El cambio climático en Venezuela no llegará como un golpe aislado, sino como un amplificador de crisis previas. La expansión acelerada de la malaria y el dengue, el calor aguado en las ciudades y la exposición a eventos meteorológicos extremos exigen un sistema de vigilancia, infraestructura sanitaria y políticas de prevención capaces de anticiparse a esos riesgos, pero el país todavía no cuenta con una estructura institucional suficientemente desarrollada para organizar esa respuesta.
La dificultad no es exclusiva de Venezuela. El informe 2026 de The Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, publicado una década después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, al cual el Estado venezolano está suscrito, advierte que los recursos destinados a proteger la salud frente al calentamiento global siguen muy por debajo de las necesidades. Sin embargo, para territorios como este, la brecha financiera se combina con la falta de instrumentos nacionales de planificación y de mecanismos que permitan convertir los diagnósticos científicos en políticas públicas, pues la adaptación requiere dinero, información, planificación y coordinación entre instituciones. Ninguna de esas piezas puede funcionar por separado.
Hace falta fortalecer los hospitales y ambulatorios para que puedan seguir funcionando durante eventos extremos, mejorar la vigilancia de enfermedades, contar con información meteorológica útil y disponer de personal capacitado para responder a nuevas amenazas. Sin recursos, los planes pueden quedarse en el papel.
El informe 2026, publicado el 28 de octubre, encontró que 48 de los 79 países que presentaron planes de adaptación con estimaciones de costos identificaron cuánto dinero necesitarían para proteger la salud de los efectos del cambio climático. En conjunto, calcularon que requerirían unos 3.300 millones de dólares anuales entre 2025 y 2030.
Sin embargo, durante 2024 se declararon apenas 1.100 millones de dólares en financiamiento internacional para proyectos de adaptación relacionados con la salud en esos países. Es decir, esos recursos no equivalían ni a un tercio de las necesidades que los propios gobiernos habían calculado. Y la distancia entre lo que se necesita y lo que se financia ocurre mientras los gobiernos siguen destinando grandes cantidades de recursos a sostener los combustibles fósiles.
The Lancet Countdown calcula que los subsidios netos a estos combustibles alcanzaron los 808.000 millones de dólares en 87 países analizados. El contraste expone la contradicción entre que mientras la economía continúa apoyando actividades que contribuyen al calentamiento global, la inversión para proteger a las personas de sus consecuencias sigue siendo insuficiente.
Venezuela, un país petrolero con firmas recientes de acuerdos petroleros millonarios, enfrenta ese problema desde una posición particularmente frágil, ya advertida en el l Segundo Reporte Académico de Cambio Climático (Dracc), desarrollado por la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 2025. Ahí se señala que el país necesita fortalecer su capacidad de adaptación y advierte que “el análisis de los datos históricos indica que las actuales medidas de adaptación no ofrecen la protección que el país necesita ahora y en el futuro”.
Pero no es solo eso, pues el sistema hospitalario venezolano arrastra años de devastación. Por lo que sería un esfuerzo doble.
«Abordar la crisis sanitaria de Venezuela exige una acción inmediata en múltiples ámbitos, aunque cada recomendación enfrenta barreras sustanciales. En primer lugar, es fundamental contar con una financiación mínima protegida de varios miles de millones de dólares al año para estabilizar los servicios de salud y prevenir un mayor colapso. Sin embargo, establecer mecanismos financieros transparentes en medio de una gobernanza disputada y una corrupción endémica plantea grandes desafíos. Los donantes podrían mostrarse reacios a comprometer recursos sin garantías de rendición de cuentas. En segundo lugar, es crucial restaurar el personal de salud del país», dice «El sistema de salud de Venezuela: cuando la fuerza se topa con la fragilidad», otro reporte de The Lancet publicado a inicios de año.
Aquí entonces la adaptación no consiste solamente en reaccionar cuando ocurre una emergencia. Requiere saber qué comunidades están más expuestas, cuáles enfermedades pueden aumentar, qué centros de salud necesitan refuerzos y cómo deben prepararse los servicios públicos ya con deficiencias profundas. Para eso se necesitan evaluaciones de riesgo, planes y presupuestos que permitan actuar antes de que los problemas se agraven.
El informe de The Lancet Countdown muestra que esa preparación todavía es limitada en el mundo. En 2025, apenas 56 de los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportaron tener un plan nacional para adaptar sus sistemas de salud al cambio climático. Una década antes eran solo 14. Además, 47 países dijeron haber realizado desde 2020 una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades climáticas para la salud.
Venezuela todavía no cuenta con un Plan Nacional de Adaptación registrado oficialmente ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así lo señala el seguimiento de las contribuciones climáticas de América Latina y el Caribe, que también indica que el país no ha presentado una estrategia de largo plazo registrada. Aunque actualizó en octubre de 2025 sus compromisos climáticos para 2030, eso no equivale a tener un plan de adaptación en marcha.
Hay otro dato que deja ver un poco las dificultades para conocer la vulnerabilidad del país: la actualización de la contribución climática venezolana señala que la información más reciente sobre análisis de vulnerabilidad procede de la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, publicada en 2005. Es decir, buena parte de la referencia oficial utilizada para entender qué tan expuesto está el territorio tiene más de dos décadas.
El propio reporte de la Aficman también advertía desde hace un año que Venezuela no cuenta con “una política nacional de cambio climático, una estrategia nacional de cambio climático ni un plan nacional de adaptación y mitigación. Tampoco tiene un presupuesto climático nacional ni un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero. Para Alicia Villamizar, miembro de la Academia y cocreeadora del documento, el país necesita mejorar su “arquitectura política, administrativa y operativa” para responder a sus compromisos climáticos.
En este punto, la coordinación entre instituciones también importa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantea que los ministerios de salud deben participar en los comités nacionales de cambio climático y trabajar junto con otros sectores para incorporar los riesgos sanitarios en las decisiones públicas. No basta con que el tema sea responsabilidad de una oficina ambiental, ya que la planificación debe involucrar a quienes gestionan hospitales, agua, saneamiento, alimentación, transporte y vigilancia epidemiológica.
En las Américas hay avances en esa dirección. Según la OPS, para enero 2026, 30 de los 35 países de la región cuentan con comités interministeriales que incorporan al sector salud. Otros 17 tienen mecanismos de coordinación con distintos actores para abordar asuntos como el agua, las enfermedades transmisibles y la calidad del aire. La adaptación, insiste la organización, necesita que las instituciones trabajen juntas.
Más calor, más enfermedades, menos capacidad de anticiparse
En Venezuela, las consecuencias sanitarias del cambio climático no son una amenaza que está de forma abstracta. El reporte de la Acfiman señala que el aumento de las temperaturas durante los períodos asociados al fenómeno El Niño ha contribuido parcialmente al incremento de la incidencia y frecuencia del dengue. En el caso de la malaria, los investigadores advierten que las zonas deforestadas se vuelven más calientes y pueden ofrecer condiciones favorables para la transmisión de la enfermedad.
En el sur del país, la deforestación asociada a la minería ilegal modifica las condiciones ambientales y eleva la temperatura de las áreas despejadas. El reporte de Acfiman advierte que esa degradación ha contribuido al aumento de la malaria en la región. No se trata, por tanto, de atribuir cada brote únicamente al cambio climático, sino de entender cómo el calentamiento puede agravar problemas que también dependen de la deforestación, las condiciones sanitarias y la capacidad de respuesta, o no, del Estado.
“Para los períodos 2070-2090, la malaria aumentará su época de transmisión anual (~2 meses) en tierras altas neotropicales, lo que aplicaría para la región andina venezolana. Asimismo, se incrementará el rango de distribución e importancia de la malaria y el dengue hacia las zonas altas andinas y las zonas rurales (dengue, chikungunya y Zika) de Venezuela”.
Estas son sólo proyecciones, no una descripción de lo que ocurrirá inevitablemente en cada comunidad. Mas sí sirven para mostrar por qué los sistemas de salud necesitan prepararse con anticipación, especialmente en territorios donde las condiciones ambientales y sociales pueden aumentar la exposición de la población.
Esa preparación depende, en buena medida, de contar con información oportuna. Saber cuándo se aproxima una ola de calor, dónde se esperan lluvias intensas o qué condiciones favorecen la proliferación de mosquitos puede ayudar a organizar campañas de prevención, reforzar centros asistenciales y alertar a las comunidades antes de que aumenten los casos.
El informe 2026 de The Lancet Countdown encontró que 149 de los 193 países miembros de la Organización Meteorológica Mundial reportaron ofrecer servicios de información climática al sector salud. Sin embargo, la existencia de esos servicios no garantiza por sí sola que la información llegue a los centros médicos o se convierta en medidas de prevención. También se necesita vigilancia epidemiológica que incorpore datos climáticos y sistemas de alerta temprana que permitan actuar a tiempo.
En Venezuela, esa conexión entre información meteorológica y sanitaria es una tarea pendiente. El médico Enrique López Loyo señala la importancia de que los profesionales de la salud expliquen a la población cómo el clima y la calidad del aire pueden afectar su bienestar, y de que promuevan medidas de protección ambiental. Pero esa labor necesita respaldo institucional, a través de boletines accesibles, datos actualizados y orientación clara para las comunidades.
El problema, entonces, no termina en la falta de financiamiento internacional ni en la ausencia de un plan nacional. También está en la capacidad de convertir la información disponible en decisiones concretas, en saber cómo identificar a las personas más vulnerables, prevenir brotes, preparar los servicios sanitarios y responder cuando ocurren eventos extremos.
El cambio climático no espera a que los gobiernos terminen de organizar sus instituciones. Mientras aumentan los riesgos para la salud, Venezuela sigue sin una planificación nacional de adaptación oficialmente registrada y con información de vulnerabilidad que necesita actualizarse. Prepararse implica invertir, coordinar y anticiparse, de lo contrario, cada brote, ola de calor o emergencia climática encontrará a la población más expuesta y a los servicios públicos con menos herramientas para protegerla.
31-10-2026
