Frente a los actos caóticos de cierre de avenidas y accesos a facultades, quema de cauchos en la ciudad de Mérida, además de las acusaciones contra las autoridades de la Universidad de Los Andes, que hace un grupo de obreros de exeventuales, a razón de salarios que no perciben desde hace varios meses, el rector Mario Bonucci informó a la ciudadanía afectada sobre la verdad de esta situación.
El rector ratificó que Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria, desde el mes de junio hasta diciembre de 2012, de forma directa hizo efectivo depósitos por concepto de salario a estas personas, en cuentas personales en una entidad financiera, así como el pago del bono de alimentación (cesta ticket) a través de abonos en tarjetas electrónicas.
En este caso, quién fungió como operador y responsable de estos trámites fue el Sindicato de Obreros de la Universidad de Los Andes (SOULA), creando con ello expectativas de derechos.
“Por lo que apreciamos ahora, el Ministerio no siguió pagando a estas personas, quienes no pertenecen a la universidad conforme a la Ley. Al respecto, es conveniente señalar que ni el Rector, ni la Universidad han contraído deuda alguna. De hecho, tanto el Rector como el Consejo Universitario han enviado reiteradas circulares advirtiendo a los cuentadantes que sólo pueden trabajar en sus dependencias los trabajadores que hayan ingresado conforme a la Ley y mediante el respectivo Decreto” dijo.
En este sentido, la autoridad aseveró que no cabe la menor duda de que el CU, como máxima instancia administrativa de la institución, está obligado a implementar controles que redunden en una sana gestión universitaria. La misma debe traducirse en una efectiva, eficiente y eficaz administración del recurso humano, a la luz del principio de funcionamiento planificado y control de la gestión, además del principio de legalidad que debe revestir todo acto administrativo en nuestra institución.
Refirió que es forzoso concluir que la Universidad de Los Andes no tiene responsabilidad alguna en el reclamo que formula este grupo de personas.
“Como hemos señalado anteriormente es el Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria, el órgano que viene asumiendo la cualidad de patrono de los reclamantes. No obstante, de acuerdo con lo que hemos expresado de manera reiterada, apenas el Ministerio nos envíe los recursos recurrentes, estaremos haciendo los decretos de ingreso correspondiente” acotó.
El CU aprobó por unanimidad emitir un comunicado que aclara ante la ciudadanía lo concerniente a este grupo de obreros que recibían pagos directamente de la Opsu y que libra a la universidad de acusaciones malsanas, que solo intentan desviar el nombre de los verdaderos responsables de tan lamentable realidad.
Danilo Figueroa/Prensa ULA
