¿Cuánto dinero ingresa a la universidad, quién autoriza su uso y cómo puede la comunidad conocer su destino? Estas preguntas están en el centro de la propuesta 9 de las diez que plantea Douglas Barboza para cambiar la ULA Táchira: digitalizar los procesos de ingresos y gastos con la emisión del respectivo comprobante de pago.
Es una de las propuestas más importantes de su programa por su relación directa con la transparencia y la rendición de cuentas. Su alcance va más allá de facilitar un trámite. Plantea registrar el recorrido de los recursos, identificar a los responsables de autorizar cada movimiento y permitir que la comunidad consulte cuánto se recauda, en qué se gasta y qué resultados se obtienen.
En esta entrevista, Barboza explica cómo funcionaría el sistema, qué papel tendría el Consejo de Núcleo y cómo prevé desarrollar la plataforma en medio de la crisis presupuestaria. También detalla las primeras medidas que impulsaría como vicerrector y responde a los cuestionamientos sobre la viabilidad de sus propuestas.
Usted habla de reinstitucionalizar la universidad. ¿Qué significa eso en el manejo de los ingresos propios y por qué es necesario?
Significa volver a la legalidad, al orden y a la transparencia institucional, acabando con la discrecionalidad y el manejo informal de los recursos.
Es necesario porque, tras casi dos décadas de opacidad, la comunidad desconoce el destino de los ingresos propios. Eso ha disminuido la confianza y ha debilitado la estructura académica y operativa de la ULA Táchira. Por eso proponemos simplificar los procesos mediante la automatización.
¿Qué quiere cambiar en la forma de recibir y utilizar los ingresos propios?
Queremos eliminar por completo, si es posible, el uso del dinero en efectivo y de las cuentas alternas o fragmentadas que se han utilizado hasta ahora.
Los ingresos por cursos, constancias, posgrados y aranceles deben entrar de forma directa y automatizada al sistema financiero oficial de la universidad o al sistema oficial que tengamos dentro del núcleo para esos fines. Su uso debe orientarse a recuperar laboratorios, bibliotecas y servicios estudiantiles, así como a dignificar el trabajo docente y administrativo.
¿Quién debe decidir cuánto se cobra por cada servicio y cómo evitar cobros sin justificación?
Hay tarifas que debe aprobar el Consejo Universitario. Otras deben ser aprobadas exclusivamente por el Consejo de Núcleo, con base en estudios de costos reales y públicos. Para evitar cobros injustificados, se creará un clasificador de tasas único.
Ninguna cátedra, departamento o coordinación podrá exigir pagos que no estén previamente registrados y aprobados en el sistema digital oficial. Los cobros se realizarán exclusivamente a través de ese sistema, lo que simplificará los procesos y permitirá conocer el destino y el uso de los recursos.
Propone un sistema digital de pagos. ¿Cómo funcionaría y qué comprobante recibiría quien paga?
Primero necesitamos la aprobación del sistema que proponemos. Está previsto como una plataforma web con una pasarela de pagos integrada, accesible desde cualquier dispositivo.
El usuario, sea estudiante, una persona externa o cualquier integrante de la comunidad universitaria, seleccionará el trámite y pagará mediante transferencia, pago móvil u otro canal nacional o internacional. El sistema emitirá de inmediato un comprobante digital con un código QR único y una factura electrónica. La validación se realizará automáticamente a través de la dependencia encargada de las finanzas de la universidad.
¿Puede una universidad en crisis presupuestaria llevar a cabo esta propuesta?
Sí, es totalmente viable, porque la tecnología es una inversión que genera ahorros inmediatos.
La propuesta es utilizar el talento humano de nuestra propia universidad. Profesores y estudiantes de informática de la ULA que puedan desarrollar el software mediante proyectos de investigación o extensión. Así se evitarían grandes costos y contrataciones externas, y se frenarían las fugas de dinero que se han producido hasta ahora. Esta es una de las banderas que lleva también nuestro candidato a vicerrector administrativo, Victor Hugo Molina. Así que no estamos solos en esta idea. Tendremos apoyo desde la ULA Mérida para lograrlo.
¿Cómo se podría seguir el recorrido del dinero, desde que se recibe hasta que se gasta, y conocer quién autorizó su uso?
Debemos implementar un sistema de auditoría en tiempo real. Cada transacción dejará una huella digital imborrable. Se registrarán la fecha de ingreso, la cuenta de destino, el concepto del gasto y, obligatoriamente, la firma digital del funcionario o autoridad que autorizó el movimiento.
Esto permitirá realizar auditorías externas y también auditorías internas y preventivas de la propia ULA en cualquier momento.
¿Quién decidiría en qué se utiliza lo recaudado y qué papel tendría el Consejo de Núcleo?
Las prioridades de gasto se decidirán de manera colectiva y democrática. El Consejo de Núcleo recuperará su rol protagónico establecido en la Ley de Universidades y será el encargado de debatir, aprobar y supervisar el presupuesto de los ingresos propios.
Queremos eliminar las decisiones unilaterales de las autoridades actuales, que han generado opacidad en los últimos años. Propondremos cambios al Reglamento del Consejo de Núcleo para dar mayor protagonismo a ese órgano y a la comunidad universitaria.
¿Cómo podría cualquier integrante de la comunidad saber cuánto dinero ingresó, en qué se gastó y qué se logró?
Tenemos previsto crear un portal de transparencia de la ULA Táchira. Cualquier estudiante, profesor, trabajador administrativo u obrero podrá ingresar y consultar gráficos dinámicos actualizados mensualmente.
Allí se mostrarán el dinero que ingresó, las facturas de los gastos y los objetivos institucionales alcanzados gracias a esos recursos.
También propone nuevas formas de generar ingresos. ¿Cuáles serían y cómo garantizaría sus controles?
Entre las opciones están las asesorías de alto nivel y la consultoría al sector empresarial público y privado, a través de nuestras escuelas y posgrados. También los cursos de extensión y diplomados adaptados a la demanda del mercado laboral global, así como las alianzas internacionales para programas de doble titulación.
El control se garantizará exigiendo que todos los convenios pasen por la revisión jurídica y la aprobación del Consejo de Núcleo, y continúen hasta las instancias superiores de la universidad. Además, deberán quedar registrados en la plataforma digital unificada.
Si resulta elegido vicerrector, ¿qué haría primero para convertir su propuesta de cambio en cuentas claras?
Lo primero sería proponer cambios en los reglamentos del Consejo de Núcleo y en los reglamentos orgánicos de las diferentes dependencias.
A partir de allí se realizaría una auditoría integral, independiente si es posible, en todas las dependencias administrativas del núcleo. También plantearíamos decretar una emergencia digital para iniciar el censo técnico que nos permita construir la plataforma de simplificación de trámites en los primeros cien días.
El otro candidato al vicerrectorado, actual decano encargado, asegura que usted es un político que no entiende la universidad y que sus propuestas no son viables. ¿Qué responde a esos señalamientos?
Sus declaraciones reflejan el discurso de una gestión que se acostumbró a la inercia durante dieciocho años.
La universidad actual se está muriendo por falta de gerencia moderna. Mantener las cosas como están es una idea fracasada, sin visión de futuro.
Por el contrario, las propuestas que presentamos nosotros son viables y urgentes. Son el camino para la reinstitucionalización de la ULA Táchira.
Queremos ser nuevamente una universidad de vanguardia. Estamos convencidos de que es posible cambiar la universidad. No estamos improvisando. Hemos diseñado en equipo nuestras propuestas, y creemos en nuestros profesores, empleados y alumnos para llevarlas a cabo juntos. Prensa Unidos por el Cambio / CNP 12491.
21-10-2026
