago; la informalidad invadió todos los espacios de la actividad económica, impulsada por la destrucción del aparato productivo tanto público como privado; el desabastecimiento y la escasez llegan a niveles de economías de guerra, algunos rubros alimenticios desaparecieron de la oferta, particular es la situación de los medicamentos con consecuencias inmediatas e irreversibles para la salud de la población; la inseguridad como fenómeno social que devasta la tranquilidad de los ciudadanos; la ausencia del Estado en algunos espacios de la vida pública, confirma su abdicación a sus competencias dejando a la deriva al país; la diáspora experimentada refleja la falta de perspectivas de futuro para profesionales y para la sociedad en general; la destrucción institucional propicia la dificultad para alcanzar acuerdos políticos, necesarios y urgentes en estos tiempos; en conclusión, estos son los resultados de la políticas y del modelo revolucionario que ha terminado devastando a la nación. Si alguien se hubiese propuesto destruir al país, no podría haberlo hecho de manera más eficiente que como lo hizo Chávez y el heredero de su elección, Maduro, quien ha seguido las mismas políticas amargas, llevando al país al abismo en este año que termina.
Por lo tanto, apaguemos la luz porque llegó diciembre y prendamos la luminaria de la esperanza, confiando en Dios. Feliz Navidad y mejor año 2017, arriba corazones.
@germanrodri
@germanoveja

