Por German Rodríguez Bustamante…
El 03 de enero produjo modificaciones importantes en el comportamiento del régimen en el poder en Venezuela y la percepción de la comunidad internacional, sobre el futuro del país. La tutela de la administración Trump contempla tres fases previas para la culminación de la misma, o por lo menos hasta la construcción de un modelo estable, sostenible y democratico a largo plazo. Sin definir la temporalidad de las etapas, lo cierto es que de acuerdo a declaraciones recientes de funcionarios americanos, aparentemente la primera fase ya culminó, referida a la estabilización política. La segunda etapa vinculada con la intervención bajo el término recuperación económica, establece la reintegración al mercado global. Estas dos primeras etapas se podrían hacer en paralelo y así han avanzado, a pesar de existir muchas dudas y posiblemente una dinámica muy lenta que impide que los ciudadanos perciban los beneficios de las mismas.
Venezuela ha experimentado un alivio de las sanciones financieras tras cambios significativos en el panorama político del país, aunque en su mayoría modificaciones maquilladas. El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC, ha emitido nuevas licencias que permiten la reincorporación del país al sistema financiero global. En primer lugar permitió que el BCV operará en dólares, gestionar cuentas internacionales y el uso de bancos corresponsales para perfeccionar movimientos. En segundo lugar, estas licencias llegaron también a la banca pública, facilitando el manejo de operaciones de crédito internacional de sus clientes y el manejo de billeteras digitales. La reconexión al sistema internacional permite recibir dinero del exterior de forma más rápida y con comisiones reducidas. Por otro lado, las empresas podrán pagar a proveedores internacionales con mayor agilidad, utilizando cartas de crédito lo que dinamizará el sector industrial en el futuro.
La percepción de estabilidad política propició que organismos internacionales de financiamiento como el FMI y el Banco Mundial, informaran su disposición de reanudar relaciones formales con el país, interrumpidas desde el 2.019. Se desbloquearon los 5.000 millones de dólares, en derechos especiales de giro, contabilizados en la reservas internacionales pero no disponibles hasta ahora. El fondo evaluará la posibilidad de otorgar financiamiento, de acuerdo a revisiones de cifras macroeconómicas. De igual manera el Banco Mundial estudiará la posibilidad de líneas de crédito para proyectos de largo plazo. A nivel regional la CAF está ya en el país revisando la necesidades de financiamiento para proyectos de infraestructura y sociales.
Hay muchos anuncios sobre la disposición de organismos multilaterales y asociaciones de países como la Unión Europea, sin embargo todos estas iniciativas exigen revisión de data oficial, determinación precisa de necesidades y la seguridad en la ejecución con mecanismos transparentes y de rendición de cuentas. Los rankings de corrupción del país, encienden las alarmas y las reservas, para evitar que los recursos nuevos sigan siendo triturados por una estructura totalmente corrompida.
El FMI exige la entrega de estadísticas oficiales, confiables y auditadas sobre inflación, PIB y balanza de pagos, las cuales presentaron irregularidades o ausencia de publicación en años anteriores. Se exige la creación de mecanismos de supervisión internacional, para garantizar que el dinero se utilice en proyectos específicos y no se desvíe. En el ámbito legal se requiere una mayor autonomía del BCV para controlar la inflación y estabilizar el valor de la moneda. Establecer un programa de estabilización para reducir el déficit público y optimizar el gasto. Reformas que garanticen la seguridad de las inversiones en sectores específicos, un marco legal complementario a las leyes de hidrocarburos, minería y para otros espacios. Respecto a los acuerdos de transición, el modelo político en el poder produce mucha incertidumbre. La ayuda financiera vincula parte de su asistencia técnica, al respeto de los estándares internacionales, en materia de derechos civiles y laborales.
Antes que ocurran los desembolsos producto de las evaluaciones, revisiones y recomendaciones, el país debe elaborar un plan viable para la reestructuración de la deuda existente. La cual requiere ser auditada para que pueda ser certificada. Hay mucha deuda comercial contraída en procesos oscuros y pretende titularizar, convirtiéndolo en extremadamente oneroso para la nación. La realidad existente demanda la revisión detallada de todas las acreencias, para que las generaciones futuras no les toque asumir responsabilidades financieras injustas. El proceso de saqueo y robo generalizado necesita ser ventilado, determinando responsables y formas para recuperar lo extraído. Los sacrificios futuros derivados de los ajustes económicos, deben ser públicos y sujetos a la auscultación ciudadana.
Todos los entes, empresas y unidades administrativas deben ser auditadas en su totalidad, la estructura requiere con urgencia una terapéutica invasiva, para corregir el cáncer de la corrupción que hizo metástasis en la gestión pública. La etapa de la recuperación económica, es mucho más que la simple inserción a los mercados financieros internacionales. Demanda mecanismos de gobernanza y respeto de derechos humanos. No es únicamente el crecimiento del PIB, sino que el dinero generado llegue a la población más vulnerable. El desarrollo con equidad exige que el crecimiento industrial no deje atrás a las regiones rurales. Se busca que las nuevas inversiones en el sector petrolero y minero incluyan cláusulas de transferencia tecnológica y capacitación para jóvenes, evitando que la riqueza se quede solo en manos de capitales extranjeros. Muchos de estos retos se podrán alcanzar más fácilmente, logrando la legitimación o la elección de nuevas autoridades en procesos electorales abiertos y competitivos, para hablar de una verdadera transición política.
@germanrodri
20-04-2026
“Comunicación Continua no se hace responsable por las opiniones y conceptos emitidos por el articulista”
