Desde el 16 de marzo de 2020 producto de la emergencia sanitaria, se suspendieron las actividades académicas habituales en la Universidad de Los Andes, con el fin de resguardar la salud tanto del personal docente, administrativo y obrero, como del estudiantado; coyuntura que lejos de ser superada se ha visto agravada. Ante esta situación, se activó en la universidad un plan para impartir asignaturas a través de alternativas de educación no presencial, dada la necesidad de dar continuidad a los procesos formativos teniendo como elemento fundamental la calidad del mismo.
Este trabajo se ha convertido en una ardua y difícil tarea y solo se ha podido implementar de forma parcial en las distintas carreras de la universidad, en parte por las limitaciones existentes producto de la crisis que vive el país y al plan desarrollado por el gobierno para sustituir el modelo de universidad existente, razones que fueron expuestas por la APULA en su momento.
A pesar de los cada vez más precarios medios materiales existentes, la desaparición de condiciones laborales mínimas y en particular los salarios insignificantes, se trasladaron principalmente a los profesores las cargas económicas derivadas de la decisión de reiniciar clases de modo no presencial, decisión que además, se tomó sin la debida consideración de la opinión de la APULA.
Sin embargo, frente a la destrucción de las condiciones laborales de los universitarios, sometidos en los últimos años al empobrecimiento y la pérdida de la calidad de vida, el compromiso de los profesores con la universidad y el País, nos ha hecho emprender con sacrificio, diversas acciones para intentar superar las dificultades y apoyar la continuidad de los procesos formativos de nuestros estudiantes y las actividades de investigación; pero ante el nuevo llamado a clases, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y por decisión mayoritaria del Consejo Universitario, ahora de modo presencial, nuestra organización gremial está en el deber de exponer algunas consideraciones con relación al pretendido reinicio.
Desde la perspectiva profesoral, la Junta Directiva de la APULA considera, que no se ha resuelto, ninguno de los problemas planteados por la FAPUV y APULA, que conllevaron a la suspensión de actividades presenciales, en el entendido que no solo fue la situación de la pandemia, la que provocó dicha paralización, sino un conjunto de problemas que ya estaban presentes desde hace mucho tiempo, y que fueron agravados por la enfermedad COVID 19.
Ante la anterior situación, debemos reiterar nuestra denuncia permanente, en la que responsabilizamos al Gobierno Nacional, como el culpable de la destrucción progresiva y sistemática de la universidad, al desatender el reclamo permanente de la comunidad universitaria directamente y por intermedio de sus autoridades y gremios, quienes desde hace muchos años hemos denunciando y enfrentando la crisis que atraviesa este sector a nivel nacional, y que hoy ante esta decisión del llamado a clases presenciales, seguimos alertando y reclamando, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
1. Ausencia de un presupuesto universitario que permita mantener y actualizar la precaria infraestructura existente, la cual presenta un notable deterioro por la falta de inversión y el vandalismo, así como también el desconocimiento de las disposiciones que garantizan asignaciones porcentuales para el financiamiento de los programas académicos, servicios estudiantiles y la investigación.
2. Inestabilidad de los servicios públicos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades universitarias, en especial: electricidad, internet y transporte público.
3. La inminente “ola de casos de infección por cepas más contagiosas causantes de la enfermedad pandémica COVID -19”, como fue expuesto en su carta de renuncia, por el coordinador de la Comisión Asesora en Salud, de la Universidad de Los Andes recientemente.
4. Deterioro creciente de las condiciones de trabajo de los universitarios.
5. La precaria situación salarial.
6. Destrucción de la seguridad social y muy especialmente del sistema de salud, en momentos de una pandemia.
7. Inseguridad en el recinto universitario.
8. El proceso de hiperinflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de los venezolanos colocando a la mayoría de la población en estado de pobreza y pobreza extrema según los indicadores internacionales, determinando un fenómeno desconocido en nuestro país como es la emigración.
9. La destrucción de la industria petrolera que representa la escasez de combustible y gas doméstico, hecho impensable en un país exportador de hidrocarburos.
Estos elementos señalados, son solo una muestra representativa, de las situaciones que producto de la inacción del Ejecutivo Nacional, derivaron en la profunda crisis que padece el sector y que limitan cualquier posibilidad de reiniciar las actividades de forma presencial.
Es inaceptable que el Gobierno Nacional siga trasladando a los universitarios, cuyos salarios son insignificantes, las cargas económicas de la decisión de reiniciar las clases en forma presencial, decisiones que además fueron tomadas sin la debida consideración de la opinión de los gremios y comisiones instaladas para darle seguimiento a la crisis, obligando a los universitarios y en especial al profesorado, a seguir asumiendo costos que no le corresponden, al descargar en los docentes el pago de los medios para dar clases presenciales y no presenciales, frente a las pésimas condiciones sociales y económicas que atravesamos, factor determinante para la denominada “diáspora” que constituye actualmente uno de los más graves problemas del sector educativo en general y del universitario en particular.
Nuestro propósito sigue siendo el de contribuir con el progreso y el desarrollo de la universidad y el país, así como el bienestar de quienes hacen vida en ella.
Los profesores queremos clases, ese siempre ha sido nuestro compromiso, pero el Gobierno Nacional debe resolver estos temas que de forma consuetudinaria se ha denunciado desde la APULA, para que el llamado a clases presenciales decretado por el Consejo Universitario, pueda hacerse realidad de forma responsable y efectiva.
La Junta Directiva de APULA.
Prof. Virgilio Castillo Blanco
Presidente
Prof. Francisco Pacheco
Secretario
Prof. Oscar Guerrero
Sec. Gremial
Prof. Rómulo Bastidas
Tesorero
Prof. José Bustamante
Sec. Académico
Prof. Luís Rodríguez
Sec. Cultura
Prof. René Viloria
Sec. Deportes
Prof. Katty Díaz
Vocal
Prof. David Díaz
Pres. Sec. Jubilados
Prof. Jhonny Humbría
Pres. Sec. NURR
Prof. Douglas Barboza
Pres. Sec. NUTULA
Prof. Pedro Salas
Pres. Sec. NUAA
Prof. Aymara Sosa
Pres. Sec. Ingeniería
Prof. Leonardo Bonomie
Pres. Sec. Arquitectura y Diseño
Prof. Manuel Morocoima
Pres. Sec. Ciencias
Prof. Ana Karina Gil
Pres. Sec. Arte
Prof. Fernando Rincón
Presidente Sec. Odontología
Prof. Neira Castillo
Pres. Sec. Medicina
Prof. Léster Rodríguez
Pres. Sec. Farmacia y Bioanálisis
Prof. María Bolivia
Pres. Sec. FACIJUP
Prof. Rafael Cuevas
Pres. Sec. Humanidades y Educación
Prof. Elviz Núñez
Pres. Sec. FACES
Prof. Gustavo Páez
Pres. Sec. Ciencias Forestales y Ambientales
23-10-2021
